Por Shaila Rosagel, David Martínez Huerta y Fernanda García
Ciudad de México, 15 de julio (SinEmbargo).– Legisladores de los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), así como representantes partidistas, exigieron al gobierno federal una explicación al por qué la española OHL ha recibido, en apenas un año y medio de administración federal, concesiones por más de 40 mil millones de pesos, monto que cuadruplica el recibido por las tres grandes constructoras mexicanas.
La constructora española ha recibido contratos por 41 mil 594 millones de pesos. ICA, Tradeco y Carso suman, en conjunto, proyectos por 9 mil 412 millones de pesos en 18 meses de gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto.
OHL ha enfrentado, al menos desde 2011, una serie de controversias con ejidatarios e incluso con gobiernos locales por presuntos engaño y amparos para evitar la ejecución de proyectos. También ha protagonizado conflictos con empresas mexicanas como Teléfonos de México (Telmex): en diciembre de 2011, cuando realizaba obras en el Segundo Piso del Periférico en la Ciudad de México, la compañía de Carlos Slim Helú la denunció por ocasionar cortes a la fibra óptica.
Telmex acusó que OHL no respetó la señalización con la que contaba la red; que no informó sobre los cortes que realizó y además cubrió con láminas los daños que ocasionó, lo que provocó que la búsqueda de las rupturas fuera más difícil. Al final, Telmex tuvo que resarcir los daños a los clientes en el Distrito Federal por un monto de 450 millones de pesos.
El diario Reforma publicó ayer que en sólo año y medio, la empresa española, propiedad de Juan Miguel Villamil y que en México preside José Andrés de Oteyza, ex Secretario de Patrimonio y Fomento Industrial en el gobierno de José López Portillo (1976-1982), suma siete contratos por 41 mil 594 millones de pesos, incluido uno de 10 mil millones con el Gobierno de Puebla facilitado por el Ejecutivo.
Actualmente, la constructora tiene como director general a Sergio Hidalgo Monroy Portillo, ex director del ISSSTE en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa y ex funcionario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), donde fue Oficial Mayor.
En contraparte, los contratos de tres de las principales constructoras mexicanas ICA, Tradeco y Carso suman, en conjunto, 9 mil 412 millones de pesos en el mismo periodo.
“No tenemos ningún comentario”, dijo Tatiana González, vocera de Tradeco, a SinEmbargo, mientras que voceros de otras constructoras nacionales como Grupo Hermes, propiedad del empresario mexiquense Carlos Hank González, expusieron que en estos momentos no podían otorgar entrevistas.
Apenas el 23 de junio pasado se dio a conocer que OHL y Hermes ganaron el contrato para la construcción del primer tramo del Tren Interurbano México-Toluca, por un monto de 10 mil 148 millones de pesos. De acuerdo con el acta del fallo publicada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), la propuesta de las empresas La Peninsular, filial de la mexicana Hermes, y Constructora de Proyectos Viales de México, filial de la española OHL, fue la que resultó solvente en términos económicos, técnicos y legales.
Por otra parte, en las cámaras Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) y en de la Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), así como en el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), no hubo tampoco voceros disponibles para comentar sobre el tema.
Ante las obras adjudicadas a la española, Eloí Vázquez López, comisionado político del Partido de la Revolución Democrática (PRD), pidió que se abriera una investigación ante la sospecha de que grupos políticos podrían estarse viendo beneficiados por la relación del gobierno federal de la empresa toda vez que altos funcionarios y ex funcionarios priistas como el actual director de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya Austin, Mario Beauregard, actual director de Finanzas de la paraestatal, así como Carlos Ruiz Sacristán, ex Secretario de Comunicaciones y Transportes y Jesús Reyes Heroles González Garza, ex director de Pemex.
