En nuestra colaboración anterior señalábamos que el modelo político mafioso sinaloense había creado un doble laboratorio hipotético: uno, político-autocrático pensado para ganar elecciones indefinidamente y una vez consolidado, clonarlo en otros estados y, paulatinamente, uniformar la captura institucional en la federación y, el mafioso, para hacer de Sinaloa un espacio de impunidad para instalar laboratorios y satisfacer la demanda en el mercado estadounidense.

Estos objetivos iban viento en popa hasta que Donald Trump ganó las elecciones presidenciales esgrimiendo la bandera de las cien mil vidas que su país perdía cada año por el consumo de fentanilo y le generó, probablemente, una gran cantidad de votos; el otro, fue la fractura en el Cartel de Sinaloa a raíz de los acontecimientos trágicos del 25 de julio de 2024 cuando Ismael "El Mayo" Zambada fue traicionado, secuestrado y extraditado a territorio estadounidense y Héctor Melesio Cuén asesinado.

Ambos sucesos se convirtieron en una bomba de tiempo que estalló el pasado 28 de abril cuando el Departamento de Justicia de los EU solicitó a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la detención y extradición de Rocha Moya, y otros nueve funcionarios y exfuncionarios del Gobierno del estado de Sinaloa para enfrentar causas penales.

Quizá si la solicitud hubiera sido contra un civil, como sucedió con los 92 ya extraditados, sería atendido ipso facto, sin embargo, no eran tales sino algunos de ellos pesos pesados del morenismo lo que resultaba inaceptable por un posible efecto domino en la cúpula de la 4T.

Y una primera reacción oficial fue proteger al Gobernador Rocha Moya bajo el argumento de que la solicitud no venía acompañada de pruebas para luego, después de que dos de los diez requeridos se entregaron, abandonar esa postura y escalar la narrativa como un asunto de soberanía nacional convirtiéndose en el triángulo perfecto de tensiones entre ambos países, porque ponía en entredicho la concentración de poder de la 4T y tenía, quizá, en Sinaloa el caso más acabado y sofisticado del país.

En Sinaloa se habían sentado las bases de un sistema híbrido, es decir, una red político criminal sostenida presumiblemente en un intercambio constante entre protección institucional, coordinación pragmática, corrupción como tecnología de gobierno y sustitución de instituciones formales por un tipo de gobernanza político-criminal.

Ahora, todas las variables se mantienen y ya no existe la vieja infraestructura política que permitía una pax narca con violencia administrada sin caos, como ha sucedido en los últimos dos años, que ha dejado miles de muertos y desaparecidos, daños inmensos en la estructura económica y laboral, además, de una migración constante a regiones más seguras.

La viabilidad de un modelo de gobernabilidad estable está en entredicho en tanto no se define el destino de los 10 funcionarios en activo y pasivo que está solicitando el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y las estructuras institucionales siguen controladas por los rochistas y la Gobernadora interina ha dicho que hará honor al “legado” de Rocha Moya.

Entonces, la pregunta que muchos nos hacemos más allá de la retórica y las narrativas es ¿dónde estamos al menos desde la solicitud del Departamento de Justicia estadounidense?

En términos estructurales tenemos una desestabilización hasta ahora controlada en alfileres, es decir, no estamos ante la evidencia de un derrumbe, aunque el edificio estatal cruje a cada momento y más, cuando la violencia continúa y desde Washington se produce una nueva declaración sobre el tema y sus personajes.

En tanto existe una fractura en las élites vinculadas al modelo Sinaloa y están en suspenso y no se ve como un bloque cohesionado alrededor de Rubén Rocha y cada uno busca estar lejos de cualquier salpicadura del lodo diplomático y mediático que pueda ponerlos en el ojo del huracán.

El caso más notorio es el de los aspirantes morenistas a la gubernatura del estado que después de un activismo anticipado han decidido parar en tanto no se vea claro el final de la solicitud estadounidense donde no se descarta una nueva lista de sinaloenses.

Y entonces, surgen distancias estratégicas entre los actores del sistema político criminal y aparecen filtraciones, deslindes y reacomodos lo que puede estar significando una suerte de guerra fría intra-élites, lo confirmamos, en la declaración de la Gobernadora interina cuando buscando proteger al gobernador señaló que la propuesta de integrar al general Gerardo Mérida al gabinete de Seguridad Pública Estatal fue de la Secretaría de Defensa Nacional y no su jefe político.

Esto significó, según trascendidos, un encontronazo verbal ríspido entre la Gobernadora Yeraldine Bonilla y el general Santos Gerardo, responsable de la Novena Zona Militar quien, producto de ese desencuentro, fue reubicado a Zacatecas.

Ahora bien, mientras la Presidenta Sheinbaum está en medio del vendaval político y mediático, el Presidente Trump administra cada golpe en el corazón de la legitimidad del gobierno morenista y, por ende, existe equilibrio inestable y en la atmósfera una suerte de paranoia política que definen los escenarios y posibles desenlaces que pudiera traer en el corto y en el mediano plazo:

Primero, optimista, muy optimista, que haya en Palacio Nacional un golpe de timón y se aproveche para revertir el modelo autocrático mafioso poniendo énfasis en la gobernabilidad democrática lo que significaría sentar las bases para realizar en 2027 elecciones legítimas, servicio profesional de carrera, transparencia efectiva, rendición de cuentas y, restablecimiento de la autonomía de los organismos electorales como también pesos y contrapesos institucionales capturados.

Segundo, continuidad, reacomodo en el sistema político donde se sustituye permanentemente a Rubén Rocha y a su equipo, sea vía extradición a Nueva York o juicio político y el sistema se mantiene reconfigurándose con nuevos equilibrios donde se prioriza la supervivencia del sistema político con algunos ajustes de imagen y prácticas.

Tercero, pesimista, una mayor fragmentación conflictiva dentro del sistema político a través de ruptura de pactos, violencia focalizada e incrementada, disputas intra-élites civiles y criminales si esto ocurre, el modelo entra en un estrés serio que terminaría demostrando que el problema no es totalmente Rocha Moya sino el sistema híbrido.

Cuarto, catastrófico, intervención de Estados Unidos expresada en mayor presión internacional sin descartar operaciones secretas y posibles acciones judiciales de alto nivel e involucramiento federal que alterarían más profundamente al sistema vigente con pronósticos reservados para la gobernabilidad del sistema político mafioso sinaloense.