Por David Martínez, Fernanda García y Juliana Fregoso

Ciudad de México, 6 de febrero (SinEmbargo).– El recién nombrado Secretario de la Función Pública (SPF), Virgilio Andrade Martínez, no puede mantenerse en el cargo, consideraron académicos, expertos en transparencia y legisladores. La amistad que lo une al Secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso, así como el haber trabajado como asesor en la campaña del ahora Presidente Enrique Peña Nieto comprueba que su elección fue la menos acertada y no ha hecho más que incrementar las dudas, consideraron.

Otro elemento que muestra que Andrade Martínez no fue la mejor elección es el hecho de que a menos de 24 horas de haber asumido el cargo en la SFP, haya asegurado que no podría investigar ni al Presidente Enrique Peña Nieto ni a Videgaray Caso, por las casas que compraron a los grupos San Román e Higa, respectivamente, ambos contratistas que se han visto favorecidos durante la etapa de Peña Nieto como Gobernador del Estado de México y ahora en la Presidencia de la República.

Andrade Martínez reconoció en declaraciones a los medios de comunicación que sí tiene una amistad con el titular de la Secretaría de Hacienda y que su padre, Virgilio Andrade Palacios, fue parte del equipo de abogados que defendió al polémico Carlos Romero Deschamps, líder del sindicato petrolero y actual Senador priista, en el Pemexgate, un escándalo político revelado en el sexenio del panista Vicente Fox Quesada (2000-2006), que consistió en el uso de recursos públicos para la campaña presidencial de 2000 del abanderado tricolor Francisco Labastida Ochoa.

Salvador Vega Casillas, ex titular de la SFP en el gobierno del ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa, planteó que si realmente se quiere llegar al fondo, se necesitan no sólo de los términos legales “sino de una voluntad política mucho más amplia que permita hacer las revisiones y transparentar, por parte las empresas y funcionarios, situaciones que van más allá de lo que dice la ley”.

El panista afirmó que “si nos vamos sólo a lo que dice la ley en cuanto a revisiones de los contratos de obra pública, se podrán encontrar solamente algunas irregularidades pero no se podrá ir más allá”, pues el Secretario de la Función Pública –en este caso Virgilio Andrade– es el contralor interno del Gobierno, y necesita el respaldo del Presidente para poder investigar a todos. Es decir, necesita el respaldo político fuerte para poder investigar a cualquiera, incluyendo al Jefe del Ejecutivo y a su gabinete”.

“La relación de amistad puede ser trascendente o no, simplemente si es el contralor interno del Gobierno viene de un mandato que le da el propio Presidente. El asunto está no solamente en eso, en la manera como se ha manejado la SFP. La independencia no solamente debe de ser del propio Secretario, la independencia debe de ser todos los contralores de las entidades y eso se perdió en este Gobierno”, consideró en entrevista con SinEmbargo.

“Lo que sucede cuando los propios secretarios o los que van a ser revisados designan a sus contralores, expuso el ex titular de la SFP, es algo mucha más grave: es feudalizar el Gobierno, hacer cotos de poder donde ningún Secretario ningún titular de las dependencias puede ser revisado más que por su propio amigo.

“La SFP es el brazo del Presidente para poder revisar a toda la administración pública. Si en este momento el Presidente quiere saber cómo está la situación en alguna Secretaría o dependencia, se lo va a tener que pedir a alguien cercano del que es revisado, porque los propios contralores fueron puestos, y lo declararon públicamente algunos secretarios. por los mismos titulares de las dependencias.

“Ahora el Presidente está diciendo: ‘investígame a mí mismo’. Pero para eso no alcanza, porque hay que tenerlo claro: la Secretaría de la Función Pública es una contraloría interna que depende del nombramiento del Presidente, pero si el Presidente es quien está cuestionado y quiere ser revisado, pues yo creo que para eso a la Secretaría y al titular de la misma ya no les alcanza”, afirmó Vega Casillas, quien además afirmó que si el actual Gobierno federal quiere sacudirse la sombra de la corrupción debe ir más allá, más incluso que los alcances que se plantean para el nuevo sistema nacional anticorrupción.

Por su parte, Irving Rosales Arredondo, especialista en Instituciones y Conflicto Social de la Universidad Iberoamericana, expresó que el hecho de que sea el Presidente quien nombró a Andrade ya representa en sí mismo un conflicto. Con esta acción, planteó, el gobierno federal dejó pasar una vez más la oportunidad de recuperar la confianza de la sociedad civil.

El pasado 3 de febrero, el Presidente Enrique Peña Nieto nombró a Andrade Martínez al frente de la Secretaría de la Función Pública y lo instruyó a investigar si hubo conflicto de interés entre empresas que fueron beneficiadas con contratos de sus gobiernos y la compra de propiedades de él y de su esposa, Angélica Rivera Hurtado, así como de Luis Videgaray Caso.

“He solicitado a la Secretaría de la Función Pública que investigue y resuelva si hubo o no conflicto de interés en las obras públicas o contratos otorgados por dependencias federales a las empresas que celebraron compraventas de inmuebles con mi esposa, con el titular de Hacienda y con un servidor”, dijo el Jefe del Ejecutivo federal en su mensaje a los medios de comunicación.

