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En Nuevo León se observa con mayor nitidez la enorme brecha de desigualdad, uno de los problemas estructurales que enfrentamos en el país: la entidad tiene el municipio más rico de México y de toda América Latina (San Pedro Garza García), y otros donde parte de su población vive en niveles de pobreza extrema, como en General Zaragoza y Mier.

Es más, sin siquiera salir de un mismo municipio se ve ese contraste: en la zona metropolitana de su capital, sólo unas avenidas separan las exclusivas áreas residenciales con sus enormes arbolados terrenos verdes todo el año, las torres de modernos corporativos, lujosos centros comerciales y clubes; y al otro lado colonias y asentamientos urbanos sin siquiera servicios básicos, con calles quebradas y algunas incluso sin pavimentar.

Así de contrastante es la realidad en una entidad en la que algunas dinastías acumulan fortunas de las que se cuantifican entre los billonarios del planeta, y otros muchos viven en condiciones de precariedad, cuya consecuencia es no sólo la desigualdad económica sino la social.

En la entidad hay tal nivel de clasismo que hasta la tonalidad de la piel pesa más que en cualquier otra región del país; es decir, que entre más oscura la tonalidad son menos las oportunidades y mayor la vulnerabilidad. “El color de la piel” tiene un peso que incide en la desigualdad de oportunidades, mucho más que lo que ocurre en otras entidades, así lo concluye un estudio del Centro de Estudios Espinosa Yglesias, que destaca que la desigualdad es también consecuencia de “una ausencia importante del Estado como mecanismo redistribuidor de oportunidades”.

Así que, independientemente del color de piel o de la cuna en que se nace, es al Estado, mediante sus instituciones de gobierno, a quien compete desarrollar y aplicar políticas públicas enfocadas en acortar esas brechas de desigualdad. Pero el problema se agrava cuando en los niveles de gobierno llegan juniors o mirreyes desconectados de la realidad, o que optan por “tapiarla” para seguir en su frívolo mundillo tiktokero.

Así ha ocurrido en Nuevo León, con su Gobernador Samuel García, y su esposa influencer Mariana Rodríguez, a quien promueve para que le suceda en el cargo, que han hecho de ese gobierno una extensión de su burbuja de socialités, a la que viven dedicados en sus redes sociales, la foto en Instagram, a video tras video de TikTok.

Desde su campaña era evidente que su sello sería la frivolidad, y así lo ha hecho disponiendo de manera discrecional de los recursos para su creciente gasto en su autopromoción y la de su esposa en campañas en redes sociales.

Con el Gobernador llegado al cargo por Movimiento Ciudadano son más manifiestas las prácticas de clasismo y discriminación promovidas por el propio Gobierno, como la más reciente decisión de mandar colocar muros, mallas recubiertas y lonas para ocultar las viviendas en zonas de mayor precariedad económica, aledañas a las avenidas y vías principales por donde transitan los turistas para el Mundial de la FIFA. Ya había mandado instalar macetones para tapar las imágenes que en la Plaza de los Desaparecidos muestran los rostros de personas víctimas de desaparición en Nuevo León.

Su decisión de poner bardas para ocultar viviendas en condiciones de precariedad ante la llegada de turistas y visitantes durante al Mundial, para “maquillar” la realidad de Nuevo León vuelve a evidenciarlo como clasista, discriminador, y lo chatarra y vacuo de su política fosfo fosfo.
Samuel materializó aquello que decía Susanita, el personaje que representa el clasismo, la frivolidad y egoísmo en la icónica historieta "Mafalda", del artista gráfico e historietista argentino Joaquín Salvador Lavado, "Quino".

En una de las viñetas Mafalda y Susanita caminan por la calle y ven a un hombre en situación de pobreza:

–Me parte el alma ver gente pobre– le dice Mafalda a Susanita.

–A mí también– le responde ella.

–¡Habría que dar techo, trabajo y bienestar a los pobres!– enfatiza Mafalda.

–¿Para qué tanto? Bastaría con esconderlos– le responde Susanita.

Lo más lamentable es que esa acción la realice un gobernador cuya tarea debía ser, precisamente, la aplicación de políticas públicas que resuelvan las problemáticas sociales y garantizar los derechos de la ciudadanía, incluido el respeto a la dignidad humana y los derechos a la no discriminación y a la no estigmatización.

