Ciudad de México, 20 de junio (SinEmbargo).- La Fiscalía General de la República (FGR) informó este sábado que seguirán con el proceso penal contra dos exservidores públicos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) relacionados con el caso de la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora, donde el 5 de junio de 2009 murieron 49 niños y decenas más resultaron lesionados.
"La decisión adoptada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación [SCJN] implica la continuación del proceso penal, ligado con una indagatoria iniciada en la Fiscalía Especial de Investigación y Litigación de Casos Complejos de la Fiscalía Especializada de Control Regional, en contra de los dos funcionarios del IMSS", afirmó la FGR a través de un comunicado.
La determinación se da luego de que el Pleno del órgano constitucional de justicia resolviera que los delitos relacionados con el incendio constituyen violaciones graves a los derechos humanos y, por lo tanto, no prescriben con el paso del tiempo, lo que permite que el caso siga su curso judicial a 17 años de la tragedia.
Con relación a la determinación emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al resolver un Amparo en Revisión, relacionado con los lamentables hechos ocurridos en la Guardería ABC el 05 de junio de 2009, en Hermosillo, Sonora, en los cuales perdieron la vida 49…
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La Corte reafirma obligación del Estado de investigar el caso
La FGR destacó que los exservidores públicos fueron vinculados a proceso por los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas en la modalidad de comisión por omisión, una determinación que, señaló, fortalece las garantías de acceso a la justicia para las víctimas del incendio en la Guardería ABC y sus familias.
El organismo explicó que la defensa promovió un juicio de amparo indirecto bajo el argumento de que la acción penal había prescrito y que no era aplicable el Artículo 106 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Según ese planteamiento, los ilícitos atribuidos a los acusados debían sujetarse a las reglas ordinarias de prescripción, ya que no se encuentran entre los supuestos especiales contemplados en la legislación federal para delitos cometidos contra menores de edad. Sin embargo, un Juzgado de Distrito rechazó conceder la protección constitucional solicitada.
"La parte justiciable interpuso recurso de revisión en contra de tal determinación, en la que, el Alto Tribunal sostuvo que, en los delitos asociados con el lamentable suceso, al constituir violaciones graves a los derechos humanos, no resulta procedente la prescripción de la acción penal correspondiente, pues debe privilegiarse el derecho a la verdad y la justicia", subrayó la FGR.
La resolución del Máximo Tribunal derivó de un recurso promovido por Sergio Antonio Salazar Salazar, exdirector de Prestaciones Económicas y Sociales del IMSS, quien buscaba revertir su vinculación a proceso al sostener que la acción penal en su contra había prescrito desde 2019.
Sin embargo, durante el análisis del expediente, la Ministra Loretta Ortiz Ahlf concluyó que los hechos relacionados con el incendio de la Guardería ABC deben examinarse bajo una perspectiva de derechos humanos debido a la gravedad de las afectaciones ocasionadas.
De acuerdo con la determinación judicial, no sólo deben considerarse las conductas atribuidas a los acusados, sino también el impacto que tuvieron sobre múltiples bienes jurídicos protegidos por la ley, entre ellos la vida, la integridad y los derechos de las niñas y niños afectados, así como los de sus familiares en calidad de víctimas indirectas.
Actualmente, tres personas permanecen en prisión por su participación en el caso, entre ellas se encuentran, Nohemí López Sánchez, exresponsable del área de guarderías del IMSS en Sonora; Sandra Lucía Téllez Nieves, socia propietaria de la estancia infantil; y Roberto Copado Gutiérrez, exdirector de Protección Civil Municipal de Hermosillo.