“El Congreso de la Unión debe investigar cómo se adjudicaron estos contratos, por los montos seguramente fue a través de una licitación pública internacional. Lo que yo veo es que hay en la administración de [Enrique] Peña Nieto, un interés por beneficiar a las empresas trasnacionales, sobre las mexicanas. Este modelo debe analizarse porque es el mismo que se aplicará ahora con la Reforma Energética: [Emilio] Lozoya podrá adjudicarle contratos en Pemex a sus amigos”, expuso.
Alejandro Sánchez Camacho, secretario general del PRD, coincidió con Eloí y aseguró que en la redacción de las leyes secundarias de la Reforma Energética, no existe ninguna medida para evitar el contratismo y el tráfico de influencias.
“Todo implica que hay tráfico de influencias, una característica de corrupción del priismo, y con la Reforma Energética, lo único que pasará es que se agravará la corrupción en el país”, dijo.
Por su parte, el Senador Salvador Vega Casillas, del Partido Acción Nacional (PAN), sostuvo que el gobierno federal debe explicar con toda claridad las circunstancias en las que se realizaron las licitaciones a OHL México y precisar cómo se hicieron las asignaciones y argumentar las razones para favorecer de esa manera a una sola empresa.
“La Secretaría de la Función Pública debería hacer una revisión de estos casos. Si bien es cierto que no se habla, por lo menos no tengo yo alguna referencia de que se trate de un tema de corrupción, sí se observa favoritismo”, dijo el secretario de la Comisión de Energía del Senado de la República, en entrevista para SinEmbargo.
En momentos en que se discute la legislación secundaria en materia energética, la cual pretende poner a competir a las nuevas empresas productivas del Estado, Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), frente a empresas de la iniciativa privada, el legislador exigió una explicación satisfactoria del “favoritismo” a empresas ligadas con funcionarios y ex funcionarios priistas.
“Por supuesto, siempre mueve a la suspicacia el hecho de que empresas estén vinculadas con la política. Y sobre todo cuando esta empresa ha ganado tantos contratos”, dijo el legislador.
Quien fuera Secretario de la Función Pública durante el sexenio del Presidente Felipe Calderón Hinojosa exigió una “explicación muy clara del gobierno federal”, para conocer qué es lo que ha pasado con estos contratos, principalmente por la cantidad de los mismos y los montos con los que se han “favorecido” a un empresa en particular.
“Sobre todo, los [funcionarios de Pemex] que entregaron los contratos son los obligados a entregar las explicaciones de por qué fueron así esas licitaciones y por qué se entregaron de esa manera”, detalló el Senador panista.
HISTORIA LIGADA AL EDOMEX
OHL México, SAB de CV, inició su actividad en México desde 2002 y desde entonces se ha consolidado como una de las principales operadoras de infraestructura de transporte en el país, liderando su sector en el área metropolitana de la Ciudad de México, tanto por el número de concesiones asignadas como por los kilómetros de autopistas administradas. Actualmente construye, administra, opera y mantiene seis autopistas de peaje y el Aeropuerto de Toluca.
Las carreteras se localizan en las zonas urbanas con mayor tráfico de vehículos en el Distrito Federal, el Estado de México y Puebla, los cuales reúnen el 27 por ciento de la población nacional, generaron conjuntamente en 2010 el 31.2 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional y concentran el 25 por ciento del número total de vehículos en México, que asciende a 7.4 millones, según su página corporativa.
En el sector aeroportuario participa en la gestión integral del segundo mayor aeropuerto que da servicio a la zona metropolitana de la capital mexicana.
Sin embargo, así como se han multiplicado sus negocios también lo han hecho las quejas en su contra.
En el Estado de México, según su página corporativa, tiene concesionados el Viaducto Elevado Bicentenario, el aeropuerto, la autopista elevada norte y la autopista Atizapan-Atlacomulco. Dichas obras le fueron otorgadas durante las administraciones de Arturo Montiel Rojas (1999-2005) y Enrique Peña Nieto (2005-2011).
También está a cargo del primer tramo del Tren México-Toluca en conjunto con La Peninsular, de Carlos Hank Rhon.
