Abogada por la Universidad Anáhuac, magister en Políticas Comparadas por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, especialista en Derecho Fiscal por la Universidad Panamericana, inició su carrera en el otrora Tribunal Fiscal de la Federación en 1978. Hoy es Procuradora General de la República, priísta y hermana de Leopoldo Gómez, vicepresidente de Televisa, Arely Gómez González pareciera tenerlo todo para pasar a la historia como la primera Fiscal de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, analistas ven huecos en su equipo que podrían convertirse en abismos que la alejen de su objetivo.

Ciudad de México, 18 de mayo (SinEmbargo).– La última comparecencia que tuvo la Procuradora Arely Gómez González en la Cámara de Diputados fue el 27 de octubre del 2015, como parte de la glosa del tercer informe de Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto. Ese día su discurso de presentación repitió dos por encima de todas las palabras: “justicia” y “derechos humanos”.

Ambas banderas se hicieron con el tiempo más pesadas para la funcionaria que aspira a ser la primera Fiscal en la historia del país, una vez que la transición de Procuraduría General de la República (PGR) a Fiscalía General de la República sea aprobada en el Congreso.

Ahora, el discurso de Gómez González no concuerda con las interpelaciones que recibió de parte de legisladores sobre su gestión y con aquella insistencia en las palabras “justicia” y derechos humanos”.

De entre todos los casos, la administración de Peña Nieto está marcada por las investigaciones del crimen más emblemático de la historia reciente del país, que reflejó un problema de colusión de autoridades con cárteles de la droga: la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Raúl Isidro Burgos.

Los padres de familia de los normalistas y organizaciones de derechos humanos han criticado severamente las investigaciones de la PGR en el caso. Este caso, leyeron analistas, provocó que el 3 de marzo de 201 se registrara un relevo en su cúpula: el Presidente reemplazó a Jesús Murillo Karam y vio en la otrora legisladora a la persona idónea para ocupar el puesto.

Previo a ser ratificada por el Senado de la República, Gómez dijo que los ejes de su gestión estarían basados en el respeto a los derechos humanos, una justicia efectiva, implementar el nuevo sistema de justicia penal y transparencia.

Pero a 14 meses de iniciada su gestión, la Procuradora no logró clarificar el caso de los 43. Por el contrario, fue acusada de actuar de forma unilateral por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), pese al compromiso del Gobierno federal de colaborar en el esclarecimiento de los hechos.

“Desde la administración de Murillo Karam, la PGR ha mantenido un papel muy secundario. No se han movido de su esquema tradicional, es una instancia al servicio del interés presidencial. Ambos procuradores tuvieron una actitud reactiva ante situaciones de alto impacto, como la desaparición de los 43, simplemente de ir distrayendo”, consideró Erubiel Tirado Cervantes, investigador en seguridad de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe, en la Ciudad de México.

La Procuradora, sin embargo, se ha caracterizado por ser contestaria a las críticas sobre su gestión. En sus comparecencias suele atender cada uno de los señalamientos, y en aquella tarde de octubre dijo a diputados que las capacidades de la institución eran más grandes que los retos en la procuración de justicia.

Sin embargo, la realidad es otra, afirman expertos: la dependencia arrastra serios problemas, más de los que Gómez no ha podido solucionar.

“Uno es la ausencia de los recursos humanos necesarios para lidiar con la carga de trabajo de las instituciones. Hay estados de la república que sólo tienen a su cargo ocho o diez elementos para investigar las más de mil investigaciones pendientes. Ese es el tamaño del problema”, explicó el ex Secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, Gabriel Regino García.

Lo mismo pasa con respecto a los recursos asignados. El Presupuesto de Egresos de la Federación 2016 destinó 16 mil 468 millones de pesos para la PGR. Mientras que la Secretaría de Gobernación contó con la asignación de 67 mil 472 millones de pesos.

LA PROCURADORA ESTÁ SOLA

El analista político Eduardo Huchim May sostiene que el curso que la PGR da a las investigaciones da la impresión de que la Procuradora con 38 años de experiencia profesional está sola dentro de la institución.

“Azolva el fluir de las actividades de la procuración de justicia. Es más, en este momento, por ejemplo, un Fiscal que se ha caracterizado por querer cumplir sus funciones, Santiago Nieto, está siendo investigado porque lo demandó uno de sus consignados. Arturo Escobar y sus cómplices del Partido Verde [Partido Verde Ecologista de México]. Y esta averiguación permanece como una espada de Damocles”, dijo Huchim.

“Es una situación muy extraña que por cumplir sus funciones, y actuar contra un subsecretario de la Secretaría de Gobernación (Segob), como tendría que hacer la PGR de norma general, este funcionario está siendo investigado por no haber puesto en su curriculum que fue consultor del PRD [Partido de la Revolución Democrática]”, agregó.

A 20 días de ocupar su cargo, Arely Gómez nombró a cinco altos cargos, la gran mayoría trabajó antes en la PGR. También ratificó a dos que ya se desempeñaban en sus cargos, entre ellos Tomás Zerón de Lucio, director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

Zerón de Lucio, destacan analistas, es la muestra de que la Procuradora no decide sobre su equipo. El GIEI en su último informe evidenció que el director de la AIC realizó diligencias en el área donde un día después fueron hallados los restos de un normalista.

Los expertos internacionales mostraron un video que inmiscuye a Zerón en acciones no registradas en ningún expediente de la averiguación. Este material videográfico había sido editado, acusó el GIEI, lo que supone una “tergiversación de la realidad” porque manipuló la presencia de observadores internacionales.

