Sobre los ministros prorrusos, entre los que figuran los titulares de Interior, Justicia y Energía, pesan cargos de creación de banda armada y grupo terrorista.

Pese a los continuos cambios de dirigentes en el Gobierno separatista, las autoridades ucranianas “han logrado documentar las actividades criminales de esos ministros y de otros traidores”, explicó Viacheslav Abroskin, jefe de la policía de Donetsk leal a Kiev.

Desde el estallido del conflicto en el este del país, Kiev ha declarado en búsqueda y captura a más de un millar de personas, de las que ha capturado menos de un centenar.

Ucrania no reconoce a los dirigentes separatistas como legítimos representantes de las zonas bajo su control en las regiones de Donetsk y Lugansk, por lo que exige la celebración de elecciones locales bajo supervisión internacional.

En respuesta, los separatistas han convocado elecciones locales para el 18 de octubre próximo, una semana antes de que tengan lugar los comicios municipales en todo el país.

El presidente ucraniano, Petró Poroshenko, se apresuró a tachar esa convocatoria de violación de los acuerdos de paz de Minsk de febrero pasado, ya que estos comprometen a ambos bandos a consensuar la fecha de las elecciones.

Pero el Tribunal Supremo dio esta semana el visto bueno a la reforma constitucional que permitirá la concesión de ciertas dosis de autogobierno a las zonas rebeldes en Donetsk y Lugansk, paso crucial para la solución del conflicto.

Ese autogobierno se enmarca en una ley más amplia de descentralización que otorgará mayores poderes a todas las regiones del país y que debe ser votada por la Rada Suprema (Parlamento), donde algunos diputados consideran que el citado proyecto es una concesión a los rebeldes.

Pero el presidente ucraniano puso como condición el desarme de los guerrilleros, la retirada de las tropas rusas y el restablecimiento del control ucraniano sobre la frontera con Rusia, parte de la cual está ahora bajo dominio insurgente.

El jefe adjunto de la misión de la Organización para la Cooperación y Seguridad en Europa (OSCE) para el este de Ucrania, Alex Hug, acusó esta semana a las fuerzas gubernamentales y a las milicias rebeldes de violar en repetidas ocasiones el alto el fuego.

La falta de arreglo pacífico del conflicto ha tenido un gran impacto en la economía nacional, ya que una parte importante del industria del país está paralizada, las centrales eléctricas se han quedado sin carbón y el país es incapaz de pagar sus deudas, por lo que Ucrania podría declararse en suspensión de pagos.