Ciudad de México, 5 de junio (SinEmbargo).– La bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Senado aseguró que de ninguna manera caerá en el juego del duopolio televisivo: Televisa y Televisión Azteca; ni promoverá un debate estéril entre los legisladores que coinciden en elaborar una legislación fuerte en materia de telecomunicaciones que beneficie a las audiencias, afirmó el Senador Alejandro Encinas Rodríguez, en entrevista para Sin Embargo.
Encinas respondió así al Senador Javier Corral Jurado, quien previamente había señalado que con los 10 puntos negociados con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el gobierno federal, el PRD estaba haciendo el trabajo sucio para fortalecer a los intereses de concentración monopólica de Televisa.
“Aunque ya lo comenté con él [Javier Corral], no le ha quedado claro que el debate que nosotros hemos dado es: no a la iniciativa del Ejecutivo [para crear la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión], mucho menos a la “iniciativa albazo” de [Javier] Lozano-PRI-PAN, sino que estamos discutiendo la iniciativa que fue presentada por la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI) y que firmamos 18 senadores, entre ellos yo”, afirmó el legislador.
Ayer, el coordinador parlamentario perredista en el Senado, Miguel Barbosa Huerta, confirmó que sí hubo negociaciones con el gobierno federal y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en materia de telecomunicaciones, pero rechazó que éstas se realizaran “en lo oscurito” .
Pero el Senador Corral insistió en que las negociaciones que el PRD está haciendo son para mejorar la oferta a Televisa, el consorcio de medios que dirige Emilio Azcárraga, y al que se acusa de influir en la propuesta o dictamen de iniciativa de Reforma en materia de Telecomunicaciones que presentaron en su momento tanto el Presidente Enrique Peña Nieto como el Senador panista Javier Lozano Alarcón.
Corral se refirió al primer punto presentado por los perredistas que habría sido modificado en acuerdo con el PRI, respecto a las “Reglas de competencia” en donde establece que los competidores “podrán adquirir capacidad de una o varias redes públicas de telecomunicaciones”.
Para el PRD este cambio beneficiará la capacidad de adquisición de las comercializadoras, lo que les permitirá una mejor oferta y paquetes de servicios para los usuarios finales. Para Corral significa darle luz verde a Televisa para hacerse de más medios de comunicación.
Ante esto, Alejandro Encinas rechazó avivar el fuego de la polémica con el panista Javier Corral, quien ha acusado públicamente al PRD de negociar “en lo oscurito” la legislación secundaria en Telecom, con fines políticos desconocidos.
“Este debate que se está dando es absolutamente e inútilmente innecesario. La bronca y el debate no está con Javier Corral está contra la pretensión del PRI, del PAN, del gobierno federal y de Televisa de imponer una ley como la que quiso pasar por la vía fast track el Senador Javier Lozano y que nosotros, incluso en concurrencia con Javier Corral logramos frenar”, enfatizó Encinas.
Encinas refrendó al Frente por la Comunicación Democrática que él en lo personal jamás votará a favor de ninguna iniciativa que pretenda mermar el alcance de la reforma constitucional en beneficio del duopolio televisivo.
“Vamos a cumplir, y lo subrayo, vamos a cumplir de manera muy puntual y estricta los acuerdos de este Frente Democrático en contra de la reforma en telecomunicaciones en esos términos”, detalló.
Explicó que los senadores del PRD refrendarán su compromiso con el Frente, no sólo por su pertenencia al mismo, sino porque existe un compromiso con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, quien es cofundador del Frente, junto con Corral, con quien los perredistas tomarán las decisiones finales en materia de telecomunicaciones.
AVANCES Y PENDIENTES DEL PRD
La bancada del PRD aseguró que los cambios negociados con el gobierno federal en materia de telecomunicaciones fortalecen el dictamen y lo regresan al espíritu de la reforma constitucional.
Sobre este punto, el Senador Zoé Robledo Aburto, integrante de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, anunció 10 puntos concretos donde se modificó el texto peñista. Dijo que se incluyeron iniciativas de legisladores perredistas, ciudadanos y ONG’s como la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI).
Además ofreció una lista de puntos que el PRD consideró como pendientes, los cuales buscarán integrar más adelante, con el apoyo de otros grupos parlamentarios.
Aquí los cambios anunciados por el PRD:
1. Reglas de Competencia apegadas a la Constitución.
Según el PRD el nuevo documento regresa letra por letra a la definición de preponderancia de la Constitución, y deja de lado el concepto de preponderancia según la iniciativa Peña-Lozano que diferenciaba los criterios de preponderancia: unos para el sector de telecomunicaciones y otros para el sector de radiodifusión.
En otras palabras, ambos sectores tendrán los mismos criterios de preponderancia.
En materia de interconexión, el texto negociado establece un plazo de 90 días para evitar la evasión de responsabilidades y garantizar que todo asunto ingresado al Instituto será atendido en tiempo.
2. Fortalecimiento de la autonomía del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
Se revindican las facultades de IFT apegándose al texto constitucional.
