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Ana Cristina Ruelas

10/11/2020 - 12:01 am

Una decisión poco popular

En México y Latinoamérica, más que en el país vecino, la actuación de las televisoras se puso en el debate público.

Trump durante una conferencia de prensa. Foto: Evan Vucci, AP.

La semana pasada, en el marco de las elecciones de EU y tras la posible victoria de Joe Biden, el Presidente Donald Trump decidió convocar a una conferencia de prensa en la Casa Blanca, durante el horario más visto en los canales de televisión abierta. Algunas cadenas de televisión, que habían interrumpido su programación tradicional para escuchar al Presidente, decidieron cortar la transmisión por la falsedad de las declaraciones expuestas por Trump desde los primeros 35 segundos de su discurso. Los conductores después advirtieron que las declaraciones del Presidente, además de sin evidencia, eran peligrosas para el momento que está viviendo el país.

En el mismo sentido, la plataforma Twitter ha etiquetado y limitado el acceso a un buen número de Tweets del Presidente que considera tienen contenido falso o engañoso. Las reglas de la plataforma que dan lugar a esta acción se fijaron desde el año pasado, pero este año han sido implementadas en diversas ocasiones con Trump. Según la plataforma, no puedes utilizar los servicios de Twitter con el fin de manipular o interferir en elecciones u otros procesos cívicos. En este sentido, etiquetan o reducen la visibilidad de los Tweets que contengan información falsa o engañosa respecto de los procesos cívicos y, en algunos casos, ofrecen más contexto.

En México y Latinoamérica, más que en el país vecino, la actuación de las televisoras se puso en el debate público e incluso llegó a ser trending topic por un buen rato dentro de la red social de Twitter. Algunos argumentaron una especie de censura y otros un acto heroico por parte de las empresas de medios. En esta columna, la intención no es fijar una postura, sino brindar algunos elementos que se han quedado fuera del debate que valdría la pena considerar antes de llegar a una posición.

En principio, es importante considerar que la libertad de expresión al no ser un derecho absoluto está sujeta a restricciones que, según dicen los principios, deben “estar definidas por ley” y ser “necesarias en una sociedad democrática”. Además, el discurso en el marco de un proceso electoral se encuentra especialmente protegido por lo que cualquier restricción puede ser desproporcionada

El contexto importa mucho cuando se trata de restricciones a la libertad de expresión. En Estados Unidos, las decisiones editoriales de un medio están protegidas por sobre todas las cosas en la primera enmienda de su Constitución. Esta protección les permite fijar posturas políticas y definir previamente las formas a través de las cuales van a dar cobertura a ciertos procesos. Es decir, para los medios de comunicación es normal que la audiencia identifique claramente su filiación partidista y esta identidad también les ayuda a acercar a sus audiencias. De hecho, el público estadounidense no apela a la neutralidad y objetividad de la prensa sino que se aproximan a los actos periodísticos con mediano conocimiento de los intereses políticos que prodigan. Además, un ciudadano promedio en el país vecino señala a la “libertad” y la “democracia” como los valores intrínsecos de su sistema político, situación por la cual los medios también son reconocidos como un “cuarto poder”, un pilar dentro de ese sistema democrático. Desde inicios de la pandemia, por ejemplo, muchos medios batallaron para contextualizar las palabras de Trump respecto al virus, e incluso, decidieron no difundirla a fin de no generar más desinformación.

En México, las decisiones editoriales muchas veces dependen de quién paga por la publicidad, las poco transparentes relaciones político-económicas de dueños de medios o bien del contentillo del director en turno. De hecho, pocas veces existen criterios editoriales definidos dentro de nuestros grandes medios de comunicación. Y no podemos aún decir que la democracia es un valor de nuestro sistema político y tampoco que los medios han ocupado el poder como contrapeso, para ser considerados un cuarto poder, sino más bien, históricamente, fueron parte de la construcción del poder autoritario y solo en los últimos años algunos han empezado a separarse de éste y ejercer una función social de control y contrapeso. Luego entonces, es complicado comparar la acción en Estados Unidos pensando en el terreno propio.

Otro elemento contextual que se debe tomar en cuenta, cuando se trata de restricciones a la libertad de expresión, tiene que ver con la necesidad del momento, es decir si la volatilidad y polarización política existente en el país justifica la acción de los medios. De acuerdo a lo que algunos especialistas como el periodista David Speers de ABC TV Insiders “la situación en los EU ya es muy volátil, por lo que hay que tener en cuenta las consecuencias de echar más combustible a esas llamas difundiendo información falsa”. Aquí es donde viene la pregunta sobre la proporcionalidad y sobre la forma menos lesiva para limitar la expresión. Es decir, si “el daño” y “la peligrosidad” del discurso aludido por las cadenas de televisión amerita cortar de tajo la transmisión o si existen otras maneras, como lo hizo CNN al pasar el cintillo, menos lesivas para generar el mismo efecto.

Además, un factor que ha sido poco discutido por los medios a nivel global y que en México no fue para nada tomando en cuenta en el debate, es sobre su papel para contrarrestar el discurso de odio y la desinformación en la era digital tomando en cuenta la escalabilidad del discurso. Es decir, si bien es cierto es que estos temas han existido históricamente y que hay respuestas al respecto desde los principios internacionales de libertad de expresión para el mundo físico, no podemos reducir la discusión a “lo que se protege en el mundo físico debe protegerse en el mundo digital” porque existe un tema de escala que tiene efectos diversos a lo que vemos en el mundo físico. El mensajero del odio en el mundo físico puede llegar a miles de personas pero en el mundo digital a billones. Es por esto que plataformas como Twitter han tenido que tomar decisiones sobre sus contenidos que, en principio, en el mundo físico parecían fuera de lugar y que Facebook ha tenido que echar a andar una estructura de supervisión de contenidos que puedan dar respuesta a esta problemática.

Luego entonces ¿qué tendrían que hacer los medios? ¿retransmitir el odio, contextualizarlo, comentarlo, contraatacarlo? Por supuesto, a nivel global, las respuestas para contrarrestar este tipo de discursos, cuando se trata de una persona común y no del Presidente del país más poderoso del mundo, han sido por un lado (principalmente los países del norte) exigir transparencia, rendición de cuentas y debido proceso a las plataformas y, por el otro (principalmente los países del sur), impulsar mecanismos de censura.

Finalmente, algo que llama la atención, es la forma en la que se dio la conferencia, porque no es una cuestión menor. ¿Trump, convocó a los medios y se dirigió a la nación desde el podio presidencial, la sala de conferencias de la Casa Blanca en su calidad de Presidente o de candidato perdedor? El espacio y la calidad importan también al momento de juzgar la acción de los medios pues de esto también depende el impacto, el alcance y la capacidad para transmitir el mensaje.

Como dije no se trata de fijar postura, se trata de traer más elementos a la mesa y por supuesto de que el debate sirva para que los medios mexicanos cuestionen su papel más allá en un mundo de blancos y negros donde los grises son difíciles de identificar, donde el contexto es importante y también lo es la volatilidad y violencia a la que nos enfrentamos.

Ana Cristina Ruelas
Ana Cristina Ruelas, colabora en la oficina regional para México y Centroamérica de ARTICLE 19. Es abogada y maestra en administración pública y políticas públicas. Se desempeño como Directora Regional y Oficial del Programa de Derecho a la Información en la misma organización y ha trabajado en organizaciones de derechos humanos en México y en Perú en temas relacionados con participación ciudadana y educación para el desarrollo.

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