La semana pasada dejé a la CNTE donde ha estado desde entonces: instalada en una posición que le permitía administrar una parte nada despreciable del botín corporativo construido durante décadas por el régimen priista, aunque sus apologistas siguieran imaginándola en barricadas heroicas y resistencias impolutas. Habían cambiado los ocupantes de algunas oficinas sindicales, pero el mecanismo seguía funcionando: las plazas seguían siendo poder, los ascensos seguían siendo poder, la intermediación seguía siendo poder.

Mientras la Coordinadora consolidaba sus parcelas sindicales, en la Secretaría de Educación Pública comenzaba a gestarse el intento más serio de reformar el sistema educativo mexicano desde los tiempos de Jaime Torres Bodet. El mismo régimen que había construido el arreglo corporativo intentaba corregir algunas de sus consecuencias más dañinas.

A finales de los años ochenta el deterioro educativo resultaba imposible de ocultar. Durante décadas el sistema había celebrado su capacidad de expansión. Las escuelas llegaban a casi todo el territorio nacional. La matrícula crecía. El analfabetismo retrocedía. Los indicadores de cobertura mejoraban año tras año. El problema aparecía cuando alguien se atrevía a preguntar qué estaban aprendiendo realmente los alumnos.

La respuesta quedó plasmada en uno de los documentos más importantes y menos recordados de la historia educativa reciente. El diagnóstico coordinado por Gilberto Guevara Niebla para el equipo de transición de Carlos Salinas describía una auténtica catástrofe silenciosa. El sistema educativo mexicano había logrado incorporar millones de alumnos a las aulas sin construir mecanismos eficaces para garantizar aprendizajes de calidad. La cobertura avanzaba. La calidad era desastrosa. México era un país de reprobados.

La explicación tampoco era misteriosa. Como he venido contando en esta serie, desde 1946 el sistema educativo había quedado atrapado en un arreglo institucional que subordinaba la lógica profesional a la lógica corporativa. La carrera magisterial dependía menos del desempeño docente que de las estructuras encargadas de administrar plazas, promociones, cambios de adscripción y ascensos. El sindicato participaba activamente en la gestión del sistema. La burocracia educativa completaba el trabajo. Enseñar bien nunca fue la principal fuente de recompensas. Los incentivos premiaban obediencias, antigüedades, relaciones políticas y habilidades burocráticas. El aprendizaje de los alumnos ocupaba un lugar decorativo en la arquitectura real del sistema.

Ya con Salinas en la Presidencia, vino el intento de reforma, encargada a Manuel Bartlett Díaz, personaje indispensable en cualquier historia sobre las mutaciones del régimen priista, hasta su última reencarnación pintada de morado y con pretensiones de gran transformación, cuando no ha sido más que un rebote reaccionario. Pocas trayectorias resumen mejor la capacidad del sistema para producir simultáneamente problemas y soluciones. El mismo operador político asociado para siempre a la elección de 1988 encabezaba ahora el intento de modernizar la educación nacional.

El Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica de 1992 fue la pieza clave del intento reformador. La federalización transfería a los estados buena parte de la administración educativa. Los planes de estudio serían actualizados. La capacitación docente adquiría mayor importancia. Carrera Magisterial se convirtió en la pieza central del proyecto. Por primera vez desde Torres Bodet se intentaba construir una carrera profesional capaz de premiar formación, actualización y desempeño. Por un momento pareció que las reformas salinistas iban a tocar a fondo el arreglo clientelista del sistema educativo en el sentido adecuado.

Sin embargo, la pertinacia de la trayectoria se impuso. Los reformadores pretendían modificar los incentivos sin alterar seriamente la estructura de poder encargada de administrarlos. Creían que podían profesionalizar el sistema mientras el sindicato conservaba influencia decisiva sobre la carrera docente. La historia posterior demostró hasta qué punto subestimaron a su adversario.

La ejecución de la reforma quedó en manos de Ernesto Zedillo y de su fiel paje, Esteban Moctezuma. Conocían perfectamente las deformaciones que había producido medio siglo de corporativismo educativo. También conocían a la estrella ascendente que comenzaba a controlar el sindicato. Enfrentarse a Elba Esther Gordillo exigía desmontar una parte sustancial del arreglo político construido desde 1946. No lo hicieron. Ahí comenzó el fracaso.

La caída de Carlos Jonguitud Barrios en 1989 había sido presentada como una victoria de la modernización. En realidad marcó el ascenso de una dirigente mucho más talentosa que su antecesor. Jonguitud representaba la versión clásica del cacique sindical priista. Elba Esther Gordillo entendió algo que los reformadores tardaron demasiado tiempo en advertir: el corporativismo mexicano podía sobrevivir a cualquier reforma siempre que lograra apropiarse de ella. El programa de Carrera Magisterial ofrecía una oportunidad extraordinaria.

Los cursos, los puntajes, las acreditaciones y los estímulos económicos comenzaron a integrarse gradualmente a las redes de intermediación que durante décadas habían distribuido plazas y favores. El lenguaje de la profesionalización fue absorbido por las prácticas tradicionales del sistema. Los documentos oficiales hablaban de evaluación. La realidad seguía hablando de negociación.

La federalización produjo resultados similares. Los gobiernos estatales recibieron nuevas responsabilidades administrativas. El sindicato conservó buena parte de su capacidad de presión nacional. Los gobernadores heredaron conflictos. Las estructuras corporativas conservaron influencia. La descentralización redistribuyó funciones. El poder siguió circulando por conductos perfectamente conocidos.

Zedillo observó el proceso con una mezcla de lucidez y resignación. Conocía mejor que nadie las deformaciones que pretendía corregir. Había participado en los diagnósticos y en la puesta en marcha de las soluciones. Cuando llegó a la Presidencia tuvo otra prioridad. Elba Esther Gordillo se había convertido en un actor demasiado importante para abrir una confrontación frontal. La profesionalización quedó subordinada a la estabilidad política.

La decisión resulta particularmente frustrante porque pocos políticos mexicanos entendían tan bien el problema educativo. Precisamente por eso resulta imposible absolverlo. Los años noventa produjeron avances reales. La cobertura siguió creciendo. La escolaridad promedio aumentó. Se construyeron escuelas. Los materiales educativos mejoraron. Los mecanismos de evaluación comenzaron a abrirse paso. Los problemas de aprendizaje permanecieron.

Durante décadas el sistema había enseñado a maestros, funcionarios y dirigentes sindicales que la carrera profesional dependía menos del desempeño que de la capacidad para navegar estructuras políticas. Los reformadores modificaron reglamentos, programas y procedimientos. Las relaciones de poder conservaron una estabilidad pertinaz.

La vieja coalición construida alrededor del sistema educativo perdió algunas posiciones, adaptó otras y conservó las fundamentales. Sobrevivió a la reforma. Sobrevivió a la alternancia. Sobrevivió a la transición democrática. La pretendida Carrera Magisterial terminó alimentando nuevas redes de intermediación. La federalización redistribuyó responsabilidades sin alterar los equilibrios centrales del poder. El arreglo siguió repartiendo plazas, ascensos y lealtades.

La semana próxima tocará hablar de la gran vencedora de aquella batalla. Elba Esther Gordillo ya no era solo una dirigente sindical. Empezaba a convertirse en otra cosa, bastante más truculenta.