Ciudad de México, 21 may (dpa) – La nueva ley migratoria mexicana que entró en vigor en noviembre no ha mejorado de manera sustancial la situación de los migrantes y en muchos casos ha complicado su regularización, denunciaron hoy organismos de derechos humanos.
“La ley de migración no ha logrado un cambio significativo con relación a la migración centroamericana en tránsito por México debido a que los requisitos establecidos para obtener una visa desde el país de origen no son accesibles para la mayoría”, dijo Gretchen Kuhner, del Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria.
En una conferencia de prensa, representantes de grupos como Sin Fronteras y el Movimiento Migrante Mesoamericano advirtieron que, pese a las mejoras teóricas plasmadas en el papel, las reformas “no han sido suficientes” y distan mucho de ser lo que se prometió.
“Todos conocemos la situación de violencia que se vive en México y que viven las personas migrantes”, dijo Mario Santiago, del grupo I(dh)EAS. Secuestros, violaciones de mujeres, persecución: “Esto sigue igual, no ha cambiado”, señaló.
Diego Lorente, representante del Centro de Derechos Humanos Fray Matís de Córdova de la ciudad mexicana de Tapachula, afirmó que para muchos trabajadores centroamericanos afincados en el sur de México es imposible cumplir con los nuevos requisitos para regularizarse o incluso para mantener el estatus legal que tenían.
Lorente afirmó que los migrantes están en una situación más vulnerable “sobre todo por el elevado costo de los trámites” y el desconocimiento de las condiciones laborales en la región, al exigirse constancias de trabajo y documentos de Hacienda que la mayoría de la gente no puede presentar.
“Se está produciendo una desregularización de los que tenían documentos”, afirmó Lorente. Hay una política migratoria “sin sentido” con disposiciones que los migrantes “no pueden cumplir” y que afectan tanto a los que están en tránsito como a los que viven en la zona.
Lorente explicó que el cobro de derechos es “desproporcionado”, ya que el salario mínimo en la zona es de unos 1.600 pesos al mes (130 dólares) y se deben pagar 3.130 pesos (260 dólares) por cada integrante de la familia para renovar los documentos migratorios por un año.
Según señaló Santiago, algunas normas que protegen al migrante en la nueva ley en realidad no se aplican, como las relativas al debido proceso, a las condiciones de detención y a la protección judicial.
El Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria agrupa a 16 organizaciones y redes que buscan incidir en el marco regulatorio y las políticas migratorias, para lograr una política migratoria respetuosa de los derechos humanos.
Miles de migrantes centroamericanos cruzan cada año la frontera entre México y Guatemala con la meta de llegar a Estados Unidos y son víctimas de abusos y extorsiones en el camino. Otros se quedan en el sur de México para emplearse en trabajos agrícolas y domésticos, entre otros.
