Ciudad de México, 23 abril (SinEmbargo).– En medio de los crecientes escándalos por la falta de atención médica a mujeres embarazadas que se han visto obligadas a dar a luz en los patios y bancas exteriores de hospitales públicos en diversas partes del país, un Senador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) propuso una reforma constitucional para aumentar el periodo de licencia de maternidad de 84 a 135 días, así como establecer que las mujeres tengan en todo momento la asistencia médica que requieran.

El Senador Raúl Morón Orozco planteó dos iniciativas que proponen una reforma integral a fin de dar mayor protección a las madres que trabajan, permitir a los niños disfrutar de los cuidados maternos durante los primeros meses de vida, ampliar los días de licencia en caso de que el bebé haya nacido con discapacidad o malformaciones, e incluso ampliar el periodo de licencia por paternidad.

“Los resultados de investigaciones sobre el desarrollo infantil, ponen de relieve, que si bien, cada una de las etapas de la vida tiene su importancia, ninguna es más trascendental que la de los primeros tres meses para modelar el desarrollo futuro de una persona en trazar el rumbo que tomará su existencia”, aseguró el Senador perredista al presentar su iniciativa ala Pleno

La reforma al artículo 123 de la Constitución, así como a la Ley Federal del Trabajo en materia de licencia por maternidad, establecerá que la trabajadora goce de 45 días previos al parto y 90 días posteriores al mismo, a fin de seguir la tendencia mundial en la materia.

Plantea que si por alguna razón médica la trabajadora no puede disfrutar del periodo previo al parto por tener un parto prematuro, podrá disfrutar de los 135 días contados a partir de la fecha del parto.

“La maternidad en México vive una redefinición y un proceso de desmistificación ante la cada vez más creciente inserción de las mujeres en la economía y la política, el control natal y la resolución asistida, la creciente participación de las mujeres en el mercado de trabajo, el incremento de mujeres cabezas de familia y por las restricciones económicas que afectan la economía familiar”, sostuvo el senador perredista.

Raúl Morón Orozco consideró también en su iniciativa que si la trabajadora en el curso del embarazo sufre un aborto o parto prematuro no logrado, debe otorgársele de igual forma una licencia de hasta treinta días con goce de sueldo, a fin de garantizar su completa recuperación.

El senador por Michoacán incluyó una reforma a la Ley Federal del Trabajo para establecer que en caso de adopción, la licencia de maternidad se incrementará al mismo término otorgado a la madre biológica, 90 días, con el propósito de favorecer la integración del menor con la madre.

Otro punto contemplado en la propuesta del legislador michoacano es reformar la fracción XXVII Bis del artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, así como la VIII Ter, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, para incorporar la licencia de paternidad con goce de sueldo por un periodo de 30 días.

“En la medida que los hombres vayan asumiendo su parte en el cuidado de los hijos y en las tareas domésticas, las mujeres podrán ir integrándose al empleo de calidad, lo que redundaría en la economía y en una sociedad más justa y equilibrada”, señaló el senador.

AUMENTA MORTALIDAD MATERNA

En los últimos meses, los casos de negación del servicio médico a mujeres embarazadas se presentaron de manera más frecuente, ejemplos de esto son los casos de una mujer indígena que dio a luz en el patio del Centro de Salud de San Felipe Jalapa de Díaz, Oaxaca; el de una mujer que por falta de atención médica dio a luz en la recepción del Hospital de la Mujer de Tehuacán, Puebla o el caso de una mujer indígena que falleció después del parto en el Hospital de la Mujer de Chiapas.

El Gobierno federal espera reducir en 2015 el número de muertes maternas a 417. Sin embargo, los gobiernos priistas y panistas de los últimos 12 años no lograron disminuir las cifras de mortalidad materna, por el contrario, la situación se ha convertido en un grave problema de salud pública: hubo mil 97 fallecimientos en 2007; mil 119 en 2008; y mil 207 en 2009.

La defunción materna se define como la muerte de una mujer mientras está embarazada o dentro de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo, que no sea por accidente o causas incidentales.

