Recluida por cuatro meses en un centro de detención privado de Aurora, en Colorado, Grisel Xahuentitla, una tlaxcalteca, ahora de 33 años, padeció de trabajos forzados en un programa que paga un dólar al día. El grupo que controla la prisión, dice el abogado de su caso y de otras ocho personas, ha ganado millones con estas prácticas que se aplican en casos civiles y no graves de inmigración. La demanda original reclama 5 millones de dólares por daños y perjuicios pero, ahora, unos 60 mil migrantes que estuvieron ahí en la última década podrían sumarse en una demanda colectiva histórica en EU.
Ciudad de México, 5 de marzo (SinEmbargo).– Una migrante mexicana de Tlaxcala y otros ocho ex detenidos de una cárcel privada en Colorado presentaron una demanda contra el operador de la instalación –GEO Group– alegando trabajos forzados y el enriquecimiento ilícito de la empresa, con un programa de “trabajo voluntario” que le da a detenidos 1 dólar al día por ayudar en el mantenimiento de la prisión.
Grisel Xahuentitla pasó seis horas al día ahí lavando bandejas antes de las comidas, fregando los baños y las duchas, plantea un reportaje publicado por Los Angeles Times. “Cuando usted está allí, no hay muchas opciones”, dijo Xahuentitla, de 33 años, a la periodista Alene Tchekmedyian, a quien relató su estancia de cuatro meses en el Centro de Detención Aurora, en 2014. “Tienes que seguir sus reglas, tienes que hacer lo que te dicen”, narró la mexicana.
Pero, poco después de su liberación, ella y otros ocho ex detenidos presentaron una demanda contra GEO Group. Ahora, el caso de Xahuentitla podría afectar positivamente hasta a 60 mil inmigrantes que fueron detenidos en la instalación durante una década, pues un juez federal dictaminó el 27 de febrero pasado que los demandantes podrían avanzar con una demanda colectiva contra GEO Group, que opera docenas de prisiones privadas y centros de detención en todo el país.
La demanda colectiva podría tener implicaciones significativas para la compañía, que ahora perderá más que si la demanda hubiera avanzado con sólo nueve demandantes. La demanda original era por 5 millones de dólares en daños y perjuicios.
La compañía, que contrata al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) para operar el centro de 1,500 camas en Aurora, dice que no ha hecho nada malo, señalando en una declaración judicial que tales programas son “totalmente autorizados por el gobierno federal”, plantea la información de LA Times.
“Hemos refutado constantemente estas acusaciones, y tenemos la intención de seguir defendiendo con firmeza a nuestra compañía contra estas reclamaciones”, dijo el portavoz de GEO, Pablo Paez, por correo electrónico.
Pero en su decisión, el juez de distrito John Kane certificó dos clases de demandantes, destaca la investigación de Tchekmedyian.
Una de esas clases involucra a aproximadamente 2 mil personas que, como Xahuentitla, participaron en el programa de trabajo voluntario, y también alegan que sólo les pagaron dos de las cuatro semanas que trabajaron en el programa.
La otra clase involucra a hasta 60 mil inmigrantes que, de acuerdo con sus abogados, fueron coaccionados para limpiar los pisos, limpiar las ventanas, limpiar los colchones y los comedores bajo la amenaza del aislamiento, de acuerdo con documentos presentados por la corte.
Los abogados de GEO, en documentos entregados a la corte, dijeron que el ICE (U.S. Immigration and Customs Enforcement) requiere que los detenidos mantengan una vivienda limpia, pero los abogados de los demandantes argumentaron que el trabajo que los detenidos estaban obligados a realizar iba mucho más allá del alcance del requisito de limpieza.
Al confiar en el libre trabajo de los detenidos, argumentaron los abogados de los demandantes, GEO mantiene toda su instalación con sólo un conserje en la nómina. Por ello, afirman, la empresa violó la disposición sobre trabajo forzado de la Ley de Protección a Víctimas de Trata.
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“Estos inmigrantes vinieron aquí a trabajar para llevar una vida mejor para ellos y sus familias”, dijo Brandt Milstein, un abogado que representa a los demandantes y quien fue entrevistado por LA Times. “Entonces, es una contradicción cuando están atrapados haciendo eso y se les dice que es ilegal trabajar en este país. Entonces se ven obligados a trabajar por nada con el fin de compensar los beneficios de una empresa privada en la prisión”, expone Milstein.
“Xahuentitla, inmigrante de Tlaxcala, México, alega que también fue amenazada con confinamiento solitario cuando se negó a limpiar el piso. Tal trabajo no era parte de sus deberes en el programa de 1 dólar al día, dijo. La guardia no siguió con la amenaza de ponerla en solitario”, dijo a la periodista del diario angelino.
Xahuentitla vive ahora en Durango, Colorado, y ella y su abogado se negaron a discutir su estatus legal.
“Es un error forzar a cualquiera a trabajar sin pago y bajo la amenaza de confinamiento solitario; eso está mal”, dijo el abogado Milstein. “La sociedad parece aceptarlo [el trabajo forzado] más fácilmente si esa persona es condenada por un delito grave, como la violación o el asesinato. La sociedad no debe aceptarlo en absoluto cuando la gente está detenida sólo por cargos de inmigración civil”, agregó en la entrevista con Los Angeles Times.
