“Son muchos ya los escándalos y las investigaciones judiciales que apuntan al PSOE y al entorno del Gobierno como para que desde Moncloa se eluda por más tiempo la necesidad de respuestas claras ante esta sucesión de casos que extiende el desánimo entre los ciudadanos debilita su confianza en las instituciones y puede acabar dando alas a la extrema derecha… las investigaciones atañen al núcleo del poder que ha gobernado en los últimos ocho años. Es la hora de la responsabilidad, en el sentido más literal del término. La hora de dar respuestas y explicaciones a los militantes y simpatizantes socialistas, así como al conjunto de la ciudadanía”, reza contundente el editorial del pasado jueves del diario El País.

Se trata de España, donde en los últimos años se han venido acumulando escándalos e investigaciones que van desde la familia directa del Presidente Pedro Sánchez hasta la cúpula del PSOE y en mucho, se parece, a lo que ocurre en México, donde altos dirigentes y gobernantes de Morena se encuentran en entredicho por corrupción, abusos y, destacadamente, complicidades con el crimen organizado.

Sólo de entrada con una similitud y una gran diferencia. En ambos países, la discusión sobre estos temas, rebasa el ámbito de la representación política para estar cada vez más en los medios de comunicación, la calle y las sobremesas de millones de hogares que ven con preocupación cómo el escándalo político amenaza con la estabilidad y la gobernabilidad y la gran diferencia entre ambas naciones hispanohablantes es que mientras en España, el Poder Judicial es independiente y actúa, en consecuencia, en México, es dependiente pues ha sido capturado y no garantiza plenamente la justicia.

Mientras en España el Presidente del Gobierno, que es Diputado, próximamente acudirá motu proprio al legislativo a rendir cuentas a sus compatriotas sobre los escándalos que, repito, alcanzan hasta su propia familia -la esposa, por ejemplo, está imputada por tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida; y el hermano es acusado de prevaricación y tráfico de influencias, que afectan la legitimidad del GZobierno de Sánchez.

En cambio, en México sería impensable que la mayoría de los partidos que conforman la llamada Cuarta Transformación llamarán a la Cámara de Diputados a la titular del Ejecutivo para que rinda un informe sobre los escándalos políticos que sacuden a su gobierno y partido.

El debate político español puede llevar que ante la crisis de confianza la legislatura -recordemos que España tiene un sistema parlamentario- disuelva las Cortes y adelante las elecciones programadas para el verano de 2027, pero, su diseño institucional permite que cuando existen estas crisis de gobierno se rompen la coalición de gobierno y se llama a elecciones anticipadas para formar una nueva mayoría legislativa. 

En cambio, nuestro presidencialismo no tiene este tipo de salidas, y así el Poder Ejecutivo y la mayoría legislativa llega a ejercer el poder absolutamente sin apenas considerar a las minorías.

Entonces, si en España existe una crisis política como la que se está viviendo, se procesa institucionalmente al margen de lo que puede suponer un liderazgo fuerte como en su momento lo fue el expresidente Felipe González o más recientemente, el también expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, quien, por cierto, es el último imputado, junto con sus hijas, por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental.

En tanto, en México un gobernador y nueve funcionarios fueron solicitados ya por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos con fines de extradición para ser juzgados por presuntos delitos derivados de asociación delictiva y narcotráfico, pactos políticos y sobornos, protección policial e intimidación y coacción política. 

Vamos, por narcoterrorismo pues se le vincula al Cártel de Sinaloa que tiene una red de producción y comercialización de fentanilo en la Unión Americana. 

La respuesta del gobierno mexicano, en lugar atender la solicitud conforme al Tratado de Extradición, ha sido de reclamar mayores evidencias de esa presunta complicidad narcopolítica hasta llevarlo al límite de protección considerando una solicitud rutinaria de extradición un problema de soberanía nacional con lo que ya metió al país en un serio problema por protección de presuntos narcos políticos.

En España, altos dirigentes del Partido Socialista están en prisión por tramas de corrupción y otros están llevando sus casos en libertad, y es probable que se sumen a las detenciones ya conocidas, mientras en México ocho de los diez sinaloenses imputados se han acogido a la jurisdicción nacional donde no tienen expediente judicial lo que ensambla perfectamente con el discurso soberanista, pero sabemos los gringos saben esperar. A Caro Quintero lo esperaron casi 40 años.

Esto ha sido interpretado dentro y fuera como protección, como sentido de cuerpo, como respuesta hacia adentro de Morena en la máxima de “si caemos, caemos todos” y hacia afuera como un acto de resistencia soberanista.

La crisis política de España tiene como testigo de calidad a la Unión Europea, especialmente a su Tribunal para que el proceso contra los inculpados transcurra conforme a los principios democráticos de esta organización que agrupa a 27 países europeos y eso, tiene un gran valor, que se suma a los esfuerzos de las instituciones de justicia españolas para garantizar el debido proceso.

En cambio, México, si bien tiene la presión de los funcionarios de la administración Trump y la observancia de los organismos internacionales (ONU y OEA) están, también, las instituciones de justicia de Estados Unidos y Canadá hoy más que nunca en perspectiva de la seguridad jurídica y las negociaciones sobre el T-MEC y, probablemente, se expresen como exigencia en esas mesas donde cada nación busca obtener el mayor beneficio.

En definitiva el paralelismo entre la justicia española y mexicana es notoriamente abismal, una opera con los contrapesos naturales en democracia, la otra está sometida a los intereses del oficialismo; y el problema no sería la relevancia que tiene, si no fuera que, visto en clave global, lejos de aquel proteccionismo de hace 90 años y, visto en clave autocrática, en lugar de traer beneficios podría generar un aislacionismo tormentoso.

Para decirlo en palabras de alerta de El País: Es la hora de la responsabilidad, en el sentido más literal del término.