Marcos Conde Hernández, ex Delegado de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz, detenido por la desaparición de cinco jóvenes originarios de Playa Vicente, busca la protección de la justicia federal a causa de presuntos actos de tortura cometidos durante sus declaraciones rendidas ante la Fiscalía de Veracruz. De ser comprobados estos abusos, el funcionario, relacionado con la desaparición de más personas en varios puntos del estado, y su hombre de confianza, Otoniel Cruz Linares, podrían quedar libres. Si esto ocurriera, “sería la injusticia más grande que pudiéramos escuchar”, dijo Bernardo Benítez, padre de unos de los cinco jóvenes.

Por Miguel Ángel León Carmona

Ciudad de México, 2 de marzo (SinEmbargo/Blog Expediente).– Marcos Conde Hernández, ex Delegado de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz, y su hombre de confianza, Otoniel Cruz Linares, demandaron un amparo ante instancias federales, en el juzgado IV de Distrito del estado de Veracruz en Boca del Río.

Los ex elementos de la Secretaría Pública del Estado involucrados en la desaparición de cinco jóvenes originarios de Playa Vicente, ocurrida el pasado 11 de enero en Tierra Blanca, argumentan que sus derechos humanos fueron violentados. Específicamente apelan tortura durante las declaraciones rendidas ante la Fiscalía General del Estado.

El próximo 7 de marzo se les concederá audiencia a los dos detenidos, para posteriormente conocer si la demanda procede en favor de los detenidos.

De acuerdo con expertos jurídicos, de comprobar los detenidos actos de tortura, podría serles otorgado un Amparo para Efectos, es decir, sería regresado el caso al auto de formal prisión.

Además, en el peor escenario para las víctimas de la múltiple desaparición, habría la posibilidad del otorgamiento de un Amparo Liso y Llano, que se traduce en la libertad de Marcos Conde Hernández y Otoniel Cruz Linares.

“Increíble sería que estas personas quedaran en libertad. Sería la injusticia más grande que pudiéramos escuchar. Cómo a una persona que estuvo al mando de 60 personas, sin acreditar su examen de confianza desde el año 2012, además de cometer decenas de ejecuciones, un juez decida darle un amparo”, declaró Bernardo Benítez Herrera.

Algo similar a esta apelación se puede asemejar con el asesinato del periodista veracruzano Gregorio Jiménez, cuando sus seis agresores apelaron tortura en el rendimiento de declaraciones y su absolución estuvo cercana a ser dictado en su favor.

Un juez de distrito judicial dictó prisión por el delito de desaparición forzada a Conde Hernández a inicio de febrero. También le dicto formal prisión a Otoniel Cruz Linares.

Marcos Conde Hernández trabajó como comandante nocturno en la Policía Intermunicipal Veracruz-Boca del Río (PIVB), corporación disuelta al inicio del Gobierno de Javier Duarte de Ochoa ante los señalamientos de infiltración total por parte del cártel de Los Zetas.

Pese a las acusaciones en su contra, ingresó a la SSP como oficial tras la eliminación de la agrupación a la que pertenecía. De allí ascendió a mando, a subdelegado, y finalmente a delegado en Tierra Blanca, a donde arribó hace unos 12 meses.

Durante su paso por la ciudad de José Cardenal, en el municipio de La Antigua, se acumularon denuncias por secuestro de civiles, e incluso de policías municipales, a bordo de patrullas de la Policía Estatal, de la cual Conde Hernández era parte.

Ahora podría quedar libre a causa de la supuesta tortura a la que, asegura, fue sometido.

Han transcurrido 50 días desde la desaparición de Bernardo Benítez Herrera, José Benítez de la O, Mario Arturo Orozco Sánchez, José Alfredo González Díaz y Susana Tapia Garibo, desde entonces se han detenido a ocho oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y a tres civiles.

Los cinco jóvenes, entre ellos una mujer de 16 años, desaparecieron el lunes 11 de enero después de que policías se los llevaron en la región de Tierra Blanca cuando cargaban gasolina en una estación de servicio, de acuerdo con sus familiares.

Ayer, se dio a conocer que Rubén Pérez Andrade, el octavo policía estatal detenido por la desaparición forzada de los cinco jóvenes oriundos de Playa Vicente, declaró que a los cinco jóvenes “les dieron muerte y los incineraron”.

“Ellos se los entregaron a otras personas en el rancho El Limón y confiesa que ahí les dan muerte y los incineran”, dijo Bernardo Benítez, quien además comentó que la investigación continúa y las autoridades verificarán que lo dicho por el policía corresponda a los hechos.

Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría se Gobernación (Segob), dijo este martes que el octavo implicado en la desaparición de los jóvenes estuvo presente en todos los momentos claves.

Los jóvenes “fueron quemados, posteriormente fueron molidos, seguramente en un molino de caña, y fueron tirados a un pequeño río”, dijo el subsecretario al periodista Carlos Loret de Mola citando a Rubén Pérez, el octavo policía detenido por este suceso.

El Fiscal de Veracruz, Luis Ángel Bravo, detalló a su vez a una emisora de radio que Pérez admitió su participación en los hechos luego de que la geolocalización de su teléfono móvil revelara que su coartada fallaba. Bravo aseguró que ya se conoce el móvil de los hechos de Tierra Blanca, pero no quiso revelarlo para no entorpecer la investigación.

No obstante, el titular de la Policía Federal, Enrique Galindo, recordó que el testimonio del policía “no es definitivo” y remarcó que la búsqueda continúa.

“El caso no está cerrado, la investigación está en curso”, dijo Galindo. Aseguró que el testimonio de Pérez Andrade “no constituye algo definitivo”, pero que al ser un avance importante, era necesario que los familiares lo conocieran.

Sin embargo, dijo aún falta concluir las pruebas periciales en materia genética de los restos encontrados en el rancho.

La desconfianza de los familiares de las víctimas ante las declaraciones oficiales quedó reflejada en las palabras de Bernardo Benítez, padre de una de las personas desaparecidos de Tierra Blanca y tío de otra, quien dijo a Efe que los padres aceptarán que las víctimas están muertas “el día que haya pruebas”.