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Facundo Rosas, excomisionado de la Policía Federal durante la administración de Felipe Calderón, dejó su cargo en la Secretaría de Seguridad de Puebla en el año de 2015, después de que se le acusó por su relación de protección con grupos de huachicoleros.
La falta de atribuciones claras y la concentración de poder de la Guardia Nacional, así como el riesgo que corre la información genética en manos de una corporación de carácter castrense, son algunos de los cuestionamientos que han surgido tras la licitación de un software para manejar la base de datos genética que heredó de la Policía Federal.
Tras seis años y cuatro meses de la masacre ocurrida en el Rancho de El Sol, en la frontera con Jalisco, donde fueron ejecutadas 22 personas por las fuerzas federales, siete exagentes fueron sentenciados a prisión por homicidio, según medios nacionales.
Además, solicitaron que se realice un desbloqueo del sistema de seguridad pública, ya que no pueden integrarse a otras corporaciones policíacas luego de que formaron parte de la Policías Federal.
Como Secretario de Seguridad Pública en el Gobierno de Felipe Calderón, Genaro García Luna empleó a Televisa y a TV Azteca para recomponer la imagen de la Policía Federal.
Francisco Javier Cruz Rosas es uno de los 19 exfuncionarios de la Policía Federal, quienes son acusados de delincuencia organizada y lavado de dinero. Entre los secretarios acusados se encuentra Jesús Orta Martínez y Frida Martínez Zamora.
Finalmente, la UIF resaltó que en cuanto se reciba la notificación “y analice la sentencia respectiva”, se harán valer los recursos que en derecho procedan.
“Lo que sé es que hay una colaboración estrecha del Departamento de Justicia y otras agencias con la Fiscalía en todo lo relacionado con el caso de García Luna y de estos policías que se desempeñaron en ese tiempo”, informó.
Los nombres de las empresas que contrataron con la Policía son Esrome y Dizoal. El equipo periodístico encontró que se fundaron el mismo día de abril de 2017 en la oficina del mismo notario, en el municipio de Chalco, al otro extremo de la zona metropolitana de Ciudad de México.
“’El Jefe’ de Alan Feuer, disponible en español sólo en audio, no es un libro sobre la narco-corrupción en México; tampoco un análisis sobre la guerra fallida contra los cárteles, mucho menos la historia del narcotráfico. Es el trabajo periodístico de un reportero especializado en procesos criminales que, con fuentes privilegiadas, incurre en el oculto mundo del espionaje cibernético que presidió la captura de Joaquín Guzmán Loera”, dice la periodista Dolia Estevez en esta entrega especial para los lectores de SinEmbargo.
El Juez Décimo Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales de la Ciudad de México, Francisco Urbina Tanús, emitió la resolución el pasado 6 de septiembre contra 13 elementos y exmandos de la Policía Federal.
En su conferencia matutina, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer que existen órdenes de arresto contra 19 exfuncionarios de la extinta Policía Federal, entre las que se incluye la de Jesús Orta, exsecretario de Seguridad de la Ciudad de México.
Las otras órdenes de aprehensión también apuntarían a sujetos como Carlos Hipólito Rivera Codina; Eleuterio Enrique Pérez Romero; Everardo Guzmán Linares; Federico Emilio Metzler Sánchez Armas; Francisco Javier Cruz Rojas; Osvaldo Martínez Hernández; Leonel Ignacio Orozco Padilla; Leopoldo Martinez Escamilla; Ramón Jesús Sánchez Cadeño; Jorge Carlos Ruiz Alavez; Édgar Ulises Calderón Luna; Israel Luna Espinosa; […]
Los señalamientos de corrupción y filtración de delincuencia organizada le valieron a la Policía Federal (PF) su extinción, sin embargo, algunos analistas consideraron que, si bien había severas acusaciones contra esta corporación, tampoco creen que estuviera tan descompuesta a tal grado de ser desaparecida.
La Policía Federal ejerció, desde el 2009 al 2019, al menos 293 mil 191.3 mdp, periodo en el que la escalada de violencia que ha dejado al menos 234 mil 776 homicidios dolosos.
El mandatario acusó a Moro de entregar a la cadena televisiva Globo, una de las más influyentes del país, informes y mensajes sigilosos sobre el Gobierno, lo que, según Bolsonaro, podría configurar un delito federal.