Así lo denunció en una entrevista con Efe el abogado José Humberto Torres, uno de los amenazados por representar ante la justicia a víctimas del terror de las AUC y quien se ha visto obligado a dejar su ciudad, Barranquilla.

Precisamente, el miércoles, la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos informó de que está en contacto con las autoridades ante la gravedad del caso.

Sólo en los departamentos de Atlántico y Magdalena, cuyas capitales son Barranquilla y Santa Marta, respectivamente, han sido amenazados en las últimas semanas 38 periodistas, activistas de derechos humanos y funcionarios.

Torres, cuya familia ha salido del país, está en Bogotá, sin residencia fija, donde explicó a Efe que tomó esa decisión porque la propia Fiscalía le alertó de que exjefes paramilitares habían orquestado desde la cárcel un plan para asesinarle en venganza por su labor judicial.

El abogado dijo que se planeó un atentado con explosivos contra su vida, que se hubiera llevado a cabo el pasado 27 de diciembre de no haber abandonado Barranquilla.

“La costa Caribe estuvo dominada durante mucho tiempo por los paramilitares y yo no tengo duda de que quieran retomar ese proyecto de refundación de la patria y las amenazas obedecen a ese propósito”, sostuvo Torres.

El abogado forma parte de un grupo de defensores y periodistas que ha sido amenazado por, entre otros, las llamadas “Águilas Negras”, cuya existencia está en entredicho ya que algunos expertos creen que bajo ese nombre genérico actúan sin conexión entre sí criminales, exparamilitares e incluso integrantes de la fuerza pública para imponer su ley y el terror.

El mismo ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, negó su existencia; y en ese sentido Torres dijo que “si el Gobierno sigue negando por conveniencia política la existencia de los grupos paramilitares en Colombia no habrá las respuestas políticas y militares que el problema amerita”.

La costa Caribe fue un bastión del paramilitarismo que aterrorizó al país durante los años 90 y hasta mediados de la década del 2000, con raíces tan profundas que, pese a la desaparición de las AUC, el problema está “enquistado”, asegura Somos Defensores, una ONG que protege a los defensores de los derechos humanos en Colombia.

Para esta organización, el problema va más allá del resurgimiento del paramilitarismo. Se trata, a su juicio, de la persistencia de “estructuras” de las AUC que buscan el control de una zona clave para el narcotráfico o la minería ilegal por su salida al mar.

La coordinadora de Somos Defensores, Diana Sánchez, explicó que, aunque los líderes de las extintas Autodefensas están encarcelados, un gran número de paramilitares “siguieron actuando”.

Sánchez reveló que aunque no se vean estructuras sólidas, esos criminales mantienen una “apuesta militar”, al denunciar que las numerosas amenazas dirigidas desde septiembre del año pasado a unas 180 personas no están siendo investigadas por la Fiscalía.

“Es posible que instituciones del Estado sepan de dónde vienen las amenazas, pero no lo quieren decir para no tener más peleas”, apuntó.

Agregó que el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos afronta “presiones muy fuertes de la extrema derecha, que está en la oposición”, pero también de “sectores policiales y militares, y de servicios de inteligencia”.

Somos Defensores registró 488 amenazas colectivas e individuales en todo el país durante 2014.

E informó de que entre 2010 y 2014 fueron asesinados en Colombia 283 defensores de derechos humanos, 55 de ellos el año pasado, agregó la organización.