Este lunes, Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, conformada por más de 60 organizaciones de la sociedad civil, presentó los resultados del ejercicio ciudadano Democracia Sin Pobreza, el cual evidenció que la compra y coacción del voto es una práctica con presencia nacional que ejercen los partidos políticos mexicanos.

Las organizaciones exigieron al Gobierno de Enrique Peña Nieto que en los 95 días que le restan, asuma su responsabilidad histórica con 62 millones de mexicanos que viven sin ingreso suficiente para adquirir una canasta básica que les asegure alimentación, salud, educación y depure los padrones de los programas sociales.

 Ciudad de México, 27 de agosto (SinEmbargo).– Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, conformada por más de 60 organizaciones de la sociedad civil, exigió al Gobierno de Enrique Peña Nieto que en los 95 días que le restan, asuma su responsabilidad histórica con 62 millones de mexicanos que viven sin ingreso suficiente para adquirir una canasta básica que les asegure alimentación, salud, educación y vivienda adecuadas, depurando los padrones de los programas sociales para que se deje de lucrar con la pobreza.

“Ya basta de acciones clientelares, aisladas, duplicadas y sin objetivos claros. “La pobreza debe dejar de ser el objeto del deseo de la política”, dijo Rogelio Gómez Hermosillo al presentar propuestas de eliminar la compra de votos a los destinatarios de los programas sociales y los principios de un plan integral de superación de la pobreza y la desigualdad.

La pobreza es la manzana podrida del sistema mexicano, señaló Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, “divide cruelmente a la sociedad con más de un cincuenta por ciento de mexicanos pobres y sin derechos”.

El Gobierno en los días que restan podría, al menos, depurar los padrones de beneficiarios y dejar de desviar los recursos que deben llegar a quienes más lo necesitan, señaló Gómez Hermosillo.

Este lunes, Acción Ciudadana Frente a la Pobreza presentó los resultados del ejercicio ciudadano Democracia Sin Pobreza, el cual evidenció que la compra y coacción del voto es una práctica con presencia nacional que ejercen los partidos políticos mexicanos, que es inútil porque no resuelve la pobreza, que es ilegal porque altera la voluntad soberana del pueblo, porque es inmoral porque lucra con la dignidad de los más pobres, y, además, queda impune como consecuencia de la debilidad institucional en que opera.

Desde la esfera del poder, denunció, se ejecutan un conjunto de acciones y se toman decisiones que facilitan la compra de votos y su impunidad, sostiene la organización que documentó que el proceso de debilitamiento institucional se inicia desde el diseño discrecional del presupuesto de egresos, pasa por la falta de transparencia y rendición de cuentas de los programas sociales y por la presencia de instituciones de fiscalización sin dientes como la Fepade, lo que propicia que los procesos electorales concluyan sin castigo para nadie.

“En particular fue grave la actuación del Tribunal que revocó la resolución del INE que buscaba impedir el uso clientelista de programas sociales”, destacaron las organizaciones.

Los resultados de Democracia Sin Pobreza indicaron que la oferta de compra y coacción del voto podría haber llegado al 33.5 por ciento del electorado nacional, es decir aproximadamente a 29. 9 millones de personas.

Gracias que un 17.3 por ciento de ellos, es decir 15. 5 millones de ciudadanos, rechazaron la oferta de dinero a cambio de su voto, la compra de votos no alcanzó dimensiones que afectaran los resultados en las urnas.

El ejercicio ciudadano Democracia Sin Pobreza promovió la participación ciudadana en el proceso electoral 2018 para denunciar las acciones de compra y coacción del voto en el país.

En abril se abrió el sitio web www.democraciasinpobreza.mx en el cual se puso a disposición de la ciudadanía un formulario de denuncias, con la participación de los ciudadanos se armó un mapa de calor que muestra las localidades del país donde ocurrió la compra de votos, en otro mapa de la República Mexicana se mostró los precios a que fue comprado el voto en cada localidad donde ocurrió, se incluyó un compendió de las leyes que castigan la compra de votos y un análisis de la debilidad institucional que propicia esa práctica.

Previo a las elecciones del primero de julio, la empresa de demoscopia Data Opinión Publica y Mercados, con el patrocinio de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, levantó una encuesta con una muestra de mil 253 ciudadanos y un porcentaje de confianza estadístico de 95 por ciento que reveló la dimensión de la compra y coacción del voto en México.

Frente a la Pobreza también se congratuló con las intenciones anunciadas por el futuro gobierno federal de darle prioridad a la superación de la pobreza y sugirió hacerlo con un plan integral que articule la política social y la política económica para garantizar crecimiento y distribución equitativa de los beneficios, así como adoptar el enfoque de derechos previsto en el artículo 1 de la Constitución.

Reconoció también la propuesta del presidente electo de reforzar las sanciones contra el fraude electoral, y pidió reforzar sanciones, en lo electoral y administrativo a quienes condicionan programas sociales y realizan operativos de compra y la coacción de votos.

LA PROPUESTA PARA REDUCIR LA POBREZA

ParaAcción Ciudadana Frente a la Pobreza, el plan frente a la pobreza debe estar basado en dos grandes principios:

–Nuevo modelo económico articulado a la política social.

–Enfoque de derechos conforme al art. 1º de la Constitución.

De acuerdo con las organizaciones, el nuevo modelo económico articulado a la política social debe considerar al menos:

1. Erradicar la pobreza laboral con salario suficiente. Incrementar el salario mínimo hasta que cubra las necesidades de las personas que trabajan y sus familias. Y recuperar gradual y realmente el valor de los salarios. Hoy el 40 por ciento de quienes trabajan no cubren el costo de la canasta alimentaria. Quien trabaja no debe ser pobre.

2. Fomentar la productividad del sector social. Crear un fondo de fomento a las cooperativas y las empresas de propiedad social, eliminando los subsidios regresivos del campo, que dan más a quienes más tienen. Para fortalecer la capacidad productiva de las comunidades indígenas y los pequeños productores del campo.

3. Crear opciones de “2ª oportunidad” para jóvenes. Espacios de formación para jóvenes en rezago educativo con vinculación a trabajos bien remunerados y formas de aprendizaje y desarrollo de competencias para culminar el ciclo secundario.

Hay 11 millones de jóvenes mayores de 20 y menores de 30 años, sin educación media superior completa.

4. Multiplicar la Inversión en infraestructura y desarrollo productivo, en el sur –sureste del país con modelos de asociación de las comunidades y pueblos en los grandes proyectos de inversión, para la creación de cadenas productivas de valor.