Se podría argumentar que la libertad de expresión es el fundamento y causa de otras libertades. Sin la capacidad de los individuos para comunicar sus ideas y pensamientos sin obstáculos, difícilmente puede existir una sociedad que garantice la autonomía de las personas necesaria para su florecimiento. 

Esto lo tenían claro quienes agregaron el Bill of Rights a los siete artículos de la Constitución aprobada en Filadelfia y que ha sido la base para que Estados Unidos haya sido un ejemplo mundial de cómo debe funcionar una República liberal y democrática. Por eso la Primera Enmienda trata de la libertad de prensa, expresión y religiosa.

También lo tuvo claro el gran poeta londinense, John Milton, cuyo principal legado político quizás haya sido su Areopagítica. En esta obra clásica, Milton hace un alegato en defensa de la libertad de expresión en el que también criticó los intentos por parte del poder establecido por censurar publicaciones que no son de su gusto o que atentan contra sus intereses, que no siempre son los de la sociedad.

El mundo ha cambiado desde entonces, en términos de los medios tecnológicos que los seres humanos usamos pero no en cuanto a la libertad humana de expresarse que es universal y que debe existir siempre mientras haya sociedades democráticas.

Todo esto viene a cuento debido al reciente intento por parte del Gobierno mexicano de controlar los contenidos que circulan en internet y otros medios de comunicación. En efecto, la iniciativa de Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión propuesta por la Presidenta y su grupo en el Congreso, de aprobarse, representaría un golpe brutal a las libertades ganadas por los mexicanos en materia de expresión de las ideas.

De acuerdo con el artículo 109 de la citada Ley, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones tendría la facultad de impedir publicaciones de plataformas digitales que a su juicio sean críticas del Gobierno.

La situación era más grave pues el Gobierno pretendía que la Ley se aprobará antes del 30 de abril sin discusión alguna. Por ahora, afortunadamente, ese riesgo se ha difuminado, pues la Presidenta ha dicho que se redactará de nuevo el artículo 109 para tomar en cuenta las críticas que se han hecho. Hay que decir que sin la presión de la sociedad civil esto no habría sido posible. Será fundamental que ésta participe activamente en el parlamento abierto que, sabemos, se realizará para discutir esto. Todo esto es positivo y habla de cierta capacidad de rectificar por parte de la Presidencia. De todos modos, esto no quita que se haya presentado una Ley de censura y que ésta aún podría imponerse con otra redacción

Otro punto importante tiene que ver con el hecho de que el Gobierno aprovechó la inconformidad ciudadana por la publicación de los videos contra los migrantes publicados por el Gobierno de Estados Unidos para introducir esta Ley de censura, diríamos, por abajo de la manga. Esta práctica ya se está convirtiendo en un hábito autoritario de este Gobierno.

Por una serie de razones la actuación del Congreso está resultando crucial para limitar, aunque no como debiera, iniciativas obviamente autoritarias. Lo que le debe quedar claro a quienes pretenden arrogarse la capacidad de decidir qué se publica y qué no es que seremos muchos quienes nos opondremos con todo nuestro espíritu republicano a semejante enormidad.

Gustavo de Hoyos Walther

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Abogado y empresario. Ha encabezado diversas organizaciones empresariales, comunitarias, educativas y filantrópicas. Concentra su agenda pública en el desarrollo de líderes sociales (Alternativas por México), la participación ciudadana en política (Diputado Federal) y el fortalecimiento del estado de derecho (Consejo Nacional de Litigio Estratégico).

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