La administración de César Duarte Jáquez pasará a ser una de las más cuestionadas por el derroche, la opacidad y la corrupción. Durante su sexenio se hizo de un banco, que de acuerdo con denuncias, fue posible gracias a un subsidio público. El priista dejará la gubernatura con una deuda de 42 mil 762.1 millones de pesos, lo que la coloca como la segunda entidad más endeudada del país, de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sin embargo, el Gobernador electo Javier Corral Jurado, aseguró que esta cifra aumenta hasta los 50 mil 700 millones de pesos debido a los adeudos con diversos proveedores del estado.

Ciudad de México, 11 de julio (SinEmbargo).– César Duarte Jáquez dejará la gubernatura de Chihuahua con una deuda de 50 mil 700 millones de pesos. Su administración pasará a ser una de las más cuestionadas por la opacidad, el derroche y la corrupción. Durante su sexenio el priista se hizo de un banco, que de acuerdo con denuncias, fue posible gracias a un subsidio público.

De acuerdo con el documento Obligaciones financieras de entidades federativas, municipios y organismos, publicado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Chihuahua tiene una deuda por 42 mil 762 millones de pesos, pero la esta cifra aumenta a 50 mil 700 millones de pesos con el adeudo que tiene la entidad con proveedores.

El jueves pasado, el Gobernador electo de la entidad, Javier Corral Jurado, acompañado por el dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya Cortés, denunciaron que los actuales mandatarios Javier Duarte de Ochoa en Veracruz y César Duarte en Chihuahua están comprometiendo el futuro de los habitantes y las finanzas de ambas entidades con la contratación de nuevos adeudos y con el blindaje que buscan asegurarse.

El Gobernador electo de Chihuahua Javier Corral acusó que el nuevo endeudamiento que aprobaron el pasado miércoles los diputados del Congreso de Chihuahua, en su mayorías priistas, por 6 mil millones de pesos “compromete el futuro de los chihuahuenses y es además una decisión irresponsable del gobierno de César Duarte que empeña aún más las finanzas públicas de Chihuahua”.

El pasado 6 de julio, el Congreso de Chihuahua aprobó la nueva deuda con 23 votos a favor, ocho en contra y dos ausencias.

Los diputados de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Movimiento Ciudadano (MC) y Nueva Alianza (Panal) argumentaron que no se trataba de contratar más deuda pública sino de aprovechar los recursos por adelantado.

El Gobernador César Duarte también se ha posicionado en el mismo sentido al asegurar que su administración gestionó con el Gobierno federal este esquema de bursatilización de recursos y por lo que le correspondería darle uso.

Sin embargo, Corral Jurado declaró que este nuevo endeudamiento es para pagar los excesos, abusos, el despilfarro, el dispendio y la corrupción que se encuentra en una lista de proveedores.

Por ello, hizo un llamado a la Secretaría de Hacienda para que no avale el nuevo endeudamiento, e hizo una advertencia a las instituciones financieras que buscan participar en la burstilización a que piensen en las consecuencias.

“Quiero hacer un llamado de manera pública y pedirle a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que no avale esta operación, que aprobaron los diputados del Congreso local, y también quiero advertir a las instituciones financieras que van a participar en esta bursatilización para que piensen en las consecuencias que han repudiado los chihuahuenses”, dijo el panista.

También llamamos a los bancos para que no consumen este agravio, que afectará no solamente al pueblo de Chihuahua, sino que también puede poner en riesgo a sus propios socios. Porque en esta evolución de la deuda se ha dispuesto de dos empresas de participación estatal que tienen fallas legales, y violaciones que hacen nula la constitución de las mismas empresas”, reiteró.

El futuro Gobernador de Chihuahua aclaró que pese a que se le llamó bursatilización, “por supuesto que entra en el tema de la deuda pública y viene a comprometer de manera irresponsable los ingresos carreteros futuros hasta el año 2038”.

Este día, en entrevista con Grupo Fórmula, declaró que comprometer ingresos futuros por los siguientes 25 años es una forma de endeudar al estado.

“Es un ingreso que no tiene asegurado influjos ni se puede prever que se comportará de igual manera en el futuro”, aseveró en entrevista con Ciro Gómez Leyva.

Destacó que se está hablando de un fideicomiso carretero que le quita margen de maniobra a su Gobierno, sino a las futuras administraciones, porque han comprometido prácticamente la totalidad de los ingresos carreteros.

“Estos seis mil millones de pesos son para pagar un compromiso financiero de 2015 con Inbursa, quien ha sido muy privilegiada en términos de contratación de deuda con sobretasas de interés que duplican las tasas de cualquier institución financiera con la que haya contratado Chihuahua y muy por encima del promedio en el país”, explicó Corral Jurado.

El dirigente del PAN consideró que el Gobernador de Chihuahua “está comprometiendo ingresos del estado de Chihuahua por los próximo 20 años. Violando la Ley pidieron 6 mil millones de pesos adicionales a la inmensa deuda que ya carga el estado de Chihuahua”.

