En los últimos tiempos, los costos operativos para las empresas en México han aumentado significativamente debido a una combinación de reformas laborales, endurecimiento fiscal y mayores exigencias de cumplimiento. Se estima que, en promedio, las reformas recientes han disparado los presupuestos anuales de algunas empresas hasta en un 38 por ciento.

En lo que se refiere al ámbito fiscal, a pesar de la digitalización, el costo para estar al día con el SAT ha alcanzado máximos históricos en 2025-2026. Así, el gasto promedio de las empresas para cumplir sus obligaciones subió un 14.1 por ciento respecto a 2024.

Por otro lado, hay una presión por las  reformas laborales. El costo de mantener un empleo formal ha subido más del 50 por ciento en los últimos años debido a cambios acumulados. El aumento constante del salario mínimo eleva directamente las cuotas de seguridad social ante el IMSS e Infonavit. De igual manera, sectores como la construcción y la industria manufacturera prevén aumentos de entre 20 por ciento y 30 por ciento en sus costos de producción derivados de la transición hacia la jornada de 40 horas. Por otro lado, el incremento en los días de vacaciones y las primas legales ha sumado una carga adicional de entre 25 por ciento y 35 por ciento sobre el sueldo bruto del trabajador.

A esto debemos agregar, el costo que implica la inseguridad en los negocios, el cual representa una pérdida equivalente a entre el cuatro por ciento y cinco por ciento del PIB nacional.

En lo que tiene que ver con el comercio exterior, cambios en el programa IMMEX y restricciones aduaneras han forzado a las empresas a invertir en trazabilidad y certificación de proveedores, elevando la complejidad logística.

Asimismo, el costo total de cumplir con regulaciones federales, estatales y municipales puede representar hasta el 8.1 por ciento del PIB local en algunas regiones.

Hay que decir que la reforma judicial en México también ha generado un aumento en los costos corporativos derivado principalmente de la incertidumbre jurídica y la necesidad de mecanismos legales alternativos. 

Analistas de instituciones como UBS Global Wealth Management advierten que las empresas exigen una prima de riesgo más alta para invertir en el país debido a la dificultad de operar bajo un nuevo sistema de jueces electos por voto popular. 

Todos estos son aspectos que hacen menos atractiva la inversión en México. Indudablemente, el aumento de los costos que benefician a los empleados y trabajadores al final no es un costo sino una inversión, siempre y cuando no se cruce un umbral razonable.

Sin embargo, algunos de los otros costos aquí mencionados podrían haber sido evitables con la puesta en marcha de mejores políticas públicas. Es necesario, lo hemos dicho de diversas maneras, crear un entorno de las organizaciones propicio para el desarrollo de las empresas en México. Ya no hay tiempo que perder.