Ayer, la CIDH reveló la falta de acceso a la justicia en México, la cual ha creado una situación de impunidad de carácter estructural que se refleja en graves violaciones a los derechos humanos.
Ciudad de México, 3 de octubre (SinEmbargo).– El Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, respaldó las observaciones presentadas ayer por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“La CIDH es una pieza clave en el Sistema Interamericano a la que acuden los más desprotegidos en nuestro Hemisferio, y por ello tiene mi apoyo” dijo Luis Almagro.
Este viernes, la CIDH informó que México vive una “grave crisis de derechos humanos”, caracterizada por una situación extrema de violencia, inseguridad, pobreza, tortura, ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada e impunidad.
Los hallazgos del organismo autónomo de la OEA fueron refutados por el Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaria de Gobernación, Roberto Campa Cifrán, quien sostuvo en una conferencia de prensa que las observaciones presentadas por la CIDH, luego de su visita a México, “no reflejan la situación general del país”.
En un comunicado, el Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, también destacó la apertura y transparencia demostrada por el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto.
Señaló que “un gobierno puede o no disentir con algunos de los hallazgos de la CIDH, lo importante es que la Comisión pueda trabajar con garantías, algo que México ha proporcionado en todo momento”.
Luis Almagro indicó que el Gobierno de México acordó seguir financiando las labores del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que fue designado por la CIDH para investigar la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa, México.
OBSERVACIONES DE LA CIDH
Desde el pasado lunes una delegación de la CIDH visitó la Ciudad de México, y los estados de Coahuila, Guerrero, Nuevo, León, Tabasco y Veracruz.
La delegación se reunió con autoridades del gobierno federal, entre ellas el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y la Procuradora General, Arely Gómez González; además sostuvieron mesas de trabajo con familiares de víctimas de violaciones a los derechos humanos en México, entre ellos los padres de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero.
Dialogaron además con legisladores, representantes de organizaciones civiles, y otras autoridades estatales y municipales.
La comisión estuvo encabezada por Rose-Marie Belle Antoine, e integrada por el primer vicepresidente, James Cavallaro, el Comisionado Felipe González y las comisionadas Tracy Robinson y Rosa María Ortiz, el Secretario Ejecutivo, Emilio Alvarez Icaza Longoria, la secretaria ejecutiva adjunta, Elizabeth Abi-Mershed y el Relator Especial para la Libertad de Expresión, Edison Lanza.
En el marco de su visita de cinco días, ayer la presidenta de la CIDH, Rose-Marie Belle Antoine, detalló que en México “[el efecto de esta violencia y las violaciones a los derechos fundamentales] es especialmente grave y desproporcionado sobre personas en situación de pobreza, las personas migrantes, solicitantes de asilo, refugiados y desplazados internos, mujeres, niños, niñas y adolescentes, defensoras y defensores de derechos humanos, periodistas, pueblos indígenas, personas lesbianas, gay, bisexuales y trans (LGBTI), entre otros”.
La funcionaria internacional advirtió además que la violencia contra familiares de víctimas, defensores y defensoras de derechos humanos y contra periodistas “es ejercida con el objetivo de silenciar las denuncias y el reclamo de verdad y justicia, y perpetuar la impunidad para las graves violaciones a los derechos humanos”.
Los representantes de la CIDH también detallaron que, de acuerdo con testimonios, “existen grandes demoras en la realización de un mínimo de diligencias” en casos de desaparición forzada.
La delegación indicó que durante su visita a México, en todos los estados a los que acudió, se reunió con víctimas, familiares y defensores, quienes describieron los obstáculos que han encontrado en su búsqueda de justicia y su desconfianza en las autoridades.
En sus observaciones, la CIDH destacó que la militarización de la seguridad ciudadana, atribuyendo a las fuerzas armadas roles que corresponden a las fuerzas policiales civiles, aunado a “la política de confrontación” contra el crimen organizado y el despliegue de operativos conjuntos entre las fuerzas armadas y las instituciones de seguridad estatales y municipales en distintas partes del país que, dijo, “ha resultado en un incremento de la violencia y de las violaciones a los derechos humanos, así como en mayores niveles de impunidad”.
En este sentido, consideró indispensable que el Gobierno federal presente un plan concreto y por escrito sobre el retiro gradual de estas tareas, que por su naturaleza corresponden a la policía civil.
