Ciudad de México, 14 de junio (SinEmbargo).- A un año de que se llevó a cabo la primera Elección Judicial, el primero de junio de 2025, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) –presidida por el Ministro Hugo Aguilar Ortiz– realizó cambios significativos como considerar a las personas involucradas para la resolución de los asuntos, pero también atravesó por polémicas como la adquisición de nuevas camionetas Jeep, que después devolvieron.
En esta primera parte de su ejercicio resolvieron siete mil 830 asuntos, cifra superior a la de la anterior Corte de Norma Piña en el mismo periodo de arranque.
De acuerdo a la plataforma de transparencia de la Corte, el Alto Tribunal resolvió mil 834 asuntos en el Pleno y 5 mil 996 mediante dictamen, durante el plazo de septiembre de 2025 a abril de 2026. En el mismo periodo, la anterior administración de Piña dejó 2 mil 558 resoluciones en total.
En entrevista con este medio digital, el abogado Rogelio Zacarías Rodríguez Garduño reconoció que la actual Corte sí atiende un mayor número de casos en el Pleno, sin embargo, consideró que a varios de estos asuntos no se les realiza un estudio de fondo por la falta de las dos salas, que fueron eliminadas por la Reforma Judicial. Para el experto los ministros además realizan constantes “enfrentamientos políticos” - y no jurídicos- en las sesiones.
“¿Qué es lo que veo? Una inactividad de estudio profundo en la Corte, lo que nos da por consiguiente una cuestión, no tenemos hasta este momento- y no digo que no lo vayamos a tener - decisiones jurídicas trascendentes que dejen un precedente, digamos notable, para que la sociedad y las universidades estemos debatiendo los contenidos jurídicos argumentativos. Más han sido temas polémicos e incluso de contradicciones entre las y los ministros,” subrayó.
La Corte ya no es fiscalista
La Ministra Lenia Batres comentó en entrevista con SinEmbargo que la anterior Suprema Corte resolvía la mayoría de las veces casos fiscales para la condonación de impuestos, dejando atrás asuntos sociales. Detalló que en las dos salas extintas se resolvían este tipos de casos en audiencias privadas con la finalidad de no detallar cuáles fueron los criterios para fallar a favor.
“Les gustaría a muchos que en lugar de que estemos analizando asuntos sociales, hagamos lo mismo que hacía la Corte anterior, de que en lugar de atraer problemas familiares, penales, de medio ambiente, agrarios, laborales, estemos atrayendo asuntos fiscales, porque antes la Corte se dedicaba en buena parte a hacer condonaciones de impuestos. Atraía asuntos fiscales, no para revisar su ajuste, sino para darle la razón a particulares, razón por la cual tenemos miles,” precisó.
Batres denunció que quienes critican la eliminación de las dos salas es porque quieren que se termine la actual transparencia que existe en la resolución de los casos y precisó que el Alto Poder pasó del 95 por ciento de asuntos resueltos en sesiones privadas al 100 por ciento de sesiones públicas, dado que sólo 5 por ciento se discutían en el Pleno, el único lugar que sí tenía transparencia.
“Están molestos [porque] ya no tienen dónde esconder sus asuntos. Con quién gestionarlos en la oscuridad. [...] sin que nadie reclame y si alguien le reclama, pues no queda constancia en ningún lado de cómo resuelve ni por qué resuelve”, dijo.
Más en territorio y con la gente
El Pleno de la Corte realizó a finales del mes de octubre su primera audiencia pública para escuchar a personas con discapacidad para tomarlas en cuenta para resolver la resolución de inconstitucionalidad 182/2025, que proponía la eliminación de un criterio jurídico utilizado desde 2016.
Ante más de dos mil habitantes de pueblos originarios de Tenejapa, Chiapas, la SCJN llevó a cabo su primera sesión el 26 de febrero fuera de su sede oficial en la ciudad de México, donde resolvieron asuntos constitucionales. Aguilar Ortiz explicó durante la sesión que esta decisión busca acercar el trabajo del Máximo Tribunal a la población.
"La nueva Suprema Corte ha tomado la decisión de traer la justicia al territorio. Que ustedes vean que somos de carne y hueso, que pertenecemos al pueblo, quienes hacemos justicia", expresó.
Las camionetas Jeep
La Suprema Corte intentó a inicios de este año la renovación de su parque vehicular con la asignación de una camioneta Jeep Cherokee nueva para los 9 ministros por razones de seguridad a través de un análisis de riesgo. De acuerdo al portal de Jeep, el precio oscila entre un millón 70 mil pesos y un millón 777 mil pesos sin considerar blindaje.
Tras la polémica que esto generó, la SCJN dio a conocer el lunes 26 de enero que inició el proceso para su devolución y que se contempló la opción de que sean puestas a disposición a personas juzgadoras que enfrentan mayores riesgos en su seguridad.
