Si una tercera parte de las irregularidades que se han reportado en las campañas electorales de los 12 estados que están en juego este domingo 5 de junio son medianamente ciertas, el Instituto Nacional Electoral (INE) no está funcionando, al menos para lo que se diseñó.

Cuando se hizo el cambio de un Instituto Federal a uno Nacional lo que se buscaba era no solo cambiarle de nombre para gastar más dinero ajeno (especialidad del Congreso) sino que tuviera atribuciones para participar en, e incluso atraer, elecciones estatales donde no hubiera la certeza de independencia de los órganos electorales de los estados.

Hoy el INE está ausenté de las procesos locales: para bien o para mal no ha metido las manos. Podemos decir que para bien porque cuando el centro interviene con su visión ombligocéntrica en problemas locales suele no entender nada y hacerlo con la torpeza política de un elefante marino; para mal porque los delitos y cochupos están a la orden del día y el Instituto parece no enterarse de qué va la vida.

El tema más delicado es, como siempre, la auditoría del gasto. Los partidos siguen gastando como quieren, fuera de la ley, y sin consecuencia alguna. Un estudio de la Consultora Integralia, citado por Animal Político, estima que en los años electorales estudiados, 2012 y 2015, el flujo de efectivo aumentó cerca de 33 mil millones de pesos en los meses previos a la elección. La mayor parte de ese flujo es sin duda dinero mal habido que viene del crimen organizado o de la corrupción (moches en efectivo, desvío de fondos públicos, etcétera). Las elecciones estatales de este año no son la excepción, por el contrario, huelen y mucho a dinero: el exceso ha sido la regla.

Algunos de los comicios del domingo tendrán final de fotografía. El más evidente es Veracruz, pero Oaxaca y Aguascalientes podrían ser también elecciones que se definan por un escaso margen y algunos otros podrían dar la sorpesa. El problema no es lo que hizo el INE sino lo que dejó de hacer en el proceso que puede llevar a que algunas elecciones se decidan en tribunales.

El INE tiene la responsabilidad final sobre las elecciones estatales pero no tiene la capacidad operativa, mientras que los Consejos estatales, que son quienes manejan la estructura, siguen atados al gobernador en turno que es -y lo hacen sentir permanentemente- quien paga la nómina.

Necesitamos un INE fuerte de cara a las elecciones del 2018, pero por lo que hemos visto en la corta historia del Instituto Nacional está lejos de serlo: sus pronunciamientos son casi siempre de corte burocrático y tiene una incapacidad esencial, por la forma en que está compuesto el Consejo General, para tomar decisiones. Urge despertar al INE de su letargo.

Diego Petersen Farah

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