“Yo no tendría problema en que Arely fuera la siguiente Fiscal autónoma, con lo que sí hay un problema es con la gente que tiene Arely Gómez en su equipo. Para mí, como observador, está claro que conservar a Zerón no es una decisión de la Procuradora sino del Presidente. Porque no se quiere realmente una procuración autónoma, que vaya a donde quiera, y pueda consignar a quien sea responsable, así sea el propio Presidente de la República”, dijo Huchim.

Tras el revuelo suscitado por la acusación del GIEI, Zerón de Lucio aseguró ante medios de comunicación que él mismo solicitó ser investigado, pero que no se apartaría de su cargo. Además dijo que en ningún momento se saltó el debido proceso durante la diligencia que realizó el 28 octubre de 2014.

“Como he acreditado, las acciones de investigación realizadas el 28 de octubre de 2014 se realizaron con plena transparencia y ante periodistas que pudieron hacer su labor”, dijo el funcionario de la PGR.

Sin embargo, la renuencia a abandonar su cargo refleja una decisión que repite un esquema visto durante la administración peñista, plantean los especialistas.

“En ese sentido de lógica debió haberse separado del cargo para hacer ver la situación. Así de simple, porque es una cuestión estrictamente de estilo de gobernar, ningún funcionario ha sido removido cuando se tiene dudas de su gestión. Con la fuga del chapo debió renunciar el Secretario de Gobernación, pero no, ni ninguno de los altos funcionarios”, hiló Tirado.

Huchim May sostiene que aún más peligroso es que el crimen se infiltre en la PGR. Con la llegada del nuevo sistema de Justicia Penal que estará implementado en todo el país el próximo 18 de junio, los policías de investigación, que hacen las labores dentro de la PGR, debieron someterse a pruebas de control y confianza.

Una investigación del diario El Universal detalló que 156 de 703 altos mandos de las policías ministeriales, custodios y preventiva perdieron la prueba. La PGR no estaría librada de la colución con el crimen, aseguraron expertos.

“El problema no es sólo de quién vaya a ser titular de la Fiscalía autónoma. Es una corporación desde nuestra perspectiva minada, incluso por la delincuencia organizada. Entonces, en una situación así no se podría trabajar muy bien que digamos, ni Arely ni nadie. Si Arely llega yo esperaría que su primera tarea sea limpiar la casa”, opinó Huchim.

DESIGNIOS PRESIDENCIALES

Derivado de la promulgación el 10 de octubre de la reforma Política Electoral, que modificó el artículo 102 de la Constitución, el Congreso inició el trabajo de la Ley de la Fiscalía General de la República, aprobada en la Cámara de Diputados en diciembre de ese año, minuta que aún espera ser discutida en el Senado y que transformará la PGR en Fiscalía.

A diferencia de la PGR, la Fiscalía será una dependencia independiente del organismo Ejecutivo. Y se pretende que el periodo en el cargo del titular sea de nueve años. Expertos ven en Arely Gómez una funcionaria capaz de hacerse con el puesto.

Desde la titularidad de la PGR, Gómez está a un paso de lograrlo. Su llegada a la dependencia se gestó desde el Senado, donde tuvo un desempeño en el que defendió leyes penales que daban poder al Gobierno.

En febrero del 2014, Gómez impulsó los cambios al artículo 139 y 170 del Código Penal. La tipificación del “terrorismo” como delito dejó una “puerta de atrás” para que la protesta social fuese reprimida, alegaron grupos parlamentarios de oposición. Gómez defendió los cambios aduciendo que cumplían con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera contra el Lavado de Dinero (GAFI).

Otro momento que marcó su paso por la cámara alta fue su renuncia a la Comisión especial para dar seguimiento al caso Oceanografía. Gómez argumentó que su parentesco familiar con Martín Díaz Álvarez representaba un conflicto de interés.

Sin embargo, la suma de respaldos que logró dentro del partido no se trasladó a cabalidad en los interiores de la PGR, sospechan expertos y partidos de oposición, quienes han visto en el Consejero Jurídico de la Presidencia Humberto Castillejos Cervantes un gestor de los intereses del Presidente de la República en el Congreso y la PGR, que no ha facilitado las cosas para Arely Gómez.

El 11 de diciembre durante la designación de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la cámara alta el Senador Manuel Bartlett del Partido del Trabajo acusó a los candidatos de estar hechos a modo; así como a Castillejos de cabildear y dar órdenes a la bancada oficial.

Por otra parte, en la PGR la decisión de mantener al Zerón puede estar vinculada al Consejero Jurídico del Presidente. El director de la AIC trabajó para Genaro García Luna, Secretario de Seguridad Pública Federal, tiempo en el que conoció a Alfredo Cervantes Castillo, funcionario que trabajó junto con Humberto Castillejos Cervantes, como asesor del ex titular de la PGR Rafael Macedo de la Concha.

“Habría que tener las pruebas, pero los suspicaces apuntan hacia la oficina de Castillejos, en una serie de asuntos legislativos y de procuración de justicia. A estas alturas, tendríamos que estar ciertos que el señor Castillejos no debería de tener nada que ver con ambas, pero es difícil que esto sea conforme a las prácticas, sobre todo del PRI, que se vienen arrastrando desde siempre. Entonces, es probable que así sea, en efecto”, inquirió Huchim.

La influencia del Presidente es amplia dentro de la bancada oficial, la más grande del Senado, y  el próximo Fiscal será nombrado por esa cámara, que de acuerdo con la Constitución tendrá 20 días para integrar una lista de al menos diez candidatos al cargo. Después será enviada al Presidente, quien devolverá una terna a los senadores,  quienes elegirán al futuro titular de la procuración de justicia por los siguientes nueve años: el último designio de Peña Nieto, que durará casi una década.