Hay algo que empieza a moverse en el clima político del país. Se percibe en el tono, en la manera de responder a la crítica y en la creciente necesidad de confrontar, desacreditar o castigar cualquier narrativa incómoda. Ya sucedía en otra lógica, la de imponer una narrativa y desplazar a los “intermediarios” (medios, periodistas, intelectuales, activistas) del “viejo orden”. Pero ahora es distinto porque la coalición gobernante, por primera vez en mucho tiempo, empieza a intuir que ya no controla del todo el relato.

Esa parece ser la clave para leer dos hechos recientes que en realidad responden a una misma pulsión. Por un lado, la persecución contra personas comunicadoras en San Luis Potosí acusándolas de la utilización de IA para crear y difundir un video que atribuía a un grupo criminal señalamientos sobre presuntos vínculos del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona con el crimen organizado. Por el otro, la iniciativa impulsada por Ricardo Monreal para introducir la nulidad de elecciones por “injerencia extranjera”, una categoría que incluye la llamada “injerencia mediática”.

Ambos episodios hablan menos de tecnología o de técnica legislativa que de un temor político a perder la capacidad de ordenar la conversación pública, y por lo tanto, ser desplazados del poder.

El caso de San Luis Potosí es especialmente delicado. El video en cuestión dio pie a la llamada “Ley Serrano” -iniciativa del controversial Héctor Serrano, ahora Diputado local- que criminaliza el uso de la inteligencia artificial bajo conceptos amplios y ambiguos. Detrás dicha reforma al código penal potosino, se observaba un traje a la medida para el gobierno y sus afanes censores. Hoy confirmamos esa intención. Según la Fiscalía de aquella entidad, varias personas comunicadoras, opositoras y periodistas simularon el mensaje de una organización criminal para colocar al Gobernador en el centro de acusaciones graves.

En su momento, cuando se aprobaron los delitos en noviembre, alertamos su posible uso para criminalizar expresiones legítimas. Sin duda es necesario atender el fenómeno de la desinformación y la manipulación, pero hay que hacerlo con seriedad y bajo premisas técnicas claras. De lo contrario la reacción del Estado pasa de ser correctiva a volverse intimidatoria y punitiva.

Hoy ya hay personas detenidas, procesos judiciales y un despliegue institucional desproporcionado para perseguir a quienes supuestamente difundieron el contenido. Organizaciones civiles advertimos que se trata de un precedente peligrosísimo para la libertad de expresión y para el debate público digital en México. La mala manufactura de los nuevos delitos y su utilización contra comunicadoras da cuenta de una tendencia peligrosa en este país: cada semana se inicia un nuevo proceso legal contra la prensa para amedrentarla. Peor aún, vemos que en esa judicialización se recurre cada vez más a la cárcel como forma de coerción a las voces críticas.

Eso enlaza de manera directa con la iniciativa electoral de Monreal. La propuesta abre la puerta a anular elecciones por “injerencia extranjera”, incluyendo una noción tan elástica en la reglamentación como la injerencia “mediática”. Detrás de esos conceptos se esconde un margen enorme de discrecionalidad. Con la construcción de categorías vagas alrededor de medios, narrativas o contenidos, el riesgo es que cualquier discurso incómodo termine reinterpretado como una amenaza al orden democrático. No hay que perder de vista al intérprete, nada más y nada menos que el Tribunal Electoral, instancia abiertamente plegada al oficialismo.

Hoy puede hablarse de campañas digitales extranjeras. Mañana, de organizaciones internacionales. Después, de investigaciones periodísticas, plataformas digitales o coberturas críticas durante procesos electorales. Bajo una concepción tan amplia, cualquiera de las actividades informativas legítimas será sospechosa.

Sin duda la injerencia del extranjero en elecciones es un riesgo que debe mitigarse al máximo, pero en realidad, lo que se busca es mantener el poder a como dé lugar. Diversas mediciones ya registran señales de desgaste en la popularidad de Claudia Sheinbaum y de Morena. No se trata de un derrumbe, pero sí de una erosión que empieza a notarse, en especial en temas como seguridad, corrupción y pulsiones autoritarias.

Quizás por eso el tono de la Presidenta, otrora mesurado o menos belicoso que el de AMLO, ha cambiado. Más confrontación, descalificación, necesidad de identificar “mentiras”, enemigos, campañas o supuestas operaciones mediáticas, urgencia de emitir “lineamientos” sobre derechos de audiencias.

Ya lo vimos durante años en los ataques sistemáticos contra periodistas críticos, en espacios oficiales montados para exhibir comunicadores y en la idea insistente de que toda crítica forma parte de una conspiración. Ahora asoma algo todavía más delicado en el intento de diseñar herramientas legales para disciplinar la conversación pública y mantener el poder. Se está pasando del estigma a la persecución institucionalizada.

Las democracias no existen para blindar al poder, sino para regularlo y contenerlo. Existen para permitir que el poder sea cuestionado, incomodado y puesto en entredicho, incluso de maneras ásperas, desmedidas o profundamente críticas. A veces mediante investigaciones periodísticas, filtraciones o contenidos digitales que pueden resultar chocantes. El problema es que el Estado se está arrogando cada vez más facultades para castigar contenidos incómodos.

Por lo pronto, esto no pinta nada bien y debemos prender las alertas.