Ciudad de México, 3 de marzo (SinEmbargo).– El 20 de octubre de 2013, dos menores de edad y una mujer de 19 años de edad fueron asesinados en la colonia Castillo Chico, en la Delegación Gustavo A. Madero del Distrito Federal. Los cuerpos de Brandon Alejandro Jiménez Barajas y Jonathan Ariel Jiménez Barajas, de 13 y 14 años, respectivamente, y el de Diana Isela Reséndiz Gálvez, de 19, quedaron inertes en la calle de Cerrada de Chimalpopoca.

Alrededor de los cadáveres había 80 casquillos presuntamente de un arma AK-47. Unos días después la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) determinó que en total habían recibido 130 balazos.

Asesinados en la zona de Cuautepec, una de las más conflictivas de la delegación, sus muertes generaron protestas entre los ciudadanos y causaron la reacción de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF) y su titular Jesús Rodríguez Almeida ordenó el operativo “Rastrillo” para vigilar las calles con 400 policías.

Las autoridades rápidamente dijeron que se trataba de un caso de narcomenudeo, ya que al lado de las víctimas había una bolsa de droga.

Pero lo que no dijeron es que ese asesinato de menores no era un caso aislado: Cuautepec es una de las zonas de esa delegación y de todo el DF con mayores quejas por delitos.

El 12 de febrero, poco menos de tres meses después del asesinato de los adolescentes, autoridades de la delegación, de la SSPDF, de la PGJDF y del Instituto de Verificación Administrativa (INVEA) pusieron en marcha el operativo “Cuautepec Seguro”.

Un total de 550 policías de la región de Cuautepec y de la Secretaría de Seguridad Pública se involucraron en el mismo.

Los resultados fueron 74 automóviles remitidos al corralón por no acreditar sus dueños la legalidad de los vehículos. Lo mismo sucedió con 10 motocicletas y se levantaron 110 infracciones. Personal del INVEA realizó 21 supervisiones a giros mercantiles, reportó la delegación encabezada por Nora Arias Contreras.

“‘Cuautepec Seguro’ tiene como objetivo prevenir actos delictivos, evitar la violencia y garantizar que las familias maderenses (sic) puedan convivir tranquilamente en los parques y jardines, además de que puedan transitar libremente por las avenidas de la zona”, se informó el 13 de febrero mediante un boletín.

Por ello, como parte de la liberación de vialidades, la delegación anunció que se retirarían bases de taxis piratas y se supervisaría que cuenten con toda la documentación legal que acredite la propiedad del vehículo y que cumplan los requisitos para su operación como transporte público.

Arias Contreras informó que éste era el primer operativo permanente de su tipo en la Ciudad de México.

Pero los delitos, el consumo y venta de drogas, la corrupción en la zona territorial de Cuautepec va más allá de un operativo espectacular, que incluyó durante tres días helicópteros, movilización de patrullas y decomiso de decenas de “vochitos” usados como taxis piratas y que circulan sin permiso, aunque no todos han sido escenario de asaltos.

Las familias que perdieron esos autos en los decomisos también se quedaron sin un patrimonio, denuncia Edgar Méndez, de la organización Barrio Activo, asentada en la zona.

Según sus datos, se decomisaron 250 “vochitos” usados como taxis piratas y se confiscaron drogas y armas. La situación que se vivía en Cuautepec ya era de riesgo y no había atención de la delegación, cuenta a SinEmbargo.

Los comerciantes de los tianguis de Barrio Bajo y Barrio Alto debieron contratar seguridad privada, porque de unos meses a la fecha vieron desplomarse sus ventas ante la ola de asaltos que ocurrían ante la indiferencia policíaca.

“La gente no iba porque había mucho robo hormiga y, como la policía no hace nada, se organizaron”, explica.

En cuanto al consumo de droga, dice, ha ido en aumento entre los jóvenes y la organización ha detectado la introducción de venta de LSD (ácido lisérgico) de baja calidad.

Ellos han denunciado ante las autoridades la venta de drogas, lo que les ha costado amenazas, asegura.

DELEGACIÓN CONFLICTIVA

La situación de inseguridad no es nueva, tiene años, pero apenas ha comenzado a ser atendida, critica Méndez.

A finales del año pasado, la delegación  tenía los índices más elevados en delitos de alto impacto, de acuerdo con la SSP capitalina. De las 16 delegaciones, la GAM concentraba 22 por ciento del total de ese tipo de delitos.

Entre enero y agosto de 2013 sumó 458 averiguaciones previas por consumo y venta de drogas y se habían localizado 60 inmuebles que vendían estupefacientes. Entre enero y septiembre del mismo año, el número de averiguaciones previas por delitos de alto y bajo impacto sumaron 35 mil 275.

Cuautepec forma parte de la segunda delegación más grande del DF. La demarcación tiene colindancia con los municipios mexiquenses de Tlalnepantla, Ecatepec y está unos escasos kilómetros de Nezahualcóyotl.

