Ciudad de México, 15 de enero (SinEmbargo).– Hoy se cumplen dos meses de que una acusación por el presunto robo de 500 pesos, con la agravante de que fue contra un elemento de la Policía Federal (PF), mantiene presos a Jacqueline Selene Santana López, estudiante  universitaria de 22 años, y Bryan Reyes Rodríguez, músico de 28 años.

El 15 de noviembre de 2014 comenzó para Jacqueline y Bryan un inesperado proceso jurídico, por un hecho que ellos, sus familiares y abogados defensores, consideran una “fabricación” del delito, con el que se habría tratado de encubrir un supuesto intento de secuestro por parte de los policías federales.

“Es prácticamente un infierno”, resume la madre de Jacqueline, María de la Luz López Pérez, lo que han sido estos dos meses con su única hija en la cárcel. “Porque ella no merece estar ahí”, afirma.

Jacqueline estudia el noveno semestre de la licenciatura en Economía en la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Es una alumna de excelencia, cuyas calificaciones no bajan de un promedio de 9.2. Su buen desempeño incluso le mereció una beca para irse a Colombia de intercambio académico. Regresó el pasado junio, con una nota en sus estudios de 9.3.

“Es una niña dedicada a estudiar”, dice su madre.

Pero Jacqueline es también una chica a la que le gusta ayudar a los demás, que apoya a la gente y es solidaria con las causas sociales. Apoyó el movimiento estudiantil #YoSoy132 y antes de su detención había participado en las protestas y acciones de apoyo con las familias de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.

Ese activismo social es lo que su madre, sus abogados y ella misma han sopesado como la explicación posible ante una detención que se habría hecho ilegal y arbitrariamente, y un proceso jurídico plagado de inconsistencias, según han denunciado los defensores de los jóvenes.

En el caso de Bryan, se suma el hecho de que él fue uno de los detenidos del 1 de diciembre de 2012, durante las protestas por la toma de posesión del Presidente Enrique Peña Nieto. Fue sentenciado a dos años y medio de prisión, pero salió libre bajo caución en diciembre de 2013.

La intención de la detención del 15 de noviembre, consideran, sería criminalizarlos por su activismo, como le ocurrió a al menos una veintena de personas en el Distrito Federal el año pasado, quienes fueron detenidas arbitrariamente al término de las manifestaciones por los normalistas de Ayotzinapa. Todos fueron finalmente liberados, la mayoría absueltos al no poderse probar las acusaciones que se les hacían.

Pero en el caso de Jacqueline y Bryan, su novio, la situación ha sido distinta.

Para empezar porque la pareja no fue detenida en un contexto de movilización, sino cuando salían de casa de Bryan, en la Delegación Venustiano Carranza, rumbo al mercado de La Merced.

Además, quienes los detuvieron no fueron policías auxiliares, sino policías federales vestidos de civil, integrantes de la Coordinación de Operaciones Encubiertas, de la Dirección de Inteligencia de la Policía Federal.

De acuerdo con lo que Jacqueline ha declarado, personas vestidas de civil los detuvieron entre la avenida Francisco del Paso y Troncoso y la avenida Fray Servando, en la colonia Jardín Balbuena de la Delegación Venustiano Carranza.

Según la joven, cuatro mujeres –ninguna con uniforme de policía– le cerraron el paso para detenerla, mientras que unos ocho sujetos, también vestidos como civiles, hacían lo mismo con Bryan.

Él gritó pidiendo auxilio, creyendo que los estaban secuestrando. Cuando Jacqueline intentó acercarse a su novio para ayudarle, uno de los hombres que lo retenían la jaló del cabello y le gritó: “¡Quítate perra, que a ti también te va a tocar!”.

Bryan fue subido a la fuerza a un automóvil color blanco modelo Chevy; ella, a un taxi del Distrito Federal, con sus distintivos colores guinda y dorado. A ambos, los encañonaron con armas de fuego, según ha relatado.

Y así, sin identificarse como policías ni mostrarles una orden de aprehensión ni viajar en vehículos oficiales, los agentes los retuvieron, de acuerdo con la versión de Jacqueline. De ahí que ella, su familia y abogados sostengan que se trató de un intento de desaparición forzada.

Si la supuesta operación de desaparición se frustró fue porque un policía preventivo capitalino interceptó a los vehículos en los que los jóvenes eran trasladados. Los policías federales se identificaron y pudieron continuar su camino; pero luego otro agente policial detuvo el taxi donde llevaban a Jacqueline. Nuevamente, los policías federales tuvieron que dar explicaciones sobre quiénes eran.

Identificados, a los policías no les quedó más remedio que justificar la  retención de los jóvenes y remitirlos a la Agencia del Ministerio Público de la Delegación Venustiano Carranza.

Pero al llegar ahí los policías Luis Alberto Castillo Gordillo y José Montiel González ofrecieron una versión totalmente distinta de lo ocurrido, según la cual los dos jóvenes, sendos cuchillos en mano, asaltaron a la policía federal Lidia Zárate Herrera. Los tres agentes están adscritos a la Coordinación de Operaciones Encubiertas, en la División de Inteligencia de la Policía Federal.

Según los policías-testigos, los muchachos robaron a Zárate Herrera 500 pesos.

Los testimonios de Zárate Herrera, Castillo Gordillo y Montiel González, los cuchillos y los 500 pesos son los únicos elementos que sostienen la acusación contra Jacqueline y Bryan, de acuerdo con uno de sus abogados defensores, Jorge Miranda.