Pero su ocurrencia le resultó contraproducente, porque el tema de las bardas generó enorme polémica y una amplia cobertura en medios de comunicación a nivel internacional.

Según publicó el periódico La Jornada, la Comisión Estatal de Derechos Humanos ya abrió una queja contra el Gobierno del estado, por esos hechos. En una entrevista la titular de la Comisión de Derechos Humanos dijo a ese diario que “Debe evitarse generar estigmatización, discriminación o mensajes que puedan asociar a determinadas colonias o comunidades con algo que debe ocultarse o aislarse; la dignidad humana debe ser el criterio central en toda decisión relacionada con el espacio público”.

Hay varios estudios elaborados por economistas, sociólogos y académicos, que evidencian cómo históricamente el grave problema de desigualdad económica y social en Nuevo León en distintos ámbitos tiene un impacto de mucha mayor intensidad para la población que lo que ocurre en otros estados. Incluso algunos de esos estudios fueron recuperados por la Secretaría de Igualdad e Inclusión de esas entidad para decir lo que supuestamente combatirían, pero evidentemente no ocurrirá mientras este en el cargo un perfil como el de Samuel García.

Las finanzas de su Gobierno están también ahora mismo bajo escrutinio en el Congreso de Nuevo León, derivado de que –hace unos días– la Comisión Anticorrupción aprobó el inicio del procedimiento para su juicio político por supuesto peculado y malversación de recursos por la triangulación de millonarios recursos públicos a empresas relacionadas con su familia.

El procedimiento deriva de una denuncia en que se detallan las operaciones mediante las cuales se habría realizado los desvíos de recursos del erario a los despachos jurídicos y de servicios fiscales propiedad de Samuel García y su padre del mismo nombre, mediante un entramado de empresas contratistas y factureras.

Samuel García y su padre Samuel Orlando García, son socios de dos despachos jurídicos dedicados a la recuperación de créditos fiscales constituidos en Nuevo León en los años 2014 y 2017.

Según la denuncia que dio inicio al procedimiento de juicio político, en años previos a que Samuel García asumiera la gubernatura, los ingresos de dichos despachos eran modestos, pero que, a partir del inicio de su campaña a la gubernatura, los ingresos de ambos despachos crecieron de manera exponencial; y que tras asumir la gobernatura los ingresos continuaron incrementándose estratosféricamente, porque provendrían de presuntos desvíos de recursos del gobierno del estado mediante un esquema de triangulación con empresas contratistas.

Se señala a las contratistas más favorecidas por el Gobierno estatal con contrataciones por servicios de alimentación en centros penitenciarios, campos policiales y eventos gubernamentales; otras por adjudicaciones supuestamente para obra carretera; otras más que habrían recibido contratos supuestamente para desayunos escolares y despensas para el DIF estatal, y que, según la denuncia, habrían utilizado factureras para transferir parte de esos recursos a los despachos de los García, y que luego una parte se habría usado para la autopromoción personal del gobernador y de su esposa en redes sociales.

Durante la sesión de la Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León en que se discutió el inicio del procedimiento de juicio político contra Samuel García se habló de un patrón continuo de “utilización indebida de recursos públicos”. Se fijó un plazo para que la tarde del 23 de junio Samuel García rinda declaración, ya sea de manera presencial, por escrito o por medio de un abogado sobre los graves hechos que se le imputan. También se requirió a varias dependencias documentos relacionados con las actas constitutivas y accionarias de las empresas, las declaraciones patrimoniales y de conflicto de interés; y de las contrataciones mediante las cuales supuestamente se habrían derivado las triangulaciones.

Según los señalamientos parte de esos recursos son presupuestos federales, por lo que en mayo pasado se habría presentado denuncia de hechos ante la Fiscalía General de la República por posibles conductas constitutivas del delito de peculado.

En las próximos semanas la solicitud de juicio pasaría al pleno, donde se requeriría de al menos dos terceras partes del Congreso para que se declare como procedente de manera definitiva; es decir, se requiere del voto de al menos 28 votos de los 42 diputados y luego se le notificaría al Tribunal Superior de Justicia.

Al parecer la pareja tiktokera que desde octubre del 2021 gobierna Nuevo León, cada vez resultan más parecidos a lo que para Veracruz fueron los Duarte-Macías: Javier y Karime, aquella pareja que repitiéndose aquello del “merezco abundancia” estafaron, malversaron, saquearon los recursos públicos en Veracruz.