“Somos una institución que escucha, dialoga y está en actitud permanente de mejorar en beneficio del pueblo. Hemos tomado la decisión de no usar los vehículos adquiridos e iniciar un proceso de revisión para desincorporarlos o para ponerlos a disposición de personas juzgadoras que enfrentan mayores riesgos o amenazas en el ejercicio de su función,” precisó Hugo Aguilar en la conferencia de prensa.
Acusaciones de conflicto de interés
La ministra Lenia Batres Guadarrama presentó un proyecto al pleno para amparar al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) - que actualmente dirige Martí Batres Guadarrama- para que la dependencia esté exenta de pagar un impuesto al predial en la Ciudad de México por un monto de 5 mil 810 millones de pesos. Ante su aprobación surgieron diversas críticas, entre ella de TV AZTECA, al considerar que fue un conflicto de interés porque la ministra es hermana del actual director.
Durante la sesión, celebrada el 23 de abril, Hugo Aguilar le solicitó a la ministra Lenia Batres retirar el proyecto con la finalidad dejarlo en lista para atender “consideraciones de las partes”, así como de los ministros. Aunque la ministra rechazó retirarlo.
“En lo personal, la verdad le reconozco el proyecto; está muy bien formulado y creo que corresponde, pero sí me han pedido algunos compañeros que quisieran revisar algunos argumentos o planteamientos. Me han hecho llegar sus inquietudes, también, que en lo personal quisiera revisar,” expresó Hugo Aguilar en el Pleno.
El proyecto fue aprobado por la mayoría de los ministros, menos por la ministra María Estela Ríos González, exconsejera jurídica de Andrés Manuel López Obrador, quien argumentó que el ISSSTE sí tuvo conocimiento de la resolución que le exigía el pago de impuestos, después de que un tribunal colegiado que resolvió a favor del Gobierno capitalino.
“Me parece que esa es una razón, para mí, como abogada, suficiente para rechazar esa propuesta, con independencia de que pudiera coincidiendo las razones económicas y jurídicas para dictar una sentencia favorable al ISSSTE; pero, en este caso, me parece que no es así, que deben respetarse los plazos procesales,” expuso.
El caso surge en la administración del exjefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera, que solicitaba a la institución un impuesto sobre nómina y suministro de agua correspondiente de 2009 a 2013. Un Tribunal Colegiado argumentó posteriormente que el ISSSTE no acreditó que los bienes por lo que se exigía el impuestos estuvieran sujetos al régimen de dominio público federal.
“[Salinas Pliego] me quiere señalar de enemiga de la humanidad”: Lenia Batres
La Ministra Lenia Batres denunció que el empresario Ricardo Salinas Pliego está promoviendo una campaña para que ella no ocupe la presidencia de la SCJN el primero de septiembre de 2027.
Batres detalló que la asignación está definida por la obtención de los votos obtenidos en la Elección Judicial. De acuerdo a cifras del Instituto Nacional Electoral (INE), ella obtuvo 5 millones 802 mil votos.
“Me quiere señalar como enemiga de la humanidad y además persona perniciosa que no merece que se ejecute una norma constitucional. A mí no deja de halagarme que me dé tanta importancia, pero hay esta normativa y por supuesto que no solo no soy enemiga, ni siquiera de él. Mi obligación más bien es hacer cumplir la Constitución a él no le gusta y no estaba acostumbrado,” expresó.
Tik Tok en la Corte
Dos excolaboradoras de la ponencia del Ministro Irving Espinosa Betanzo realizaron la difusión de videos en los que aparecen promocionando botanas dentro de las instalaciones de la SCJN, contenidos publicados originalmente en la plataforma de TikTok.
En entrevista con SinEmbargo, el Ministro Irving Espinosa Betanzo confirmó que las personas involucradas presentaron su renuncia inmediata e irrevocable y aclaró que no eran personas recién ingresadas al Poder Judicial.
“Una tenía más de 10 años en la Corte y otra ya con cinco años en el Poder Judicial de la Federación. Evidentemente sin autorización y sin consentimiento mío como responsable de la ponencia que tengo en mi cargo,” precisó.
Dijo estar en contra de que los espacios públicos en este caso porque se obtienen beneficios privados y afirmó que se están haciendo las investigaciones correspondientes.
“A pregunta expresa que yo hice a las personas que hicieron los videos fueron colaboraciones de carácter pagado, no para ellas de manera directa. El monto no lo sé, pero evidentemente siempre hemos estado en contra de que los bienes públicos sean utilizados para fines y beneficios privados. En función de eso, ellas mismas decidieron renunciar,” aclaró.
¿Televisa beneficiada?
