No puede ser una coincidencia, sino un patrón sistemático de violencia estructural en contra de las comunidades campesinas e indígenas de varias regiones del país. Solamente en lo que va del mes de mayo se han denunciado agresiones en contra de pueblos indígenas en Chiapas, Guerrero, Michoacán y Jalisco. Y en apenas este mismo mes, se integraron dos misiones civiles de observación para levantar testimonios de las víctimas. Una partió hacia la Montaña Baja de Guerrero y otra a San Lorenzo Azqueltán, en el municipio de Villa Guerrero, al norte de Jalisco. Y en todos los casos, la respuesta estatal es la inacción, la omisión, cuando no la complicidad de autoridades con los grupos agresores.

En un comunicado reciente, el Congreso Nacional Indígena (CNI) hizo un recuento de todos estos ataques. “Entre los días 6 y 12 de mayo de este año las comunidades nahuas de Xicotlán, Acahuehuetlán, Alcozacán y Tula, municipio de Chilapa, Guerrero, integrantes del Consejo Indígena Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (Cipog-EZ), fueron atacadas y bombardeadas, con una violencia pocas veces vista, por el cártel criminal de 'Los Ardillos' frente a la inacción y la complicidad de los distintos niveles de Gobierno, lo que provocó el asesinato de cinco compañeros del Cipog-EZ, cientos de heridos, el desplazamiento de más de dos mil personas y la destrucción parcial de las comunidades antes señaladas”.

Días antes, también en Guerrero, "Los Ardillos" atacaron también la comunidad mephaá de San Pedro Huitzapula, municipio de Atlixtac, Guerrero, por más de 22 días, que provocaron el asesinato de dos poblados, y cientos de heridos y desplazados.

El Centro de Derechos Humanos La Montaña de Guerrero describió así el horror que vivieron durante tres semanas los pobladores de esta comunidad. “Este 13 de mayo de 2026, a las 10 de la noche, 80 mujeres se fueron a refugiar a la Comisaría Municipal; 17 eran niñas y 15 niños con los ojos inundados de lágrimas por el miedo. ‘Es una desesperación, no dormimos día y noche. Las bombas que caen son grandes y destrozan las casas. En un día caen alrededor de 20 bombas’, relató una señora que no revela su nombre por seguridad. La mañana de hoy 14 de mayo amanecieron con estallidos de bombas y balazos a 500 metros de la comunidad indígena. Aproximadamente 600 personas lanzaron un comunicado desde la Comisaría Municipal donde piden refuerzo de seguridad a la Presidenta Claudia Sheinbaum. ‘La violencia de 'Los Ardillos' ha dejado muertos y familias desplazadas. Vivimos con mucho miedo, mientras las autoridades nos abandonan desde el 27 de abril”.

En Michoacán ocurrieron también tres ataques, reseñó el CNI: en el municipio de Aquila, el martes 19 de mayo la Encargatura de la Cofradía de Ostula, perteneciente a la Comunidad de Santa María Ostula, fue atacada nuevamente por un comando fuertemente armado del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La Guardia Comunal de Ostula, “durante casi una hora enfrentó el fuego de los delincuentes hasta lograr el repliegue de éstos”.

Dos días antes, el domingo 17 de mayo, también en Michoacán, “la comunidad purépecha de Santa María Sevina, municipio de Nahuatzen, sufrió un brutal ataque por parte del crimen organizado en el que fueron asesinados Jesús Álvarez Gutiérrez e Ignacio Campos Guerrero, integrantes de la Ronda Comunal; y otro más se encuentra gravemente herido”.

Y también en Michoacán, “el miércoles 6 de mayo, un comando del CJNG, protegido por la Policía Municipal de Chilchota, atacó a comuneros de la comunidad purépecha de Acachuén, municipio de Chilchota, con un saldo de dos personas de la comunidad muertas y una más herida; asimismo, el pasado 11 de mayo, el Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM) fue cruentamente reprimido por la Policía Estatal al manifestarse en repudio a los sangrientos sucesos de Acachuén”.

En este recuento del CNI, no dejaron de mencionar la violencia que se cierne desde hace años en contra de la comunidad tepehuana y wixárika de San Lorenzo Azqueltán, municipio de Villa Guerrero, Jalisco. Se recordó que el representante de la comunidad, Marcos Aguilar Rojas, fue asesinado el pasado 26 de noviembre de 2025. Debido a esta situación de permanente acoso a los comuneros por parte de los mestizos que invaden su territorio, la semana pasada llegó a la comunidad una Misión Civil de Observación para recoger testimonios y documentar las agresiones.

Finalmente, debe incluirse que apenas el pasado 12 de febrero, ocho familias tzeltales integrantes del Congreso Nacional Indígena (CNI) en Jotolá, municipio de Chilón, Chiapas, sufrieron un violento desalojo que concluyó con el desplazamiento de 30 pobladores y en la ilegal detención de Francisco Moreno Hernández.

Desde la Casa Común de los pueblos, como se identifica a sí mismo el CNI, sostienen que se trata de una “guerra contra los pueblos”. Así lo señaló: “La guerra en contra de nuestros pueblos, una guerra capitalista de conquista, se torna cada vez más violenta y tiene como fin desplazarnos de los territorios que hemos ocupado de manera ancestral para despojarnos de ellos, para apropiarse de nuestros cuerpos y nuestra fuerza de trabajo, para hacer crecer las economías criminales que sostienen este sistema de muerte que se nombra capitalismo”. Esta guerra contra las comunidades indígenas debe cesar ya.