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval) indicó que la inequidad social es una de las razones más importantes por la que ocurren las muertes maternas, pues el 70 por ciento de los decesos ocurre en municipios con población indígena. Otros datos muestran que 167 mujeres muertas en 2009 eran menores de 19 años, 110 no tenían escolaridad y 375 sólo habían cursado la primaria.

Tener seguridad social a través del Seguro Popular no fue garantía de sobrevivencia. En 2005 se presentaron en el país mil 242 muertes maternas. De este total, 67.7 por ciento ocurrieron en mujeres sin seguridad social y 19 por ciento, fuera de una unidad médica (hogar, vía pública).

Lo peor es que en la mayoría de los casos estas muertes pueden ser evitables, pero no es así, en gran parte por la deficiente atención medica en los servicios de salud, reconoció el Diputado Rubén Benjamín Felix Hays, del partido Nueva Alianza.

“A pesar de los grandes avances y del perfeccionamiento de la atención, programas y estructura en materia de salud, en nuestro país existen rezagos importantes en esta materia, principalmente en las comunidades rurales, donde la atención y cuidados sanitarios distan mucho de las establecidas en las zonas urbanas”, afirmó el legislador aliancista.

PIDEN MEJORAR ATENCIÓN A EMBARAZADAS

En marzo de este año, el Presidente Enrique Peña Nieto instruyó a todas las autoridades sanitarias a garantizar la atención médica necesaria y digna para mujeres embarazadas, tras los lamentables casos de mujeres que parieron en la vía pública por la negligencia de médicos y personal hospitalario. No obstante, parece que el llamado presidencial fue insuficiente, señaló la secretaria de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados, Lucy Pérez Camarena.

La legisladora del Partido Acción Nacional (PAN) anunció que próximamente solicitará un compromiso público de parte de las autoridades federales y de las locales que han sido señaladas, para que no se sigan registrando estos casos en los que se ha puesto en riesgo la vida de los recién nacidos y de las madres

“De nada sirve un llamado presidencial si las autoridades dedicadas a los temas de salud no han reaccionado. Han hecho oídos sordos a la exigencia de que se atienda a las mujeres que llevan en estado de gravidez en casos de emergencia. Siguen naciendo niños en la calle y, a pesar de que existe ya una instrucción y se ha sancionado incluso a personal médico implicado en estos casos, el problema no se ha resuelto”, señaló.

La Diputada por Jalisco exigió que los gobernadores estatales, especialmente donde se han denunciado estos hechos, emprendan acciones de supervisión y hagan público, a su vez, las razones por las cuales no se han ofrecido los servicios adecuados a las mujeres.

“No podemos permitir que las mujeres sigan siendo maltratadas, desatendidas y denigradas. En México, lo sabemos con base en cifras públicas, aún no se ha superado el problema de la violencia contra las mujeres, desde la violencia familia o laboral, pero es peor todavía cuando la violencia se ejerce por parte de la propia autoridad que está obligada a brindar servicios sociales con un mínimo de decoro”, dijo.

Por otra parte, el Diputado por Nueva Alianza, Rubén Benjamín Félix Hays, integrante de la Comisión de Salud, presentó una iniciativa de reforma a diversos artículos de la Ley General de Salud, para que establecer en la norma la obligación de los gobiernos federal y estatales de cumplir con los principios de universalidad y gratuidad de los servicios sanitarios y de atención médica.

Mandata a las instancias públicas de seguridad social a prestar atención médica urgente a las mujeres que se encuentren en estado de gravidez, “cualquiera que sea la etapa de la gestación y que por su estado grave de salud se encuentre en riesgo su vida y la del producto de la concepción, independientemente que sean o no beneficiarios o derecho habientes”.

Además, agrega que las instituciones públicas de seguridad social por motivo alguno podrán negar los servicios a mujeres que se encuentren en estado de gravidez, “independientemente de que sean o no beneficiarios o derechohabientes”. De lo contrario se harán acreedores a las sanciones que establezcan con los códigos penales locales.