Por: Janet Oropeza y Matilde Pérez*

En febrero de 2024, Joana R. de 38 años, originaria de Aguascalientes, comenzó con hemorragias vaginales, ocasionadas por un tumor maligno en el cuello uterino. La noticia de tener cáncer era angustiante y abrumadora, así que Joana fue a su clínica del IMSS para tratarse. Como no logró una pronta atención, y ante el miedo de que el cáncer se extendiera, pagó de sus propios recursos una cirugía en un hospital privado para remover su matriz y cuello uterino. Después de la operación, acudió nuevamente al IMSS, pues era necesario monitorear que no hubieran quedado células malignas o que estas no se volvieran a desarrollar. Varios meses después, por fin logró tener consulta en la Clínica 1 con una gineco-oncóloga que le mandó sesiones de radiación y quimioterapia y le indicó que el hospital le llamaría para agendarlas. Cuatro meses después, Joana regresó a la Clínica 1 a consulta, donde le pidieron reagendar su cita, pues la médica ya no trabajaba ahí, sin darle explicación alguna de por qué no había comenzado aún sus sesiones. Ante esto, Joana decidió acudir al Hospital General estatal donde detectaron que el cáncer había vuelto y le dieron por fin el tratamiento de radiación, quimioterapia y braquiterapia que necesitaba.

Como Joana, millones de pacientes enfrentan a diario las consecuencias de un sistema de salud público rebasado, insuficiente en infraestructura y personal, bajo financiamiento, atención diferenciada dependiendo de la institución pública donde te trates, además de desabasto de medicamentos y vacunas, y en donde los largos tiempos de espera para cirugías y tratamientos pueden hacer la diferencia entre la vida y la muerte.

El Gobierno de Sheinbaum ha reconocido varias de estas problemáticas y delineó en documentos como el Proyecto de Nación 100 pasos para la Transformación y en las propuestas bajo el nombre de República Sana algunas medidas que implementará en el sistema de salud. Por ejemplo, propone mejorar las capacidades e infraestructura del IMSS-Bienestar en 23 estados, conseguir que el ISSSTE, IMSS e IMSS-Bienestar ofrezcan una atención similar, ampliar los turnos en clínicas, hospitales y quirófanos, lograr que las instituciones de salud compartan infraestructura, construir centros de salud en 154 municipios que carecen de éstos, implementar el expediente electrónico digital, garantizar al 100 por ciento el abasto de recetas, entre otras.

En enero de 2025, el Gobierno realizó un proceso de consulta donde compartió su visión para el país y algunas de sus propuestas e invitó a la sociedad a enviar comentarios o recomendaciones para construir el Plan Nacional de Desarrollo. En Fundar hicimos uso de este mecanismo de participación y compartimos las siguientes recomendaciones pueden fortalecer aún más la garantía de este derecho:

Diseñar e implementar las políticas en salud con un enfoque de derechos humanos, género e intercultural que considere las diversas intersecciones y necesidades diferenciadas de las personas (discapacidad, migrantes, infancias, juventudes, poblaciones indígenas o afromexicanas, diversidad sexo genérica, mujeres, etcétera). Por ejemplo, un enfoque interseccional y centrado en derechos considera que en la construcción de infraestructura se tomen en cuenta aspectos de accesibilidad para personas con discapacidad, ciegas o débiles visuales. Por su parte, un enfoque intercultural permitiría el respeto de las cosmovisiones de los pueblos indígenas y afromexicanos y el reconocimiento del rol de parteras o médicas y médicos tradicionales en la salud comunitaria.

Incrementar progresiva y sustancialmente el gasto en salud pública. Para mejorar el sistema y garantizar una atención oportuna, accesible, de calidad y aceptable para las personas, son necesarios más recursos. México destina sólo el tres por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) a la salud pública, cuando internacionalmente se recomienda asignar el seis por ciento. Además, si bien entre 2019 y 2024 el gasto en salud pública creció, en 2025, tuvo una reducción de -12 por ciento en términos reales frente al año anterior, lo que significa que este año hay 122 mil millones de pesos (mdp) menos.

Evitar realizar recortes durante el año al presupuesto aprobado por el Legislativo. Si de por sí el presupuesto para salud es bajo comparado con las necesidades que existen, el Poder Ejecutivo recorta estos recursos en el transcurso del año, sin dar ninguna explicación y justificación. Por ejemplo, en 2023, el Legislativo asignó 910 mil mdp a la función salud, pero el Ejecutivo los recortó en -6.51 por ciento, equivalentes a 59 mil mdp. Estos recortes deben evitarse por ser altamente regresivos.

Implementar medidas para disminuir las brechas de desigualdad que hay entre los distintos subsistemas de salud para garantizar una atención similar independientemente de la situación laboral o geográfica de las personas. Históricamente, los sistemas de salud para personas con seguridad social (IMSS, ISSSTE, Petróleos Mexicanos, Secretaría de Marina, etc.) han contado con mayor financiamiento per cápita que aquellos para población abierta (sistemas de salud estatales, IMSS-Bienestar, etc.), lo que se traduce en menores capacidades de atención, infraestructura, medicamentos, y profesionales de la salud. Es necesario comenzar a revertir estas brechas con acciones, metas e indicadores claros y medibles.

Garantizar la transparencia y rendición de cuentas del sistema de salud. En los últimos seis años, el sistema ha enfrentado muchas transformaciones: se transitó del Seguro Popular al Insabi y luego al IMSS-Bienestar y al menos en tres ocasiones se modificó el esquema de compra y distribución de medicamentos. Incluso, recientemente se canceló la compra de medicamentos y se removió a personal de Birmex por irregularidades, lo que ha generado preocupación e incertidumbre. Por ello, se requiere transparencia y rendición de cuentas para conocer los roles y responsabilidades de los distintos actores del sistema y poder monitorear los indicadores en salud, el presupuesto desagregado o la entrega oportuna de medicamentos a pacientes.

Hoy, afortunadamente, Joana está en remisión y sigue con su tratamiento, sin embargo, su historia es un botón de muestra de que los desafíos del sistema de salud público son aún enormes. En este contexto, un involucramiento sustantivo de la ciudadanía (pacientes, colectivos, organizaciones de la sociedad civil, academia, etc.) en la planeación e implementación de la salud pública y el compromiso del Gobierno de rendir cuentas de forma oportuna sobre sus acciones, decisiones y presupuestos puede ser un paso positivo para fortalecer el sistema de salud público, de lo contrario se seguirá poniendo en riesgo el derecho a la salud y la vida de las personas.

Las propuestas de Fundar en materia de salud para el gobierno entrante pueden ser consultadas en https://fundar.org.mx/recomendaciones/

Desde Fundar, agradecemos a Joana R. por compartirnos su testimonio y a la asociación Eli Lozano Yo luchó contra el cáncer AC por facilitarnos un acercamiento con pacientes de cáncer en el estado de Aguascalientes y por compartirnos sus experiencias y trabajo.

* Janet y Matilde son investigadoras en el programa de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de @FundarMexico.

Fundar

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