Ciudad de México, 1 de julio (SinEmbargo).– Con el propósito de evitar casos de corrupción o tráfico de influencias, se aprobó en comisiones del Congreso prohibir que diputados reciban regalos, dádivas, pagos en efectivo o en especie de parte de cabilderos, es decir, personas que representan a empresas para obtener una resolución favorable a sus intereses.

Los integrantes de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de San Lázaro aprobaron la iniciativa de reforma al Reglamento interno de la Cámara, que busca regular la actividad de “lobbying” o cabildeo, al interior del Palacio Legislativo.

No obstante, legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) “rasuraron” el texto en varios temas medulares, que tocaban, principalmente a ex diputados que hoy realizan actividades de cabildeo en San Lázaro, denunció la proponente de la iniciativa, Merilyn Gómez Pozos, Diputada por Movimiento Ciudadano (MC).

La legisladora, que también es Secretaria de la Mesa Directiva, propuso en su iniciativa que “no podrán llevar a cabo actividades de cabildeo servidores públicos durante el ejercicio de sus funciones y hasta 2 años después de haber dejado sus cargos, sus cónyuges y sus parientes por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado”.

Sin embargo, el PRI modificó la redacción, a fin de que quedara “hasta 2 años después de haber sido cesados de sus cargos, sus cónyuges y sus parientes por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado”, lo cual pervierte el sentido original de la propuesta.

Pese a este radical cambio, la Diputada Merilyn Gómez Pozos celebró que no se “rasurara” de su propuesta original, la prohibición a los diputados para recibir regalos o dádivas, que comprometieran el sentido de su voto, en temas polémicos, como el alcohol o el tabaco.

“Muchos tenemos presente los casos de Diputados en pasadas Legislaturas que realizaron viajes a carreras de Fórmula Uno, pagados por grandes empresas con tal de obtener votos a favor. Lo ideal es evitar la tentación que nos pueda llevar a casos de corrupción”, aseguró la legisladora por Movimiento Ciudadano.

En la presente legislatura están registrados 252 cabilderos (225 personas morales y 27 personas físicas), y se rechazó la inscripción de 290 aspirantes, por incumplir los requisitos o aportar datos falsos en las solicitudes de inscripción.

LOS INTERESES DETRÁS DE LOS CABILDEROS

Entre los cabilderos acreditados destacan intereses de grandes corporaciones, entre ellos se encuentran la trasnacional cigarrera Philip Morris-Cigatam; las licoreras Pernod Ricard, Pedro Domecq y Casa Cuervo; la cervecera Grupo Modelo, Jugos del Valle, Kraft Foods de México y Nextel, así como las automotrices Daimler, Dart y Kenworth.

También están registrados personal contratado por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México y la American Chamber of Commerce of México.

En el ramo educativo se observa la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), la cual agrupa a las principales casas de estudios públicas y privadas de México, como son la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y el Tecnológico de Monterrey (ITESM).

En cuanto a despachos profesionales de consultoría, se enlistan PricewaterhouseCoopers, Grupo Estrategia Política, Open Lobbyng, Asesoría Estrategia Total y Consultoría Estrategia Primer Círculo.

En el Senado de la Republica no existe un registro de cabilderos, por lo que se desconoce el número de personas que realizan la actividad de “lobbying” al interior de la cámara alta.

INTENTOS POR REGULAR EL CABILDEO

La actividad del cabildeo, tan denostada por la opinión pública, pero necesaria en la vida parlamentaria, tuvo sus primeros intentos de regulación desde la LVII Legislatura, allá por el año de 1997, justo después de que el Partido Revolucionario Institucional perdiera la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, por primera vez en 68 años.

Actualmente, el Reglamento de la Cámara de Diputados define como cabildeo “toda actividad efectuada ante cualquier Diputado, órgano o autoridad de la Cámara para obtener una resolución o acuerdo favorable a los intereses propios o de terceros”.

Asimismo, estipula que cabildero es el individuo ajeno a la Cámara de Diputados que representa a una persona física, organismo privado o social, para realizar actividades de cabildeo y por las cuales obtenga un beneficio material o económico.

En esta LXII Legislatura, los coordinadores parlamentarios suscribieron el Acuerdo de la Mesa Directiva por el que se establecen las normas generales relativas al procedimiento para el registro de cabilderos y sus actividades dentro de la Cámara de Diputados, firmado el 31 de octubre de 2012, casi dos meses después de iniciado el primer año legislativo.

El acuerdo pretende regular la actividad de los cabilderos al interior de San Lázaro, a fin de evitar que se pervierta su sentido y fomente la suscripción de acuerdos que transgredan la ley.

Para el desarrollo de sus actividades, el cabildero deberá contar con una credencial que expide la Cámara de Diputados, este gafete le sirve para ingresar a san Lázaro y para realizar sus actividades durante su estancia en el recinto.

El Acuerdo especifica que cuando exista interés de un cabildero en alguno de los temas que será abordado en una sesión o comisión, éste deberá informar por escrito, su nombre y la empresa que representa, número de identificación y el asunto que pretenda promover.

Asimismo, obliga a las comisiones legislativas, a informar a la Mesa Directiva todo lo relativo a las actividades de cabildeo que se hayan registrado dentro de las mismas, para lo cual deberán señalar los documentos recibidos que tengan relación con los temas de su competencia, así como los nombres de los cabilderos que los hayan entregado.

Para mejorar la regulación de esta actividad, la Diputada Merilyn Gómez Pozos, propuso en su iniciativa eliminar, en la definición de cabildero, la parte en donde se sugiere que éste obtiene “un beneficio material o económico”.

“Esto porque excluía como cabilderos a activistas o defensores de causas sociales que no reciben un pago o retribución por cabildear a favor de temas altruistas. Por eso decidimos quitarla para democratizar la actividad del cabildero”, precisó la legisladora.

Asimismo, planteó establecer en el reglamento de la Cámara un número máximo cabilderos por Comisión, a fin de evitar casos de corrupción o influyentismo.

“El número máximo de personas acreditadas para realizar actividades de cabildeo en la Cámara de Diputados será de veinte por cada comisión y dos por cada persona moral inscrita; en caso de que exista un número mayor de solicitudes respecto a alguna comisión o persona moral, la Mesa Directiva acordará lo conducente”, detalló.

El dictamen aprobado por la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias podría presentarse al Pleno de los Diputados, en uno de los dos periodos extraordinarios que se celebrarán en julio y agosto próximos.