En las últimas semanas hemos sido testigos de una serie de acciones por parte del poder público que ponen en peligro el ejercicio de la libertad de expresión, tanto en determinadas regiones como en el país.

Garantizar la libre expresión de las ideas no sólo es uno de los derechos imprescindibles, sino que es la base del ejercicio de otros derechos.

Esta idea fundamental no parece ser compartida por algunos miembros del régimen que gobierna al país. Hay varios ejemplos de esto. Entre ellos destaca la llamada Ley de Ciberseguridad que el ingenio popular ha bautizado como la Ley Censura, puesta en marcha por el Gobernador del estado de Puebla. No fue sino hasta que hubiera sido duramente criticado cuando el Gobernador llamó a una discusión del asunto. El problema fue que para entonces el Congreso del Estado con mayoría morenista ya había aprobado las reformas.

Que tal Ley constituía efectivamente un peligro grave para la libertad de expresión fue claro cuando incluso la normalmente inactiva Comisión Nacional de Derechos Humanos exhortó al Gobernador de la entidad a revisar, en particular, el artículo 480 que estipula de manera poco clara un supuesto delito de “ciberasedio.”

Qué la máxima autoridad en México en materia de derechos humanos haya intervenido en un asunto que competía a una entidad federativa hace pensar en la importancia que está adquiriendo este tema en la sociedad mexicana.

El caso de Puebla no es el único. Lamentablemente ha habido otros que han tenido que ver con críticas que personas le han hecho a órganos del Estado mexicano y a legisladores federales.

La palabra crítica aquí es fundamental. Habría que distinguir entre críticas válidas al poder y el acoso injusto que alguien podría realizar contra los gobernantes. La primera debe ser tolerada sin límite alguno. El segundo debe ser investigado y, en su caso, sancionado.

El problema radica en los criterios que se utilizan para discernir entre uno y otro. Una regla de oro, en este sentido, sería que, en caso de duda, se debe privilegiar cualquier decisión en favor de ampliar el derecho a la libertad de expresión.

Hay que discutir también cómo podemos hacer más difícil que algún gobernante abuse del poder contra algún ciudadano, alegando haber sido insultado. Hace poco fuimos testigos de un acto que pasmó con razón a buena parte de la sociedad mexicana, cuando un Senador de la República - con el respaldo de todo el poder del Estado - humilló y obligó a un ciudadano a pedirle disculpas públicas. Esto es un exceso que no debe ser tolerado en una República bien ordenada.

El historiador británico, Lord Acton, dijo alguna vez que el poder corrompe, pero que el poder absoluto corrompe absolutamente. Es por eso que la receta liberal al problema del poder continúa siendo la mejor: limitarlo. Y una forma, entre muchas, de limitarlo es ampliando las libertades de expresión de la ciudadanía y reduciendo los márgenes para el abuso del poder por parte de los gobernantes. Esta debe ser la divisa hacia el futuro.

Gustavo de Hoyos Walther

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Abogado y empresario. Ha encabezado diversas organizaciones empresariales, comunitarias, educativas y filantrópicas. Concentra su agenda pública en el desarrollo de líderes sociales (Alternativas por México), la participación ciudadana en política (Diputado Federal) y el fortalecimiento del estado de derecho (Consejo Nacional de Litigio Estratégico).

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