En Cuautepec se encuentran las instalaciones de un plantel de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y, con más tiempo de antigüedad, el Reclusorio norte.

Carlos Cruz, de la organización Cauce Ciudadano, asentada en la delegación Gustavo A. Madero y que hace trabajo con jóvenes, recuerda que Cuautepec es un pueblo con tradición y fundado desde antes de la época de la Colonia.

Sin embargo, ahora, es una zona que como muchas otras del país padece de violencia y la presencia de grupos organizados ha crecido durante los últimos años, y no sólo ahí sino en prácticamente toda la demarcación, dice.

“De seis años a la fecha crecen los grupos de jóvenes que, ante la falta de expectativas, cometen actos de delincuencia organizada, porque les es más redituable; incursionan en la piratería y la distribución de ropa de contrabando, venta de mercancías en el tianguis. Al final las opciones ilegales estaban presentes. El problema se agrava ahora cuando aumenta la distribución de drogas, que siempre ha habido; antes eran jóvenes que la compraban en el centro y luego las distribuían pero sin pertenecer a ninguno de los cárteles. Ahora son sus empleados, no son dueños de los capitales, no generan siquiera beneficios patrimoniales”, describe Cruz.

También afirma que la política del Gobierno del Distrito Federal es “cerrar los ojos ante esta tendencia”, por eso se ha desatado una crisis que no atendió la administración de Marcelo Ebrard Casaubón, pero tampoco la de Miguel Ángel Mancera Espinosa.

CUAUTEPEC Y SU CORDÓN

En el caso de Cuautepec, explica Carlos Cruz, se registra un fuerte deterioro de las relaciones sociales y un abandono social provocado por la marginación y la pobreza; influye incluso un servicio de transporte público con trayectos largos que repercute en la calidad de vida de sus pobladores.

“Tenemos que ver qué factores de riesgo hay, como la presencia de consumo de sustancias que va creciendo, las nulas expectativas de desarrollo, pues los jóvenes no alcanzan a ver acciones para su desarrollo ni que tengan potencialidades. Es cierto: tiene un plantel de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Pero hay carencias no sólo en infraestructura, la tasa de homicidios aumenta y la de violencia de género y familiar es muy alta. Además se registran secuestros y tráfico de armas vinculados a la delincuencia organizada”, dice el activista.

Cuautepec forma parte de un cordón de zonas riesgosas en la delegación marcadas por su inseguridad, que abarca las colonias de El Arbolillo, Ticomán, San Pedro Zacatenco, Santa Isabel Tola, Gabriel Hernández, Nueva Atzacoalco y San Felipe, donde se encuentra el tianguis más grande de México, refugio de mercancías robadas y de productos pirata.

Las colonias d ese cordón tienen en común que forman parte de la frontera delegacional con el Estado de México.

“Es un cordón que pasa por la distribución de armas, venta y distribución de sustancias y cuando no tienes un plan metropolitano (de seguridad) brincas de un lado a otro”, dice el activista.

En 2008, cuando ocurrió la tragedia del News Divine, el GDF entonces encabezado por Marcelo Ebrard prometió que pondría más atención a la zona donde se hallaba la disco, en la Nueva Atzacoalco, y además en las colonias aledañas. Pero todo se quedó en una promesa, asegura Cruz.

La zona se enlutó el viernes 20 de junio de ese año cuando en la disco News Divine una razzia policiaca encabezada por el entonces titular de la SSP capitalina, Joel Ortega –ahora director del Sistema de Transporte Colectivo Metro- causó la muerte de 12 personas.

La tragedia evidenció la extorsión que las autoridades delegacionales –que entre 2000 y 2003 fueron encabezadas por el propio Ortega– practicaban sobre los negocios de la zona y los abusos policiacos cometidos contra una población juvenil marginada, que carecía de opciones de diversión en la zona.

“Sigue siendo una zona complicada y es un mito la atención por el News Divine. Sí hubo un reconocimiento del problema, pero todavía no hay condiciones de desarrollo para chavos y chavas, no encontramos programas especiales, ni una focalización distinta. Sigue siendo igual, no se hacen cargo de la frontera”, dice.

“Es urgente que el gobierno de la ciudad proponga un plan de prevención del delito basado en la seguridad humana y no uno en el que participen todos; que sea el gobierno el que lo ejecute y no los que pagamos impuestos”, expone en alusión a la estrategia gubernamental de permitir a civiles que se armen para enfrentar a la delincuencia.

La segunda cosa importante contra la delincuencia es desmantelar su base patrimonial, añade.

Pero en tanto los jóvenes volteen a ver a la delincuencia organizada como una opción para mejorar su situación, esto debe considerarse como un fracaso del Estado que no les garantizó el derecho al desarrollo, a la salud y a la educación para darles un verdadero desarrollo humano, concluye.