El Diputado panista, Gustavo Madero Muñoz, señaló que César Duarte es el campeón del endeudamiento y superó a Humberto Moreira Valdés en Coahuila.

“Moreira en Coahuila se volvió famoso porque llevó la deuda a los 40 mil millones de pesos, pero éste [César Duarte] ya va en 50 mil millones”, mencionó en entrevista para Grupo Fórmula.

También sostuvo que si la Secretaría de Hacienda es sensible al reclamo ciudadano puede detener la aprobación del aumento de hasta 6 mil millones de pesos a la deuda pública de Chihuahua.

De acuerdo con los indicadores de Organización México, ¿cómo vamos?, Chihuahua mantiene semáforos rojos en la productividad y deuda publica.

Cuando Duarte Jáquez llegó a la gubernatura, el 4 de octubre de 2010, la deuda estatal era de 12 mil 547 millones de pesos, para 2011 había crecido a 17 mil 316.6 millones, para el año siguiente cerró en 23 mil 284 millones de pesos, en 2013 dio el salto a 41 mil 768.2 millones de pesos, en 2014 llegó a los 41 mil 894.3 millones de pesos y en 2015 subió a 42 mil 762.1 millones de pesos, de acuerdo con las cifras de la misma SHCP.

En 2013, año en que se disparó la deuda, el Congreso del estado aprobó el proyecto del Gobernador para reestructurar el pasivo, que contemplaba adquirir un préstamo a 30 años por 25 mil millones de pesos para pagar y quedar con una sola deuda, además de la colocación en el mercado bursátil de certificados por hasta 5 mil millones de pesos.

Según el dictamen que se votó en el pleno, Duarte proponía mecanismos “innovadores” para el financiamiento de la deuda como la colocación de certificados bursátiles y la creación de fideicomisos.

De acuerdo con el “Saldo Histórico de Obligaciones Financieras de Entidades Federativas, Municipios y sus Organismos” de la SHCP, Chihuahua es el segundo estado más endeudado del país con una deuda de 42 mil 762.1 millones de pesos. El primer lugar lo ocupa Veracruz con 45 mil 879.8 millones de pesos.

La precariedad económica de un estado cuya principal fuente de empleos formales es la industria maquiladora, donde los obreros ganan dos salarios mínimos al día, es el elemento que destacan los analistas consultados por este medio digital al hablar de la descomposición social de Chihuahua.

DENUNCIAS DESDE ESPAÑA

En junio pasado, el abogado y activista Jaime García Chávez, informó que un juzgado español giró una orden de embargo en contra de las propiedades de César Duarte Jáquez, luego de que procediera una demanda de la empresa ACM.

ACM dijo a las autoridades españolas que el Gobernador del PRI, anteriormente acusado de corrupción, le intentó pagar con dinero público parte de un adeudo que asciende a 3 millones 760 mil 570 dólares.

De acuerdo con Transparencia Mexicana, César Duarte se negó hasta 2015 a hacer pública su Declaración Patrimonial.

Por orden del Juzgado de Primera Instancia número 8 de Murcia, España, representantes legales en México de la empresa Ángel Cano Martínez, Corporación Empresarial, S.L. (ACM), podrían ejecutar en cualquier momento el embargo de los bienes que Duarte Jáquez comparte con su esposa Bertha Olga Gómez Fong y que vienen enlistados en la resolución judicial.

Las propiedades enlistadas hablan de un político con un poder económico notable: el 15 por ciento de las acciones del Banco Progreso de Chihuahua, mediante contrato de Fideicomiso número 744743; la sociedad Unión de Crédito Progreso, S.A. de C.V.; Akala S.A. de C.V.S.F.P.; Única Casa de Cambio, S.A.; Hotel Soberano (hoy Sheraton); Hidroponia de Parral, S.A de C.V.; Industrial Parral Forestal, S.A. de C.V.; e Hidroponia de Chihuahua.

En el exhorto también están incluidos los saldos corrientes de la pareja, que se encuentran depositados en Banco Progreso de Chihuahua, Banco Santander, BBVA Bancomer. HSBC, Unión de Crédito Progreso, S.A. de C.V., Banorte, Akala Financiera, Scotiabank, Citibank, Banamex, Inbursa, Banco Azteca, Banco del Bajío, Banco Mercantil del Norte y Banco Regional de Monterrey.

La orden también abarca 37 propiedades e inmuebles, la mayoría ubicadas en Parral, Chihuahua; nueve en Balleza y otra localizada en Ciudad Juárez.

La empresa ACM, fabricante de invernaderos de cristal y plástico en España, procedió a demandar a Duarte por el supuesto de que la deuda de casi 4 millones de dólares se pretendió negociar parcialmente con el pago 2 millones de dólares sustraídos del erario de Chihuahua.