IRREGULARIDADES Y OMISIONES

Desde que se difundió la detención de Jacqueline y Bryan, los jóvenes han denunciado que se les está tratando de fabricar un delito que no cometieron.

Si bien quien se encargará de dictaminar quién tiene la verdad jurídica es el juez que lleva la causa, la madre de Jacqueline y el abogado Miranda señalan, en entrevistas por separado, elementos que consideran como irregularidades en el proceso judicial que se les sigue a los jóvenes.

La señora López Pérez dice que Jacqueline y Bryan fueron detenidos alrededor de las 14:30 horas, pero su hija se comunicó con ella hasta las 19 horas. Y cuando lo hizo, la joven aún desconocía la razón de su detención, según le dijo. Sería hasta las 20:30 horas, cuando les habrían comunicado a los jóvenes que estaban acusados de robo agravado contra una autoridad.

Los jóvenes, agrega, fueron golpeados.

“A mi hija, cuando yo la vi ese día que me avisó, tenía los brazos todos morados [y] las piernas, tenía moretones en las piernas, tenía golpes en la espalda, tenía golpes en la cara”, narra la mujer de 42 años.

Los jóvenes hicieron su declaración hasta el día siguiente. Bryan fue primero, al mediodía. A las 14 horas llegó el turno a Jacqueline; terminó dos horas más tarde, relata su madre.

Transcurrieron entre 30 minutos y una hora, tiempo en el que sus familiares y abogados esperaban a que el juez desahogara las pruebas aportadas por los defensores, antes de que les informaran que los muchachos habían sido consignados y trasladados a centros de reclusión. Jacqueline fue llevada al Centro Femenil de Readaptación Social Santa Martha Acatitla; Bryan, al Reclusorio Norte. El traslado se hizo 20 horas antes de que venciera el plazo legal (que había sido extendido) para efectuar la consignación.

El 22 de noviembre de 2014, el Juez 39 Penal dictó auto de formal prisión a los jóvenes. El abogado Miranda, integrante de la Liga de Abogados 1º de Diciembre, dice que el juzgador no valoró como prueba un video en el que aparecen los automóviles en los que los jóvenes refieren haber sido subidos por los policías vestidos de civil.

Además, según Miranda, un dictamen pericial en dactiloscopía de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal corrobora que no existen huellas de Jacqueline y Bryan en los cuchillos con los que presuntamente asaltaron a la policía. Mas ese dictamen, dice el abogado, tampoco fue tomado en cuenta por el juez.

Tras haber dictado el auto de formal prisión a los jóvenes, el Juez 39 Penal se declaró incompetente, arguyendo que se trataba de un caso que involucraba a una autoridad del fuero federal. El caso recayó en el Juez 13 de Distrito de Procesos Penales Federales, quien convalidó las acciones del Juez 39 Penal y ratificó el auto de formal prisión el 15 de diciembre, explica Miranda.

Por las omisiones del Juez 39 Penal y por la convalidación del Juez 13, la defensa de Jacqueline y Bryan presentó sendos amparos, que están en proceso.

DOS MESES… Y LO QUE FALTA

El abogado Miranda, quien también defendió a personas que fueron detenidas arbitrariamente el 1 de diciembre de 2012, se muestra confiado en que con las pruebas que han presentado y las que aportarán serán favorables para Jacqueline y Bryan.

Sin embargo estima que el proceso judicial aún demorará entre dos y seis meses, tiempo durante el cual Jacqueline y Bryan continuarían en la cárcel, si no se concede el amparo contra el auto de formal prisión dictado por el juez.

Para la madre de Jacqueline, quien visita a su hija una vez por semana, el encierro implica no sólo una carga anímica sino también económica, pues cada visita implica gastar en pasajes para los traslados, en la comida vegetariana que le prepara a Jacqueline, en las tarjetas telefónicas que le compra para que se comunique desde la cárcel, en el dinero que le deja cada vez que la ve. Procura llevarle todo lo que su hija necesita, para hacerle más llevadero el encierro, dice.

Aunque ella no puede ir más que una vez por semana, los otros días de visita acuden a ver a Jacqueline sus amigos y compañeros de la escuela. Ellos han sido un importante apoyo para la familia, dice López Pérez.

Desde que se difundió la noticia de su detención, sus compañeros mostraron su respaldo a la joven estudiante. Incluso cerraron la Facultad en protesta por su detención, días después de ocurrida.

En redes sociales también hay personas que se han solidarizado con Jacqueline y Bryan y mantienen presente la exigencia de que sean liberados. Fotos de ellos, acompañadas de breves semblanzas que destacan su activismo social, también han sido ampliamente difundidas y compartidas. En algunas marchas, esas imágenes también han aparecido.

Pero en el encierro, los días empiezan a ser desesperantes para Jacqueline, cuenta su madre. No obstante, dice, ella se mantiene “con mucha fuerza, con mucha fortaleza para enfrentar toda esta situación, ya que el gobierno se está encargando de tenerla ahí injustificadamente”.

Algo que le ha pesado a la joven es estar en un ambiente lleno de violencia, de la que es enemiga. Afuera, la señora López Pérez habla de lo que más le pesa a ella de esta situación. Dice que lo que más extraña de Jacqueline es su forma de ser. Es de las personas que se la pasa haciendo bromas, ilustra.

“Ella es una persona muy dicharachera, que siempre está haciendo bromas, siempre está jugando. Se extraña todo eso…se extraña verla ahí sentada haciendo tarea, estudiando [diciendo]: ‘No me hagan ruido, déjenme en paz’”, dice su madre rememorando los momentos cotidianos con su hija que desde hace dos meses no existen.