Ciudad de México, 12 de febrero(SinEmbargo).– La Reforma Política en Chile busca obligar a los candidatos a presentar su declaración patrimonial previo a un proceso electoral, reducir los gastos de campaña, dotar al Servicio Electoral de atribuciones y funciones que le permitan una mejor fiscalización de los recursos, multar incluso con sanciones penales a quienes infrinjan alguna norma y eliminar que las empresas aporten dinero a las campañas y a los candidatos.

A unos días de que el Parlamento chileno aprobara esta nueva legislación en materia política, el Jefe de la División de Relaciones Públicas e Institucionales del Ministerio Secretaría General de la Presidencia del Gobierno de Chile, Gabriel de la Fuente Acuña, explicó que las medidas son con miras al fortalecimiento y transparencia de la democracia y “para que la política no sea capturada por el dinero o por ciertos grupos de interés y se sustraiga la voluntad soberana del pueblo que es la que tiene que manifestarse a través de la urna”.

“El proyecto pretende dar cuenta de somos capaces de nivelar la cancha para que todos los actores políticos puedan participar”, afirmó.

El funcionario chileno expuso que existe una suerte de consenso en su país, que dice que no es bueno para la democracia ni para su fortalecimiento que las empresas hagan donaciones a las campañas o a los partidos políticos, por lo que buscan evitar estas aportaciones que provienen de figuras jurídicas en las que puede ser uno o varios los involucrados.

“Como lo ha dicho la Presidenta [Michelle Bachelet]: [las empresas] ‘no votan, son las ciudadanas y los ciudadanos los que votan’, aseveró.

Aunado a esta acción, la Reforma Política plantea que los aportes a las campañas políticas y a los partidos políticos dejen una huella; es decir, que se siga el registro de las donaciones y el Servicio Electoral tenga la oportunidad de rastrear el camino del dinero para indagar y verificar si efectivamente el aporte que les aparece a ellos coincide.

Gabriel de la Acuña reconoció que en su país no ha habido evidencia de este tipo de ilícitos; sin embargo, comentó, “es un problema que están teniendo todas las democracias en el mundo”.

“Todas las sociedades que viven en mayor o menor medida el flagelo de la intervención del ‘dinero negro’, [sabemos] que es muy difícil seguirles la huella, pero es precisamente responsabilidad de nuestro gobierno y de nuestras sociedades buscar los modos de impedir que eso ocurra porque al final lo […] se va degradando la sociedad política y quien termina más perjudicado son los más pobres, los que necesitan del Estado y los que necesitan de un sistema político más robusto”, afirmó.

Sobre el límite de gasto electoral, De la Fuente Acuña detalló que en Chile los límites del gasto electoral son muy altos y los están bajando a la mitad, para que el costo sea más adecuado y esté más vinculado con la realidad.

“La democracia necesita recursos, no podemos pensar que fortalecer la democracia es gratis y tenemos que entender que todos tenemos que hacer una contribución a aquello, en la medida que haya más democracia que se fortalezca las instituciones, que se fortalezca el sistema político vamos a tener un mejor país y eso requiere de financiamiento”, mencionó.

Añadió que hay que poner límites, control, transparencia, sanciones sin lugar duda, “pero la democracia no es gratis, necesita de recursos, no solamente financieros, no solamente económicos sino de fundamentalmente de voluntades y de conciencias y de personas que estén dispuestas a no sentirse al margen del sistema político”.

La Reforma Política en Chile llega a 25 años de la dictadura de Augusto Pinochet, que dejó un sistema electoral –llamado binominal– para asegurar el peso en el Congreso de los partidos conservadores.

Con el nuevo sistema se abre las puertas a nuevas fuerzas, se aumentan los escaños en el Parlamento, 12 para senadores y 35 en los diputados (serán 50 senadores y 155 diputados en total), establece además que al menos un 40 por ciento de los candidatos deben ser mujeres; además se aprobó una norma que permite que en las elecciones de diputados y senadores, al interior de cada pacto electoral, los partidos políticos puedan asociarse con candidatos independientes.