Conmex (Concesionaria Mexiquense SA de CV), filial mexicana de la constructora española OHL, se adjudicó en el 2003 la concesión a 30 años para construir, operar y cobrar peaje en la circunvalación del Distrito Federal (DF). La autopista, conocida como Circuito Exterior Mexiquense, tendrá 155 kilómetros y atraviesa la zona nororiental del DF.
En marzo pasado ejidatarios de Tultepec, en el Estado de México informaron que interpusieron una demanda penal por los delitos de fraude y despojo en contra de directivos de las empresas española OHL y Conmex, y de funcionarios del Sistema de Aeropuertos, Autopistas y Servicios Conexos (Saascaem) ante la Procuraduría del Estado de México (PGJE).
Campesinos detallaron que en la carpeta de investigación que fue abierta explicaron que desde 2006 sus campos fueron invadidos para construir la Autopista Circuito Exterior Mexiquense, por lo que pidieron a las autoridades mexiquenses el pago de sus tierras.
Sin embargo estos “tropiezos” de la empresa constructora, no son los únicos. En junio de 2012, cuatro puentes peatonales en Periférico Norte, que fueron derribados para la construcción de la autopista urbana de cuota en Periférico, cuestión que fue atribuida a la empresa que operó en el estado mexiquense.
En aquel momento, Guillermo Valdés García, quien tomó protesta como nuevo dirigente de Colonos de Ciudad Satélite junto con varios vecinos se quejaron por el caos y destrozos que dejó OHL en Periférico Norte.
La entonces Martha Vergara Vázquez, comisionada en vialidad del Edomex, exhortó a que el Secretario de Comunicaciones de esta entidad, Apolinar Mena Vargas, el director de la Junta de Caminos, Arturo Lugo Peña y la empresa española OHL, cumplieran con el compromiso pendiente de reparar los hoyos que quedan bajo láminas de acero de esa zona del Periférico.
En Puebla, el gobierno ganó el litigio levantado en contra de la empresa OHL a la que se le negó en forma definitiva un amparo contra la declaratoria de rescate que hizo la administración local del proyecto carretero Libramiento Norte, que correría paralelo a la autopista Puebla-México desde los municipios de Amozoc hasta San Miguel Xoxtla, en mayo de 2012, y el cual representaba una inversión de 246 millones de dólares para la firma ibérica.
EL CASO PUEBLA
La administración encabezada por Rafael Moreno Valle Rosas decidió el 10 de mayo de 2012 rescatar la concesión de este libramiento, debido a que su antecesor, el priista Mario Marín Torres, otorgó la ejecución a OHL el 7 de marzo del 2008, sin licitación de por medio.
En lugar de ese proyecto, el gobierno poblano planeó hacer un segundo piso de la autopista México-Puebla, que tendría un costo de mil 200 millones de pesos, cuya obra dejó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes federal para su análisis, pero tampoco se avanzó en los estudios, ni hubo montos ni fecha de arranque.
Durante el año y medio que duró el proceso legal, la constructora tramitó un amparo en septiembre del 2012 contra el retiro de la concesión.
Al respecto, el presidente del Consejo de Organismos Empresariales (COE), Sergio Curro y Martínez, avaló el fallo que obtuvo el gobierno poblano, ya que hubo los argumentos legales contra la decisión que se tomó por las autoridades para entregarse una obra sin ser concursada.
Por su parte, el académico en Ciencias Sociales de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), Francisco Vélez Pliego, consideró que OHL desde un principio no pudo sacar a flote su proyecto, ya que hubo total rechazo de los ejidatarios para vender sus tierras, lo que dio origen al movimiento Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua.
Comentó que la empresa española ni siquiera pudo lograr el derecho de vía en cuatro años, debido a que los campesinos acusaron recibir intimidaciones para obligarlos a negociar parte de sus terrenos a precios muy bajos.
