Diez años después de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrida en la trágica noche de Iguala, Guerrero el 26 y 27 de septiembre de 2014, no se sabe nada del destino de los estudiantes ni existe una investigación definitiva que identifique y sancione a los perpetradores de este crimen. Debido a la enorme presión política generada por la indignación social que este episodio causó, el Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, se apresuró a presentar una versión de cómo ocurrieron los hechos que fue conocida como la “verdad histórica”, según la calificó el entonces Procurador Jesús Murillo Karam.

Sería lamentable e indignante que ahora el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pretenda presentar una nueva “verdad histórica” para encarar el desafío que representan los hallazgos e indicios encontrados en el rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco.

Al menos hacia allá apunta la versión que presentó el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado 29 de abril sostuvo que el rancho Izaguirre sí fue un centro de entrenamiento de sicarios para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), pero se empeñó en descartar que se tratara de un centro de exterminio o incluso de que se hubieran encontrado restos humanos en ese sitio. Así lo dijo: “¿Había ahí un sitio de cremación? No hay una sola prueba que acredite ese dicho. ¿Qué es lo que sí se ha encontrado? Lugares, zanjas y algunos agujeros donde se hacían fogatas”, y agregó que para reafirmar esa postura se solicitaron peritajes a expertos de la Universidad Nacional de Autónoma de México (UNAM) quienes registraron temperaturas de 200 grados centígrados, muy por debajo de los 800 grados requeridos para una cremación, según el Fiscal.

Desde que el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco dio a conocer en una transmisión en vivo el 5 de marzo de este año imágenes con montones de zapatos, ropa y prendas personales de varias personas y además excavaciones en el suelo que presumiblemente fueron utilizados como hornos crematorios, el Gobierno de la Presidenta, el Fiscal y comentaristas oficialistas se han empeñado en negar y descartar que el Rancho Izaguirre funcionara como un centro de exterminio.

Sin embargo, el empeño en negar que en el rancho de Teuchitlán hubiera hornos crematorios contradice la versión, las imágenes y evidencias que recolectó en su momento el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco. Por eso, tras las declaraciones del Fiscal, el colectivo emitió un comunicado donde cuestionan y refutan la versión de Gertz Manero. “Hace unos días nos mataron a una mamá del colectivo (María del Carmen Morales y a su hijo Jaime Daniel Morales Ramírez). Hoy, el Fiscal General quiere matar la verdad. No permitamos que eso suceda”, señalaron en un comunicado público y añadieron: “Quiero informar al público que en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses existen pruebas contundentes que respaldan nuestra lucha. Hay 17 lotes de restos humanos óseos calcinados, recuperados del Rancho Izaguirre que son pruebas suficientes de que estamos hablando de seres humanos, no solo de una vasija como afirma el Fiscal”.

Además la versión del Fiscal federal contradice la información de la propia Fiscalía General de Jalisco quien en un comunicado del 13 de marzo reveló que los peritos de la dependencia trabajaban para “determinar la antigüedad exacta de los restos y sus posibles identificaciones, garantizando que cada hallazgo sea tratado con el debido rigor científico y respeto a las víctimas y sus familias”. Incluso el Secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, declaró al informar sobre la detención de José Gregorio ‘N’, alias el Lastra como responsable del reclutamiento por parte del CJNG, que en el rancho Izaguirre sí hubo asesinatos.

Y sobre la negación de que en el rancho hubiera cremaciones, el diario El País publicó detalles de un estudio de la Secretaría de Ciencia del Gobierno de México, que identificó en el rancho “altas concentraciones de ceniza” y humo procedente de hogueras alimentadas con hidrocarburos “como gasolina, diésel o llantas” en 2019 (El País, 29 abril 2025).

El empeño por parte del Fiscal para admitir que en el rancho Izaguirre fuera centro de exterminio o incluso que hubiera cremaciones no puede verse sino como un nuevo intento de crear una nueva “verdad histórica” para tratar de minimizar lo encontrado en Teuchitlán y para tratar de atenuar la presión social y política exigida por la sociedad mexicana.

Es un empeño vano, pues lo relevante no es si el rancho era solo centro de entrenamiento o también de exterminio, sino lo que revela en conjunto la existencias de este rancho: un centro de operación del crimen organizado conformado por varias fases que van desde el reclutamiento, entrenamiento, emplazamiento hasta el asesinato, la desintegración o incineración de los cuerpos desechables para estas empresas criminales que tienen como lógica central la acumulación de capital en la esfera del capitalismo ilegal. Pero igual de relevante es que este sistema económico-criminal no puede operar y funcionar sin la complacencia o complicidad de amplias esferas del aparato de Gobierno: policías municipales, alcaldías, policías y fiscalías estatales hasta Guardias Nacionales y elementos de la Marina y del ejército. Esto es lo relevante del rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco y que se multiplica por cientos de unidades de producción para el sistema económico-criminal que es el narcotráfico y otros negocios del crimen organizado.

Empeñarse en negar que hubiera cremaciones en el rancho Izaguirre es tratar de ocultar la magnitud de la crisis humanitaria y la crisis por desapariciones y forense que existe en México. La versión del Fiscal, presentada el pasado 29 de abril, va en sentido contrario a las primeras declaraciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum al sostener que en este caso se pondría en primer lugar a las víctimas. Ojalá el Gobierno de la Presidenta rectifique, cumpla su compromiso con las familias que buscan a sus desaparecidos y convierta la tragedia revelada en el rancho Izaguirre en una oportunidad para que el Estado (Gobierno federal y locales) encare de una vez por todas la crisis por desapariciones como una emergencia nacional, tal como la que tenemos en México.

Rubén Martín

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Periodista desde 1991. Fundador del diario Siglo 21 de Guadalajara y colaborador de media docena de diarios locales y nacionales. Su columna Antipolítica se publica en el diario El Informador. Conduce el programa Cosa Pública 2.0 en Radio Universidad de Guadalajara. Es doctor en Ciencias Sociales. Twitter: @rmartinmar Correo: [email protected]

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