Ciudad de México, 21 de junio (SinEmbargo).- Cinco minutos de una fuga en los tanques de almacenamiento de esta planta de amoniaco podrían provocar una emergencia de consecuencias mortales para todo ser vivo que habite en un radio de 15 kilómetros. Esa es la preocupación que comunidades yoremes de Lázaro Cárdenas, Paredones y Ohuira, en Sinaloa, mantienen desde hace años, una lucha que busca impedir la instalación de una planta de Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), filial de la empresa suizo-alemana Proman.
“No vemos por qué tengamos que estar poniendo en riesgo nuestra vida”, expresaron en entrevista habitantes de la zona, quienes aseguran que el proyecto representa riesgos ambientales, ecológicos, sociales y económicos para una región donde la vida comunitaria depende de los servicios que ofrece la Bahía de Ohuira.
La resistencia en Ohuira y del colectivo “Aquí No” —que ha trascendido a movilizaciones en Topolobampo, Sinaloa; así como en plantones y hasta protestas en Alemania— cobró fuerza en las últimas semanas, luego de que comenzaron a llegar equipos y maquinaria de gran tamaño para la construcción de la planta, incluidos reactores que encendieron nuevamente la alarma entre la población, denunciaron los pobladores.
“Una fuga de cinco minutos de estos tanques, y esto lo saco de los estudios de impacto ambiental de la propia empresa, cinco minutos de fuga en 15 kilómetros a la redonda manifiestan muerte inmediata alrededor”, alertó Enrique Ayala, activista de la zona.
Ulises Pinzón, también integrante del movimiento ciudadano, explicó la preocupación: “Sabemos que ni la empresa lo quiere, ni el gobierno lo quiere ni nosotros, pero existen los errores humanos y las fallas de las máquinas; una válvula, cualquier cosa que pueda fallar. Puede ser ahorita, en dos años, en 10 años o en 15 años, pero cuando llegue a presentarse, no estamos preparados para una contingencia, porque no tenemos por dónde evacuar”, advirtió.
La Bahía de Ohuira, donde habita la nación mayo-yoreme, y la playa El Maviri no solo representan ecosistemas de importancia biológica, también son espacios donde se desarrollan actividades pesqueras, turísticas, recreativas y familiares, además de formar parte de la identidad cultural de las comunidades.
Un proyecto ampliamente cuestionado
El proyecto que GPO busca instalar forma parte de un complejo petroquímico para la producción de amoniaco, urea y metanol, con conexión a una terminal de Pemex y a un gasoducto de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). De acuerdo con activistas, los planes comenzaron alrededor de 2013 y fue en 2014 cuando la empresa presentó su Manifestación de Impacto Ambiental ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
En ese periodo comenzaron los primeros rellenos para la construcción de la planta. El proyecto pretende producir 2 mil 200 toneladas métricas diarias de amoniaco, destinadas principalmente a la fabricación de fertilizantes químicos. Según los activistas, también cuenta con respaldo financiero del banco público alemán KfW IPEX-Bank, dentro de un consorcio que habría aportado alrededor de 860 millones de dólares.
Sin embargo, para los habitantes de las comunidades cercanas, el principal problema es la ubicación del proyecto y los riesgos asociados a la producción, almacenamiento y transporte de amoniaco anhidro, una sustancia que puede resultar peligrosa para la salud humana y para los organismos acuáticos en caso de una liberación accidental.
Se trata de una lucha que comenzó hace más de una década. Por ejemplo, Ulises Pinzón recordó que en 2014, cuando la empresa presentó su Manifestación de Impacto Ambiental ante la Semarnat, la comunidad aún no tenía suficiente información sobre las dimensiones del proyecto.
“Yo soy de Topolobampo y en aquel entonces desconocía que pretendían construir una planta de amoniaco”, relató.
El primer relleno, de 26 hectáreas, fue uno de los elementos que comenzó a llamar la atención de los habitantes. Con el paso del tiempo, organizaciones ambientalistas, especialistas y pobladores comenzaron a conocer más sobre la obra y sus posibles impactos. Fue entre 2016 y 2018 cuando la oposición comenzó a fortalecerse. Los habitantes recorrieron comunidades, organizaron reuniones y buscaron mecanismos legales para detener el proyecto.
