Mientras el Gobierno de Claudia Sheinbaum se encuentra contra las cuerdas por las solicitudes de extradición del exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y de otros políticos sinaloenses, sacó el Gobierno de Trump su nueva (es un decir) estrategia contra las drogas. ¡Vaya sorpresa de documento! Resulta que se trata de una exacerbación de la guerra, con los mismos subterfugios y con la misma agenda oculta, racista e intervencionista, que inauguró Nixon hace 55 años. El documento no escatima en retórica bélica ni en grandilocuencia moral: habla de “orden de batalla”, de “ofensiva implacable” y de la necesidad de “romper la espalda” de las organizaciones criminales. Define el fentanilo como arma de destrucción masiva y convierte a los cárteles en organizaciones terroristas, con todo el andamiaje jurídico que eso implica. La guerra contra las drogas se reafirma como guerra: sin matices, sin aprendizaje, sin memoria.

El diagnóstico se construye sobre una narrativa a la medida del consumo político de MAGA y el puritanismo gringo: una fábula de agresión externa, un supuesto “asalto químico” perpetrado por enemigos identificables que se aprovechan de fronteras porosas y de la complacencia de gobiernos extranjeros, con la que se absuelven culpas internas y se disfrazan problemas estructurales como amenazas importadas. La respuesta moviliza todo el aparato estatal —sanciones financieras, interdicción, presión diplomática— bajo una lógica única: reducir la oferta, castigar intermediarios y encarecer el negocio hasta volverlo inviable. La coartada permite que todo se valga y diluye cualquier límite al poder, mientras los políticos conservadores se envuelven en la bandera y repiten, con devoción de creyentes, la misma receta fallida.

El libreto ya se conoce y aun así lo representan como si se tratara del estreno de un inédito. Cada vuelta de tuerca sobre los mercados ilegales afina el ingenio del negocio: sustancias más concentradas, rutas más elusivas, organizaciones más ágiles. La propia estrategia lo admite al describir ese ecosistema mutante. La réplica oficial, fiel a la liturgia, redobla la apuesta: más persecución, más sanciones, más gadgets, más guerra. El mecanismo funciona como reloj suizo: perfecciona lo que dice combatir y acumula daños con disciplina ejemplar.

El caso del fentanilo ilustra el fracaso con una crudeza apabullante. La prohibición de los opioides legales, se sabe, abrió el camino a la heroína; la persecución de la heroína dio paso al fentanilo; la presión sobre el fentanilo ya está generando nuevas sustancias sintéticas, más baratas, más potentes y más difíciles de detectar. La lógica de la guerra empuja hacia drogas cada vez más letales y mercados cada vez más violentos. La estrategia de Trump no rompe esa dinámica; la intensifica.

En este triste cuento, México aparece como territorio de tránsito, de producción y de conflicto, pero sobre todo como un Estado históricamente débil, obligado a negociar su presencia en el territorio con actores que combinan violencia, recursos económicos y arraigo local. La narrativa estadounidense exige un socio que actúe con la misma lógica de guerra. La realidad mexicana ofrece otra cosa: un entramado institucional donde el control se ejerce mediante arreglos, pactos y equilibrios inestables.

El problema rebasa con mucho la simplificación habitual que reduce todo a etiquetas escandalosas. “narcogobierno”, “narcopartido”, como si fuera nueva la incapacidad del Estado para frenar a los especialistas en mercados clandestinos. Lo que se observa en buena parte del país es un fenómeno de captura local, en el que organizaciones criminales han logrado insertarse en las estructuras de poder municipal y estatal, no como sustitutos del Estado, sino como socios incómodos en la gestión cotidiana del orden. Nada nuevo, por cierto.

En México la violencia se ordena. El juego político opera mediante arreglos entre élites que concentran recursos y capacidad de coerción y que negocian su reparto. Esa lógica atraviesa la historia nacional desde el siglo XIX, con ajustes de forma pero sin alterar el fondo: un Estado que no termina de consolidar un monopolio efectivo de la fuerza ni de imponer condiciones de acceso equitativas al poder.

El narcotráfico se insertó en ese entramado como una fuente extraordinaria de recursos y como un factor de desestabilización que exigió nuevos pactos. Durante décadas, el régimen político logró reducir la violencia mediante acuerdos implícitos y explícitos. La transición democrática erosionó esos mecanismos sin sustituirlos por instituciones capaces de regular el conflicto. El resultado fue una fragmentación del control territorial y una multiplicación de actores armados con capacidad de imponer condiciones. En ese espacio ambiguo, el ejército mexicano ha jugado un papel tan central como opaco: administra zonas, negocia presencias, dosifica la fuerza y, al hacerlo, reproduce la lógica que dice combatir, con márgenes de discrecionalidad que desdibujan cualquier pretensión de control civil efectivo.

La estrategia estadounidense presiona sobre ese sistema sin parar en mientes en su lógica. Exige resultados inmediatos en términos de decomisos, detenciones y extradiciones, mientras el Estado mexicano carece de la capacidad —y en muchos casos de la voluntad— para alterar de manera profunda los equilibrios locales. Las solicitudes de extradición contra políticos sinaloenses, incluido el propio Gobernador Rocha Moya, se inscriben en esa dinámica: exponen la fractura entre una política exterior de garrote y una política interna sostenida en componendas.

El Gobierno de Sheinbaum enfrenta un entrampamiento evidente. La retórica evita cualquier cuestionamiento serio a la estrategia prohibicionista, al tiempo que rehúye los costos de una confrontación abierta con las organizaciones criminales que forman parte de los equilibrios locales. El resultado es una política errática, que combina gestos de colaboración con Estados Unidos con una práctica cotidiana de administración del conflicto en el territorio.

La falta de iniciativa para impulsar un cambio de paradigma en la política global de drogas contrasta con la magnitud del problema. México podría articular, junto con otros países afectados, una agenda orientada a la regulación, a la reducción de daños y a la despenalización de mercados que hoy alimentan la violencia. En su lugar, opta por la inercia y por la adaptación a las presiones externas.

Mientras tanto, las organizaciones criminales diversifican sus actividades, amplían su control territorial y profundizan su inserción en economías legales e ilegales. El narcotráfico sigue siendo una fuente central de recursos, pero ya no es la única. La extorsión, el control de mercados locales, la captura de rentas en sectores formales y la infiltración en gobiernos municipales configuran un poder que desborda cualquier estrategia centrada exclusivamente en la droga.

El equilibrio se sostiene con alfileres. La retórica de guerra choca con la negociación de todos los días. La exigencia de resultados se estrella contra instituciones débiles y capturadas en lo local. El país queda atado a una política fracasada que se repite porque rinde políticamente en el norte y porque aquí no hay cabeza ni voluntad para cambiarla.