Se determinó el 2 de marzo que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público debe devolver más de 100 millones de pesos por impuestos correspondientes a los años 1998, 1999, 2003 y 2004, luego de que el Pleno de la Suprema Corte lo aprobó con seis votos a favor y tres en contra, lo cual provocó ciertas críticas a la resolución en redes sociales.
A través de su cuenta de X, la Ministra Batres indicó que ella votó en contra del proyecto, ya que considera que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) sí está legitimado para actuar en defensa del erario.
El proyecto fue presentado por el Ministro Irving Espinosa Betanzo, quien a pregunta expresa de este medio digital detalló que los tribunales colegiados determinaron que a Televisa se le realizaron pagos indebidos por parte del SAT, lo único que quedó pendiente de resolver era sí le tenía que regresar lo que pagó la empresa para no generar intereses.
Al llegar el caso a la Corte, dijo el Ministro, su resolución es a favor de la televisora, luego de que los nueve ministros aprobaron con anterioridad un criterio general, sin incluir un contribuyente en particular, que establece que se deben de pagar los intereses cuando expresamente lo señale la sentencia.
“Entonces, es como si nosotros generamos un criterio como una pieza de rompecabezas y si ese asunto cabe en ese espacio de rompecabezas, pues nos guste o no nos guste se tiene que cumplir, porque primero nosotros aprobamos el criterio por unanimidad al momento; ya de resolver el asunto particular solamente seis votamos a favor de este tema, las causas, motivos y razones por los cuales no votaron a favor, pues ellos los tendrán que explicar”, señaló Betanzo.
Nueva relación con el Ejecutivo
La SCJN avaló en 8 meses por lo menos 5 reformas constitucionales y leyes secundarias que promovió el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) durante la última parte de su sexenio, lo que dejó atrás las impugnaciones que realizó de manera constante la entonces Corte de Norma Piña.
El renovado poder ratificó las reformas a la Ley General de Víctimas; la extinción de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero; la Ley Minera; Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro y la desaparición de 109 fideicomisos.
Durante la presidencia de la Ministra Norma Piña Hernández que fue de 2023 a 2025 se invalidaron una serie de reformas y decretos que fueron aprobados por la mayoría que encabezó Morena y sus aliados en la LXV legislatura, lo que provocó que AMLO acusara en varias ocasiones a la Corte de una intromisión a las funciones del Poder Legislativo.
“No tiene remedio el Poder Judicial (...) están dedicados a obstaculizar la transformación del país para sostener el viejo régimen”, reprochó el entonces Presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia mañanera del martes 9 de mayo de 2023.
Una de ellas fueron dos leyes secundarias que formaron parte del Plan B electoral de López Obrador, luego de que la Cámara de Diputados no aprobó su primera reforma que buscaba sustituir al Instituto Nacional Electoral (INE) por Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC) y disminuir el número de legisladores.
La Corte declaró –a propuesta del ministro Javier Laynez Potisek– inválidas en mayo 22 de 2023 con nueve votos a favor y dos en contra de las ministras Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz. El expresidente AMLO calificó a esta decisión como “arbitraria” e impulsó el conocido plan C en las elecciones presidenciales de 2024 con la búsqueda de que Morena y sus aliados consiguieran la mayoría calificada para su aprobación, incluyendo la famosa reforma judicial.
Otra iniciativa invalidada por el Alto Tribunal fue la Ley de la Industria Eléctrica el primero de febrero de 2024. La entonces Segunda Sala del Máximo Tribunal concedió el primero de cientos de amparos promovidos por la iniciativa privada, al confirmar que los siete artículos principales de esta reforma violaron las reglas del mercado eléctrico mayorista.
Declaró además inconstitucional otra reforma prioritaria para el Gobierno de López Obrador que era el traslado del control administrativo y operativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).
Más leyes secundarias para el PJ
En las Elecciones Judiciales sólo participó el 13 por ciento de la población, además se caracterizaron buena parte por los acordeones que se distribuyeron antes del proceso electoral para inducir en la nueva conformación de este poder.
Esto sirvió de pretexto para que el Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, cercano al expresidente Felipe Calderón, presentara un proyecto para anular la elección, el cual no prosperó.
Para el abogado Rodríguez Garduño los acordeones sí influyeron en los electores y que fueron impulsados por diferentes actores del actual Gobierno y de Morena.
Consideró que la reciente reforma presentada por la Presidenta Claudia Sheinbaum para simplificar la boleta de la elección judicial de magistrados y jueces en 2028 implicará también colocar acordeones “modernizados”, dado que se pondrán las iniciales de los poderes como el Legislativo, Judicial y Ejecutivo que los eligió, lo que podría influir en el electorado.
“Me parece que es una cuestión que debilita un esquema democrático. Luego vamos a tener que lleguen con acordeones más simplificados. Ahora el acordeón es en sí mismo la boleta,” dijo.