Pinzón detalló que fue hasta entonces cuando dimensionaron la capacidad de la planta: la producción diaria de amoniaco, el almacenamiento proyectado de 75 mil toneladas y otros componentes asociados al complejo, como las zonas de llenado y un muelle.
“Ya en 2016-2018, que es cuando la lucha empieza a tomar un poquito de fuerza, empezamos a recorrer las comunidades de la zona y a buscar también la defensa legal sobre cómo podríamos parar o detener el proyecto”, señaló.
Desde 2018 comenzaron las manifestaciones públicas. Una de las más grandes reunió, según recordó, a alrededor de mil 100 o mil 200 personas, aunque considera que durante años el movimiento no tuvo suficiente visibilidad.
En paralelo, comenzaron los recursos legales contra distintos aspectos del proyecto, entre ellos los relacionados con los impactos ambientales y la falta de consulta a los pueblos originarios.
“Muchos de estos trámites prácticamente nos daban palo”, recordó Pinzón. Sin embargo, el tema de la consulta indígena logró avanzar hasta llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
La consulta indígena
Uno de los principales argumentos de las comunidades y de los recursos legales interpuestos contra la planta fue la falta de una consulta a los pueblos originarios de la zona. El tema llegó hasta la Suprema Corte, que en 2022 resolvió que debía realizarse una consulta libre e informada a las comunidades afectadas por el proyecto.
Después de esa resolución se llevó a cabo un proceso de consulta. Sin embargo, habitantes y activistas cuestionaron la manera en que se realizó, al señalar que no fueron consideradas las comunidades directamente cercanas a la planta, como Ohuira, Paredones y Lázaro Cárdenas.
De acuerdo con Ulises Pinzón, la consulta se efectuó con pueblos ubicados hasta a 45 kilómetros de distancia, pese a que las comunidades más próximas son las que mantienen una relación directa con la Bahía de Ohuira y dependen de sus servicios ambientales.
“No es la misma afectación y el mismo sentido de pertenencia que tiene una comunidad a 40 o 45 kilómetros que las que están realmente en la zona aledaña al proyecto”, explicó.
Las comunidades de Ohuira, Paredones y Lázaro Cárdenas, sostuvo, dependen directamente de la bahía para actividades como la pesca, y sus habitantes votaron en contra del proyecto.
Los activistas cuestionaron que, pese a ese resultado, la Dirección General de Riesgo e Impacto Ambiental volviera a avalar el proyecto.
“¿Qué factores termina considerando la Dirección General de Riesgo e Impacto Ambiental para volver a avalarle a la empresa el proyecto?”, inquirió Pinzón, al señalar que el resolutivo se habría otorgado apenas unos días después de realizada la consulta.
Posteriormente, la empresa inició los trabajos de construcción, lo que provocó que la resistencia comunitaria continuara.
La oposición se fortaleció aún más cuando se anunciaron otros proyectos petroquímicos en la zona, como una planta de metanol. Los habitantes sostienen que el problema no se limita a la planta de amoniaco, sino al impacto acumulado que este conjunto de proyectos podría tener sobre el complejo lagunar integrado por Santa María, Topolobampo y Ohuira, considerado un sitio Ramsar desde 2009.
La alarma crece
Las alertas y la preocupación comenzaron a crecer con mayor intensidad cuando empezaron a llegar equipos destinados a la planta de amoniaco, incluidos los reactores.
A principios de junio, relató Pinzón, arribaron estos equipos de gran tamaño, algunos con dimensiones superiores a los 30 metros de largo, 10 metros de diámetro y un peso aproximado de 300 toneladas.
“A la gente le empieza a llamar la atención porque el transporte de esos equipos no es algo sencillo”, explicó.
Los habitantes señalaron que, durante esos días, la Comisión Federal de Electricidad informó sobre una suspensión del servicio eléctrico por trabajos de mejora en la red; sin embargo, los pobladores interpretaron que la interrupción estaba relacionada con el traslado de los equipos. A partir de ese momento comenzó un plantón permanente en Topolobampo.
Además, hace unas semanas se realizó una marcha en la que participaron alrededor de 7 mil personas del municipio de Ahome. Para los activistas, esa movilización reflejó el rechazo que existe actualmente hacia el proyecto.
“Sí es un rechazo generalizado el que existe hacia el proyecto en estos momentos”, afirmó Pinzón.
