El informe de los peritos de la UAEM que realizaron las diligencias en las fosas de Tetelcingo, Morelos, concluye: el Gobernador Graco Ramírez Garrido Abreu incurrió en delitos de lesa humanidad. Confirma sospechas e irregularidades denunciadas por los familiares de desaparecidos.

Ciudad de México, 22 de junio (SinEmbargo).– El Gobernador de Morelos, Graco Ramírez Garrido Abreu, habría incurrido en los delitos de encubrimiento, negligencia y obstrucción de la justicia al otorgar información imprecisa sobre dos fosas clandestinas ubicadas en Tetelcingo, aseguró el equipo de peritos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) que realizó la exhumación de los cuerpos junto con expertos de la Procuraduría de Justicia del Estado.

En el informe de las diligencias, presentado por el Rector de la UAEM, Jesús Alejandro Vera Jiménez, y el activista Javier Sicilia Zardain, el equipo pericial aseguró que el Gobernador podría incurrir en delitos de lesa humanidad y en contra de los derechos humanos, ante lo cual debe ser investigado y sancionado conforme a derecho, incluso por organismos internacionales.

En el documento se precisa que fueron 117 cuerpos los exhumados, a pesar de que el Gobierno estatal tenía registro de 116 cuerpos. Entre los cadáveres se encontraron los de tres menores de edad. También hallaron nueve bolsas que contenían 12 restos humanos, los cuales no estaban registrados y que posteriormente se les abrió una carpeta de investigación. Todos los restos exhumados corresponden a víctimas de delitos cometidos entre 2010 y 2013.

De los 117 cuerpos exhumados, 34 no tenían o no estaban vinculados a carpeta de investigación alguna, lo que contradice otra de las afirmaciones del Gobernador  quien aseguró que los cuerpos enterrados en dicha fosa se encontraban en carpetas de investigación.

Otro de los hallazgos señalados en el reporte es que existe una diferencia entre los 117 exhumados durante sus diligencias y los que el Gobernador Graco Ramírez reportó como inhumados el pasado 28 de marzo de 2014, que fueron 150. Los peritos sugieren que “los cuerpos restantes, presumiblemente estarían depositados en una tercera fosa”.

Incluso, algunos cuerpos no fueron sometidos a la necropsia de ley, señala el informe; otros más habían sido mutilados y/o presentaban huellas de tortura. “Otros presentaban heridas por proyectil de arma de fuego; uno más conservaba sus ropas y pertenencias personales que son fundamentales para su identificación y la persecución del delito y cuyas evidencias habían sido sepultadas junto con los cuerpos”, se lee.

En las fosas también se encontraron cuerpos plenamente identificados y de quienes se conocía su procedencia. De dichos cuerpos la Fiscalía nunca informó qué acciones llevó a cabo para dar con el paradero de sus familias.

En otro punto del informe se insiste sobre el cuestionable actuar de Graco Ramírez al afirmar que “el Gobierno de Morelos se vio obligado a abrir las fosas por la lucha de las familias de víctimas que se dio en el terreno jurídico y de la defensa de sus derechos”.

“Las aberraciones del Gobierno del estado de Morelos evidenciadas en la diligencia de Tetelcingo hacen imprescindible el que se apliquen protocolos forenses con estándares internacionales para erradicarlas”, dice el informe en el apartado de “Conclusiones”.

Los peritos de la UAEM condenaron los hechos y los calificaron como “actos criminales” al inhumar personas ilegalmente y en fosas clandestinas sin cumplir con los protocolos para la identificación humana.

El documento concluye con un llamado a intervenir otras fosas clandestinas en el estado, como la de Jojutla, con el fin de buscar justicia para las víctimas y sus familiares.

A inicios de este año se dio a conocer la existencia de fosas de Morelos luego de que María Concepción Hernández, la primera madre que supo de ellas cuando buscaba a su hijo Óliver, las ubicó e hizo posible que se conocieran a nivel nacional e internacional.

La tarde del 24 de mayo del 2013 un grupo de personas secuestraron a su hijo. Apareció sin vida el 3 de junio de aquel año. Pero no fue devuelto a la familia por la unidad Servicios Periciales del estado de Morelos, dependiente de la entonces Procuraduría General del Estado de Morelos (PGJEM). Las primeras pruebas de ADN revelaron una compatibilidad del cuerpo con el de su familia de más del 99 por ciento.

Esto no fue suficiente para devolver el cuerpo, y por decisión de la Subprocuradora Liliana Guevara Monroy los restos de Oliver se quedaron almacenados en esa  institución bajo el argumento de que se necesitaba “judicializar la carpeta”.

La carpeta del joven pasó entonces a las autoridades de Cuernavaca. Las familias comenzaron a visitar dos o tres veces por semana al Fiscal Rodrigo Dorantes Salgado, mientras el cuerpo aguardaba en los frigoríficos de Cuautla.

El 28 de marzo del 2014, en Tetelcingo, trabajadores de Servicios Periciales del estado de Morelos, cumplían una orden de la directora Ana Lilia Guerrero Moreira para inhumar más de 100 cuerpos almacenados hasta entonces en Cuernavaca y Cuautla.

“A fines de noviembre –en el 2014– fue cuando nos enteramos de que ya no había cuerpos en el Semefo [Servicio Médico Forensa] de Cuautla. Y en efecto, ya no tenían ahí cuerpos. Después de eso acudimos con el Fiscal regional, que era ya Juan Manuel Salmerón, y él nos confirmó que el cuerpo de mi hijo ya había sido inhumado”, relató María Concepción Hernández.

Tras ello, lucho porque el cuerpo fuera recuperado y descubrió y alertó de las decenas de cadáveres enterrados. El escándalo salió a la luz.

Los trabajos de exhumación de los restos, lejos de satisfacer a familiares de desaparecidos, dejaron descontento, dudas y suspicacias. Y desde ese entonces señalaron la posible existencia de una tercera fosa.

Familiares de desaparecidos que tenían la esperanza de encontrar alguna pista de sus seres queridos reprocharon a las autoridades locales la falta de información sobre las decenas de cadáveres.

“Definitivamente no quedamos conformes porque se sabe que hay una tercera fosa, que va pasar con esa fosa, no podemos quedar conformes con los cuerpos que sacaron hasta que no haya un resultado. Y nosotros los familiares tenemos que seguir presionando para encontrar a sus familias y que les den una cristiana sepultura. Hoy termina pero la confianza en las autoridades no está, acuérdese que dijeron que eran 116 cuerpos y salieron 117. Salieron tres niños y partes de cuerpos. ¿Esos cómo los cuentan?”, dijo a SinEmbargo Patricia Manzanares, madre de Juan Hernández Manzanares, quien desapareció el 20 de febrero del 2011, en Nuevo León.