La Secretaría de Marina-Armada de México aceptó dos recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en las que refiere que hubo afectación a civiles durante acciones de personal naval en los estados de Nayarit y Nuevo León, indicó El Universal.

A través de un comunicado, la dependencia precisó que ya se lleva a cabo la atención de las recomendaciones 33/2011 y 34/2011 en los términos que marca la ley.

Sobre la primera de ellas, respecto a lo ocurrido en San Blas, Nayarit, la Semar aseguró que denunció los hechos ante el Agente del Ministerio Público Militar, por lo que fueron detenidos cuatro elementos de Clases y Marinería de la Armada de México.

A los elementos se les inició un proceso penal y están en espera de deslinde de responsabilidades.

El pasado 13 de junio, la Semar informó en un comunicado que la CNDH emitió una recomendación por los sucesos del 4 de julio de 2010.

Ese día, personal de Infantería de Marina, al realizar actividades de patrullaje y vigilancia, efectuó primero disparos disuasivos y posteriormente discapacitantes a un vehículo sospechoso resultando una persona muerta y otra más herida.

Añadió que también aceptó la recomendación 34/2011, sobre hechos suscitados en Santa Catarina, Nuevo León, “motivo por el cual se tienen abiertas averiguaciones de índole militar, federal y estatal, para que en caso de que se compruebe la comisión de un ilícito, sea sancionado conforme a la ley”.

Esta recomendación fue emitida porque personal de Marina intervino para el traslado de personas lesionadas tras un enfrentamiento en el que una persona perdió la vida, y otras más resultaron lesionadas.

Al respecto, la depenencia federal precisó que “el personal naval limitó su actuación a brindar apoyo a la autoridad Municipal de Santa Catarina, Nuevo León, para transportar personas heridas y a un detenido mismos que fueron trasladados, permanentemente acompañados y bajo la custodia del Director de la Policía de esa localidad”.

La Semar reiteró la disponibilidad de “cooperar con las distintas autoridades y niveles de gobierno a fin de transparentar las acciones del personal naval, siempre en estricto apego a la ley y respeto a los derechos humanos, así como de las recomendaciones que en este sentido realicen los organismos correspondientes”.