Con su actitud desdeñosa y prepotente, Muñoz Márquez cometió dos pifias de lesa democracia. Foto: ZonaFranca.

Como la vieja izquierda, la derecha católica también arrastra un fuerte desprecio por la igualdad de oportunidades para las mujeres.

La crisis del modelo misógino que hizo evidente el exabrupto del ex dirigente sesentaiochero Marcelino Perelló pone en el tapete de las discusiones una asignatura pendiente para la modernidad política de México: el combate al machismo en todas sus expresiones y vertientes, de las más brutales a las más sutiles.

Parte de esa batalla corresponde a las propias mujeres, quienes no deben tolerar los desplantes que buscan marginarlas, humillarlas, reducirlas y, ya en el extremo, violentarlas incluso hasta la siempre presente posibilidad del feminicidio.

La misoginia rampante de nuestros políticos es la que está presente en su negativa a legislar para dar condiciones iguales a las mujeres, para protegerlas de la violencia, para evitar que sean insultadas a la menor oportunidad.

Pero la misoginia también tiene complicidades femeninas, cuando se asume el modelo patriarcal, cuando se piensa que las cosas son así y no pueden cambiar, cuando se pasa de la resignación a la adaptación y el sometimiento.

En Guanajuato, por ejemplo, ni la aprobación de cuotas de género ha logrado que se amplíen los espacios para las mujeres en los altos niveles de la política. Se logró hacerlo en el Congreso, forzado por leyes que tuvieron su origen a nivel federal, pero no en los municipios ni en el gabinete estatal.

Las cuotas son arrancadas por olas de corrección política que no pocas veces son vistas como un estorbo por los varones que se desempeñan en el sector público. Mientra no llega la obligatoriedad, los espacios siguen cerrados a las mujeres. Y no se trata de capacidades, pues la horda de pésimos alcaldes del género masculino que hemos padecido en Guanajuato es absolutamente indefendible.

El mal gobierno de algunas de las pocas mujeres que han tenido la oportunidad de ejercer el poder, la priista Bárbara Botello o la panista Rubí Laura López, pretende no pocas veces ser utilizado como la prueba de una cierta inferioridad política. No he visto que se haga lo mismo con casos como el de Sixto Zetina, Héctor López, Ramón Lemus o Edgar Castro.

La misoginia como producto y el machismo patriarcal como causa, son fenómenos construidos culturalmente a los que hace falta combatir con nuevos paradigmas, para lo que se requiere una voluntad consciente y actuante.

Por eso me parece particularmente valiente la decisión asumida por mi compañera y colaboradora en Zona Franca, Carmen Pizano, de no pasar por alto ni invisibilizar la humillación que pretendió infligirle el Diputado panista Juan Carlos Muñoz Márquez, al interrumpir una entrevista con un presunto “chiqueo”, que solo buscaba eludir las preguntas de una periodista profesional.

Con su actitud desdeñosa y prepotente, Muñoz Márquez cometió dos pifias de lesa democracia.

En primer lugar, evadió dar una explicación, a la que está obligado en su carácter de servidor público, sobre el altercado que sostuvo con su compañero diputado Guillermo Aguirre sobre un tema de absoluto interés público: una iniciativa de ley para la prevención del delito.

Pero, también, abusó de la condición de mujer de Carmen al pretender un absurdo galanteo que no venía a cuenta. Hasta hoy, no me imagino a Muñoz Márquez haciendo objeto de esos “chiqueos” a reporteros de pelo en pecho.

Y es sobre esos dos temas que Carmen Pizano decidió de manera autónoma, con el pleno respaldo de su empresa y del resto de sus compañeros, llevar el caso a la Procuraduría Estatal de los Derechos Humanos, en búsqueda no de una disculpa personal, sino de que se le sugiera con todo comedimiento al legislador implicado que se aplique a conocer más sobre el concepto de equidad de género, lo que sin duda no le vendrá mal.

Y al respecto, parece enormemente emblemático que sobre este caso no se tengan posicionamientos de la dirigencia estatal del PAN, a cargo de Humberto Andrade; o del coordinador de los diputados panistas, Éctor Jaime Ramírez Barba.

Este último, también un reconocido profesionista de la medicina y catedrático universitario, únicamente ha externado una posición de escepticismo sobre los señalamientos de Carmen Pizano, aduciendo: “No tengo opinión al respecto porque yo no estuve ahí y en temas tan delicados, uno debe estar presente”.

Por cierto, Ramírez Barba nunca buscó a la reportera Carmen Pizano para tener su versión de los hechos, lo que no se explica después de su definición de que se trata de “temas tan delicados”, pues en ese caso más vale tener versiones de primera mano de todos los protagonistas.

Resulta muy fácil legislar en abstracto sobre situaciones hipotéticas y construir preceptos generales, pero es más complicado intervenir con justicia en casos particulares y mandar señales de cero tolerancia a conductas inadecuadas que, de hacer caso al discurso oficial, se busca erradicar.

Si un diputado aparentemente progresista y de elevada formación académica está de acuerdo en que la misoginia y el machismo son patrones de comportamiento que no tienen cabida en la democracia que buscamos construir, oportunidades como la que se presentó en el Congreso hace unos días serían inmejorables para comprometer el discurso con los hechos.

Evadirlo simplemente, con un pretexto baladí  -“no estuve presente”-, muestra una deplorable falta de carácter y una evasión del compromiso que Ramírez Barba asumió al aceptar la coordinación del Poder Legislativo de Guanajuato.

La pregunta es ¿cómo se puede pretender normar conductas generales cuando se es incapaz de resolver casos particulares?

Lamentable también fue que el coordinador de los diputados panistas eludiera pronunciarse sobre el enfrentamiento de sus dos correligionarios y eligiera el camino simple de negar lo que efectivamente ocurrió.

¿De qué nos sirven políticos así? ¿Significan un cambio real o son más de lo mismo?

Ustedes dirán.