Se restringen las atribuciones a la Secretaría de Gobernación (Segob) para regular, vigilar y sancionar el cumplimiento sobre los tiempos de Estado, boletines oficiales, encadenamientos, concursos y sorteos, transmisiones del himno nacional.
A la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT): Se elimina la facultad que le permitía a la SCT emitir recomendaciones al programa de trabajo del IFT. Sólo podrá emitir una opinión no vinculante.
3. Derecho de las audiencias.
Se amplían los derechos de las audiencias al establecer que la obligación de la autorregulación será en apego a Códigos de Ética que sigan lineamientos expedidos por el IFT. Se establecen sanciones para los defensores de las audiencias que no cumplan con sus obligaciones legales y las derivadas de dichos lineamientos.
4. Derechos de los usuarios.
Ahora se establece un catálogo de los derechos de los usuarios de telecomunicaciones, Protección de los datos personales, portabilidad del número telefónico, bonificación o descuento por fallas en el servicio o cargos indebidos imputables al concesionario o autorizado).
5. Accesibilidad a personas con discapacidad.
Se crean dos capítulos nuevos de la Ley. Uno es sobre derechos de audiencias con discapacidad y el otro un capítulo de derechos de usuarios con discapacidad.
El objetivo es obligar a los canales de televisión a contar con servicios de subtítulos o doblaje o lengua de señas mexicana en algún segmento de uno de los programas noticiosos.
Los concesionarios de telecomunicaciones deberán contar, previa solicitud de los usuarios, con equipos terminales que tengan funcionalidades o programas que permitan la accesibilidad para personas con discapacidad.
6. Concesiones de uso social e indígena.
En materia de regulación, la iniciativa de Peña no establecía regulación específica para las concesiones de uso social comunitario y de uso social indígena. Según el PRD, el nuevo documento ahora establece reglas específicas para cada tipo de concesión distinguiendo sus diferencias.
Asimismo se establecen mecanismos para el asesoramiento técnico.
En materia de reserva del espectro, se logró establecer la obligación para que el IFT reserve un porcentaje determinado, por lo menos de 20 por ciento del espectro radioeléctrico.
En el polémico capítulo de colaboración con la justicia, los senadores PRD afirmaron que las negociaciones rindieron avances sustanciales, por ejemplo, para revertir el hecho de que la iniciativa de Peña vulnera el derecho a la privacidad de la ciudadanía al permitir el bloqueo de señales.
Diversas Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) había advertido sobre los efectos nocivos para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y la libertad contenidos en el apartado en comento. Al grado que este tema fue uno de los primeros que la ciudadanía exigió que se eliminara.
7. Colaboración con la justicia.
a) Bloqueos de señales.
Se elimina del texto de la iniciativa peñista la facultad de la autoridad para bloquear, inhibir o anular las señales de telecomunicaciones en eventos y lugares “críticos”, así como la obligación de concesionarios de cooperar con el instituto y las autoridades competentes.
Además, se estableció que sean únicamente servidores públicos autorizados los facultados para solicitar este tipo de información.
b) Geolocalización.
Se elimina el apartado que establecía obligaciones para los concesionarios de implementar mecanismos de localización geográfica en tiempo real, así como sanciones penales por el incumplimiento de dichas obligaciones.
En el texto final se eliminaría la obligación y se establece únicamente como una medida de colaboración sin obligar a los concesionarios a establecer nuevos mecanismos que sustituyan labores propias de las autoridades encargadas de la procuración de justicia.
8. Neutralidad de redes.
a) Privatización de la censura.
Según el PRD, se eliminó de la responsabilidad de intermediarios y la censura previa.
La iniciativa de Peña colocaba a las prestadoras de servicios de internet en condición de aplicar censura previa en contenidos al obligarlas a bloquear el acceso a determinados contenidos, aplicaciones o servicios.
b) Bloqueo de Contenidos.
Se quita la facultad de bloquear indiscriminadamente cualquier contenido, al eliminar cualquier posibilidad de violentar el derecho a la libertad de expresión al establecer la posibilidad de que autoridades puedan ordenar el bloqueo de contenidos, servicios o aplicaciones en Internet, lo cual constituye un acto de censura.
9. Sistema público de radiodifusión.
La iniciativa de Peña concebía al Sistema Público de Radiodifusión como un ente del Gobierno y no del Estado Mexicano, y lo llamaba “Sistema Público de la Radiodifusión de México” un organismo descentralizado sectorizado a la Secretaría de Gobernación.
Con los cambios avalados por PRI y PRD, se le nombra “Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano”. Pero no sólo se corrige el nombre, el cambio establece que éste pertenece al Estado, no al Gobierno para que se garantice su autonomía Editorial.
SE le quita poder a la Secretaría de Gobernación y se corrige la Junta de Gobierno, la cual tendrá tres representantes de SEGOB, SEP y Secretaría de Salud, tres representantes ciudadanos y un Presidente propuesto por el Ejecutivo Federal y ratificado por el Senado.
10. Programación y producción nacional independiente.
Se modifica la definición de producción y se agregó una nueva en la que el “productor nacional independiente” no cuenta con una concesión de telecomunicaciones o radiodifusión ni es controlado por un concesionario en virtud de su poder de mando.