La Presidenta Michelle Bachelet dijo que la aprobación por el Senado del fin del sistema electoral binominal heredado de la dictadura de Augusto Pinochet es un “avance enorme”, mientras la oposición de derecha opinó que será perjudicial para la democracia.

FORTALECIMIENTO DE LA TRANSPARENCIA

–Por ejemplo, en una crisis de representación como la que vivimos, lo que plantea la Reforma Política en Chile, es abrir espacios para más fuerzas políticas, ¿por qué hacerlo cuando hemos visto que en otros ejemplos no ha funcionado tal cual?

–Lo que ocurre en Chile es que durante 25 años tuvimos un sistema electoral de carácter binominal y mayoritario que de alguna manera impedía el acceso de fuerzas políticas importantes con mucha tradición política en el país, pero que por distintas circunstancias no tenían la envergadura suficiente como para poder romper esa barrera que establecía ese sistema electoral y poder tener representación en el Parlamento. Lo que hemos hecho con la reciente reforma a ese sistema electoral para mutar ese sistema binominal o sistema proporcional es precisamente ampliar la posibilidad de que fuerzas de larga tradición política en Chile, pero que por distintas circunstancias no son lo suficientemente poderosas que puedan acceder también al dialogo democrático que se establece dentro de un Parlamento y ser también participe y corresponsables también del destino del país, a través de las instituciones.

Ese es el sentido, eso no obsta ni es contradictorio con el fortalecimiento del sistema de partidos políticos, muy por el contrario, en la medida en la que los partidos políticos tienen una representación adecuada en el Parlamento uno construye una estructura política con más musculatura que permite llevar adelante cada uno de los desafíos que tienen cada una de las sociedades.

–De alguna manera todo funciona para combatir la corrupción; en el caso de México hemos visto que candidatos terminan siendo inculpados. Chile siguió un modelo de transparencia que México no ha podido alcanzar, pese a que llevan más de 15 de años adelantado, ¿qué está haciendo Chile que México no?

–No lo sé. Lo que puedo señalar es a propósito de la experiencia nuestra es que en términos de transparencia nosotros hemos podido avanzar porque nosotros tenemos circunstancias históricas que lo permitieron, siempre hay algún tema algún caso que abre una oportunidad para poder hacer modificaciones sustantivas. En Chile ocurrió así fue fruto de mociones parlamentarias que se propusieron hacer modificaciones sustantivas en esta materia no sólo de transparencia activa sino de transparencia pasiva de todos los organismos públicos sino que también en el acceso a la información pública de los ciudadanos. Hoy en día en Chile tenemos esos dos competentes transparencia activa por un lado y también el acceso a la información pública que tienen todos los ciudadanos y ciudadanas del país y que pueden exigir a las autoridades públicas la información que necesiten so pena de penas administrativas y pecunarias para los funcionarios públicos que no lo logren.

Ahora, así como nosotros avanzamos rápidamente en esa materia, pero México no. México tienen más avanzadas en otras materias nosotros recién estamos dando los primeros pasos, tiene que ver con la realidad políticas de cada una de las políticas de cada una de las naciones y cómo su sistema político va dando cuenta de esa realidad.

–Está hablando de que ustedes están haciendo un blindaje anterior para las elecciones, están tratando de que se fiscalice y plantean un proceso en el que se le siga al dinero, en México hemos tenido casos en los que son sanciones económicas, ¿esto tienen que ver con la impunidad?

–Cada país va viendo en la medida de su propio desarrollo cuáles son los sistemas que va estableciendo. En el caso de Chile, las sanciones hoy en día en materia de financiamiento o de la campaña y de la vulneración de esas normas son pecunarias no existen otras y vamos a avanzar hacia sanciones penales, pero eso está vinculado al desarrollo precisamente de las instituciones y de cómo ha ido evolucionando el sistema. Que hoy en día lo podamos hacer en buena medida fue porque efectivamente podemos fortalecer más nuestras instituciones más la transparencia y control y si antes no lo pudimos hacer es porque en ese minuto político determinado histórico eran las condiciones que teníamos y hasta ahí pudimos avanzar. Hoy en día podemos avanzar otro poquito más en ese fortalecimiento y es lo que pretendemos.