Riesgos ambientales y económicos
Laoposición y la lucha por impedir este proyecto se sustentan en los riesgos que, a juicio de los habitantes, representa la instalación de la planta. Entre ellos mencionan el incremento de las concentraciones de nitrógeno reactivo en cuerpos de agua costeros, procesos de eutrofización que podrían reducir el oxígeno disponible para las especies marinas, alteraciones en los parámetros del agua y posibles afectaciones a peces, crustáceos, moluscos y aves.
Los habitantes también advierten sobre las emisiones atmosféricas asociadas a los procesos industriales y sobre los posibles impactos en actividades económicas como la pesca, el turismo y la recreación.
La planta se encuentra aproximadamente a un kilómetro y medio de la zona habitada de Topolobampo, donde viven alrededor de 6 mil 500 personas, según señalaron activistas y ciudadanos que se manifiestan en contra del proyecto.
“El riesgo de una fuga de cinco minutos: 15 kilómetros a la redonda, muerte inmediata; 15 minutos de fuga, 45 kilómetros a la redonda. Ya abarcaría toda la ciudad de Los Mochis, parte de Guasave y estaríamos hablando de más de 500 mil habitantes”, insistió Enrique Ayala.
Por su parte, Ulises Pinzón agregó que el problema no es solo la posibilidad de una falla, sino la falta de infraestructura para responder a una emergencia.
“Solo tenemos una entrada y una salida a la comunidad, y esa entrada y esa salida te dirigen a la misma zona del proyecto”, señaló.
Para los habitantes, la discusión central no se limita a una obra industrial, sino que involucra el derecho a permanecer en un territorio en el que históricamente han desarrollado sus actividades.
“Creemos que el riesgo es demasiado grande para lo que ofrece”, planteó Ayala.
Los activistas cuestionan que el proyecto sea presentado como una fuente de desarrollo y empleo, pues sostienen que la Bahía de Ohuira ya sostiene las actividades económicas de miles de familias, entre ellas pescadores y prestadores de servicios turísticos.
Según Ayala, solo en la bahía existen alrededor de 3 mil 500 pescadores directos organizados en cooperativas y otras organizaciones pesqueras.
“Nuestra demanda principal es que se retire la empresa”, sentenció Ayala.
El diálogo con el gobierno
Ulises Pinzón destacó que, hasta ahora, la postura del Gobierno no ha sido de imposición, aunque consideran necesario que se actúe conforme a la ley y que se revise nuevamente el proyecto.
“Por lo menos está la apertura de que no nos han dicho: ‘aguántense porque va’. Eso no nos lo han comentado”, explicó.
El activista aseguró que representantes del Gobierno les han planteado que también dialogarán con la empresa, por lo que consideran que existe una puerta abierta para escuchar sus argumentos.
“Nosotros sí vemos esa apertura que se ha tenido y queda esperar. No hay más hasta el momento”, señaló.
Sin embargo, Enrique Ayala afirmó que, hasta ahora, el Gobierno no les ha presentado alternativas concretas. Al respecto, dijo que entregaron información científica sobre los impactos que, desde su perspectiva, tendría el proyecto.
Entre los documentos presentados por los habitantes se encuentra un análisis realizado por su asesora científica, la doctora Diana Escobedo, investigadora del Instituto Politécnico Nacional con más de 30 años de estudio en la bahía.
De acuerdo con Ayala, en esa información se expusieron argumentos sobre posibles daños ecológicos, afectaciones a la vida marina, impactos en las comunidades originarias mayo-yoreme y consecuencias para la población que depende de la bahía.
Tras recibir la información, Ayala dijo que la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, señaló que revisarían los elementos entregados y que existía apertura para instalar una mesa de diálogo. Sin embargo, sostuvo que hasta ese momento no habían observado avances.
Para los habitantes de Topolobampo, la discusión no se reduce únicamente a la construcción de una planta industrial, sino a la defensa de un territorio en el que conviven actividades pesqueras, turísticas, culturales y comunitarias.
“No vemos por qué tengamos que estar poniendo en riesgo nuestra vida”, insistió Ayala.
Y concluyó: “Para nosotros no hay una salida alternativa, porque de ahí dependen nuestra vida, nuestra salud y el futuro de la comunidad. Lo único que pedimos es que se vayan”.
