Ciudad de México, 17 de junio (SinEmbargo).– Las familias buscadoras han aprovechado la atención internacional del Mundial de futbol para recordar una realidad que sigue siendo una de las mayores deudas del Estado mexicano: la crisis de desapariciones y la incapacidad institucional para identificar a miles de personas.
En ese sentido, la directora de la Escuela Nacional de Ciencias Forenses de la UNAM, Zoraida García, dijo en el programa PODEROSOS que oficialmente existen 135 mil personas registradas como desaparecidas y no localizadas, mientras miles de cuerpos permanecen bajo resguardo estatal sin haber sido restituidos a sus familias. "Es una crisis que está sucediendo hoy. No es un fenómeno histórico", advirtió.
La especialista sostuvo en plática con Muna Dora Buchahin y Obed Rosas que México enfrenta una situación excepcional a escala internacional y que organismos como la ONU han señalado la gravedad del fenómeno. "Hoy día, en 2026, es una situación atípica absolutamente que no había ocurrido en ningún país latinoamericano y yo creo que en el orbe", explicó.
A su juicio, el problema tiene raíces históricas en la Guerra Sucia, pero se profundizó a partir de la estrategia de seguridad iniciada en 2006. "La gente que desaparece no es que necesariamente tenga un conflicto o forme parte del crimen organizado. Desaparecen niños, niñas, adolescentes, mujeres, personas defensoras de los derechos humanos, periodistas, defensores del ambiente", señaló.
"La crisis forense es básicamente la crisis que enfrenta el Estado para poder restituir todos esos cuerpos que ya se tienen, que ya llegaron a las morgues y que hay que entregar a sus familiares", resumió Muna Dora Buchahin. La académica añadió que la saturación de los servicios periciales, el alto costo de los análisis genéticos y la falta de infraestructura han generado un enorme rezago. "Ya no se debe de inhumar un cuerpo si no se puede identificar y eso también está llenando a los servicios forenses de pendientes", explicó.
Ambas especialistas coincidieron en que el problema se agrava por la corrupción y la complicidad de autoridades con las organizaciones criminales. "Un grupo organizado como estos no puede existir si no hay complicidad. Y cuando hablo de complicidad puede ser en acción u omisión", afirmó García.
Asimismo, destacó que la desaparición forzada implica la participación de autoridades y la posterior negativa de brindar información sobre la víctima. "La desaparición forzada implica que sea la autoridad la que desaparezca a las personas, cualquier autoridad, y que luego de desaparecerla se niegue a dar información de ella", explicó.
Uno de los pendientes más importantes es la operación del Banco Nacional de Datos Forenses, previsto en la ley pero aún sin funcionar plenamente. "En la norma sí existe el Banco Nacional, pero en realidad no está operando", reconoció la directora de la Escuela Nacional de Ciencias Forenses. Aunque existen registros de familiares que han aportado muestras genéticas, falta integrar la información obtenida de los cuerpos sin identificar. "No es tan fácil nada más tener un banco nacional de datos de familias, sino tener también el análisis", señaló.
Para las especialistas, el primer paso para enfrentar la crisis es reconocer su magnitud y diseñar políticas de prevención y reconstrucción social. "Primero hay que reconocer el problema y reconocer que es multifactorial", planteó García. También recordó que expertos han propuesto modelos de intervención comunitaria que involucren a universidades, iglesias y organizaciones sociales.
Sin embargo, lamentó que el fenómeno continúe creciendo. "Hoy amanecimos con 135 mil personas en ese registro oficial, lo que significa que debe ser mayor. Pero sigue creciendo, porque no hay una contención", concluyó. "Estamos en una sociedad que ya vive en la zozobra".