En una entrevista para SinEmbargo, García Chávez –quien puso al descubierto las acciones de Duarte en un banco de reciente creación– señaló que el enjuiciamiento que pide España va de la mano del escándalo que en México tiene la creación del Banco Unión Progreso.

“Es la comprobación del ejercicio del poder político coludido con intereses particulares en Chihuahua, para favorecer vía corrupción, la utilización de las instituciones para enriquecer a un grupo de gente del Estado que se han apoderado”, comentó.

EL BANCO DE DUARTE

En septiembre de 2014, el activista y miembro de la Unión Ciudadana, Jaime García Chávez, presentó una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República (PGR) y autoridades financieras a partir de una investigación formal ciudadana en la que acusaron a Duarte Jáquez, a funcionarios de la administración estatal y a otros con carácter de prestanombres, de participar en la creación del Banco Progreso de Chihuahua, SA de CV, y para ello haber desviado 65 millones de pesos de recursos públicos.

El Gobernador chihuahuense ha negado haber utilizado recursos públicos de manera indebida; sin embargo, Javier Corral Jurado asegura que César Duarte se hizo rico inexplicablemente, pues carece de alguna actividad empresarial económica que pueda justificar ese nivel de ingresos.

“El caso del Banco Progreso es sólo un caso, pero el más documentado. Lo que en realidad ha sucedido es que el Gobernador ha ido a un saqueo a las arcas del erario. Ha comprado una gran cantidad de ranchos en el estado en los últimos años, ha habido licitaciones amañadas y uso de información privilegiada, directamente y personeros”, ha revelado en varias ocasiones el Gobernador electo.

En abril de 2015, activistas, intelectuales y académicos anunciaron la integración de un grupo de observadores a nivel nacional para dar seguimiento a la denuncia penal que se tiene abierta en contra del Gobernador de Chihuahua por presunto enriquecimiento ilícito, peculado, y uso indebido de atribuciones y facultades.

A esta acción se han unido cientos de chihuahuenses, que han salido a las calles para manifestarse en contra de estas irregularidades; sin embargo, la represión por parte del gobierno se ha hecho presente en cada marcha, acusaron los miembros de la Unión Ciudadana. Un ejemplo, señalaron, sucedió el 26 de febrero de 2015 donde se registraron agresiones hacia los miembros de la organización.

El 14 de mayo de 2015, ciudadanos, activistas, académicos y senadores de la República denunciaron en la Cámara de Diputados la represión que ejerce el Gobernador de Chihuahua, hacia la organización Unión Ciudadana de Chihuahua.

LA INSEGURIDAD

Durante los últimos tres meses, creció la percepción de una mayor inseguridad en la ciudad de Chihuahua, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Publica Urbana correspondiente a junio, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), donde también se indica que hay un mayor atestiguamiento de la venta y consumo de drogas y alcohol en las calles.

De acuerdo con el Inegi, el 65.0 por ciento se dijo inseguro en la localidad, una cifra mayor en 3.3 puntos porcentuales a la de marzo pasado, que fue de 61.7.

Los datos de la encuesta indican que el 57.7 por ciento de los entrevistados atestiguo el consumo de alcohol en la vía publica, cifra superior a la registrada en marzo que fue de 56.9 por ciento.

Por lo que respecta a la venta o consumo de droga, lo atestiguó el 30.1 por ciento, cuando en marzo fue de 25.1 por ciento.

Un ex funcionario de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) y la Fiscalía de Chihuahua han confirmado que Rafael Caro Quintero regresó al negocio del narcotráfico y busca pelearle a Joaquín, “El Chapo” Guzmán el control de Ciudad Juárez y otras zonas de Chihuahua.

Tras ser liberado por un cuestionado fallo judicial, el legendario narcotraficante Rafael Caro Quintero aseguró que lo único que deseaba era estar en paz y no se supo más de él. Pero todo parece indicar que el capo estaría buscando regresar a sus viejos negocios.

Michael Vigil, ex jefe de Operaciones Internacionales de la DEA, dijo esta semana a The Associated Press que el Ejército mexicano tiene información de que Caro Quintero se ha aliado a miembros de lo que queda del Cártel de los hermanos Beltrán Leyva, en un intento de quitarle al Cártel de Sinaloa el control de la localidad fronteriza y otras zonas de Chihuahua.

El pasado 5 de julio, el Fiscal de Chihuahua, Jorge Enrique González Nicolás, informó que el narcotraficante Rafael Caro Quintero quiere disputarse la plaza en ese estado que hoy controla el Cártel de Sinaloa.

El titular de la Fiscalía dijo que de acuerdo con información de inteligencia militar que le fue proporcionada, Caro Quintero, aliado con el Cártel de los Beltrán Leyva, pretende llegar a la entidad para disputarse el control del punto de trasiego de drogas de Ciudad Juárez, por lo que se prevé un recrudecimiento de la violencia en la entidad.