Sin embargo, ayer, en distintas entrevistas con medios nacionales e internacionales, el nuevo “zar anticorrupción” reconoció que no está entre las funciones de la SFP el investigar contratos entre particulares sino solamente contratos federales.

Por tanto, “lo que se va a investigar específicamente es si estos particulares que vendieron las casas fueron favorecidos indebidamente con los contratos. La compra en sí no es competencia de la Secretaría de la Función Pública porque no entra a verificar operaciones de carácter mercantil”, expresó a medios de comunicación.

OTRA SIMULACIÓN

“[El titular de la SFP pudo haber sido] De la sociedad civil, eso hubiera sido lo ideal, sobre todo si iba a ser una Secretaría que pensaban desaparecer, y que si ya habían tomado la decisión de volverla a instalar y nombrar un titular, entonces perdieron la oportunidad de nombrar a alguien de la sociedad civil en quien la sociedad, en general, tuviera confianza. Desperdiciaron esa oportunidad, entonces en mi opinión, se quedaron en el discurso político”, destacó el especialista de la Ibero.

“Ya se ha estado pidiendo [la Ley Anticorrupción], y ya tiene mucho tiempo que se ha estado negando, que no sale. Creo que está decisión fue más por la presión de los medios, tanto nacionales como internacionales, de las propiedades privadas tanto del Presidente como su esposa y el Secretario de Hacienda. Fue respuesta como presión de la prensa que hicieron esto”, agregó.

También reiteró que el hecho de que Andrade Martínez haya reconocido nexos personales con Peña y Videgaray y que, incluso, trabajó para el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y con personas del gabinete “es preocupante”.

“Poco se va a avanzar en analizar y esclarecer el tema de las propiedades privadas de los principales funcionarios públicos, y que a lo que se van a dedicar nada más es a lo de siempre, a cambiar alguna ley, establecer algún reglamento, poner normas éticas nuevas. Yo creo que se van a quedar en este discurso político”, afirmó.

Para Gerardo Palomar Méndez, director de Programas de Derecho del Tecnológico de Monterrey, campus Santa Fe, legalmente es casi imposible demostrar el conflicto de interés porque “no hay relación contractual ilegal o que presuponga beneficios por otorgar concesiones por parte del Presidente y tampoco por parte del Secretario de Hacienda y mucho menos de parte de la Primera Dama”, a quien no se puede investigar porque oficialmente no ocupa un puesto dentro de la administración pública.

No obstante, sugirió que si bien es cierto que el Presidente no es quien otorga directamente las concesiones de obra pública, sí tiene la posibilidad de influir en los secretarios de Estado y funcionarios de distintos niveles “con el objetivo de darles una recomendación para que ciertas empresas sean preferidas sobre otras”.

Por su parte, Armando Ríos Piter, Senador por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), coincidió que “es un nombramiento que llega muy tarde. Este gobierno se dio el lujo de mantener durante dos años y medio a un encargado de despacho lo que lo deja muy mal parado frente al tema que hoy es parte de la peor de las crisis que ha vivido México en los últimos años, que es el tema de percepción de corrupción”.

“La tarea que tendrá que hacer el nuevo titular de la SFP será buscar deshacer esta imagen de desapego y hasta cierta insensibilidad que ha demostrado el Ejecutivo Federal a lo largo de estos años”, expuso.

¿Qué piensa respecto a declaraciones de Andrade en el sentido de que la casa de Malinalco es un convenio entre dos particulares? ¿Es un intento por claudicar en investigar este caso?, se le cuestionó al legislador.

“Yo lo veo con preocupación, porque se le dio un mandato muy puntual sobre el tema que mayor crisis de credibilidad ha significado para el actual gobierno, y la salida inmediata es una salida bajo un argumento legal, pues me parece que se queda corto, no el titular de la SFP sino su jefe el titular del Ejecutivo, respecto a la visión de cómo tenderle puentes a la ciudadanía para reencontrar esa credibilidad que se ha venido perdiendo”.

El nuevo titular de la SFP debería de revisar sus declaraciones en esa precisión, una precisión que va mucho más allá de una argumentación jurídica y que tiene que ver con un mandato expreso porque se busca recuperar confianza frente a los mexicanos”, planteó el legislador.

LA HISTORIA

Las acusaciones sobre el posible conflicto de interés en el gobierno del Presidente Peña Nieto empezaron a surgir en noviembre del año pasado cuando una investigación periodística reveló que el dueño de Grupo Higa, Juan Armando Hinojosa Cantú, uno de los contratistas que recibió más beneficios durante su gestión como Gobernador del Estado de México (2005-2011), era dueño de una casa de la que aparentemente hacía uso la familia presidencial.

Posteriormente, la Primera Dama explicó que la residencia, valuada en más de 7 millones de dólares era de su propiedad y que la había adquirido producto de sus más de 20 años de trabajo como actriz en la empresa Televisa.

Meses después, el diario The Wall Street Journal reveló que el Secretario de Hacienda, también había comprado una casa a Grupo Higa, en Malinalco, Estado de México, misma que justificó argumentando que la transacción se había realizado en un periodo en el que no era funcionario público.

El mismo diario reveló después que Peña Nieto también había comprado una propiedad en un exclusivo club de golf a la familia San Román, otro contratista del gobierno en 2005, cuando el Presidente era Gobernador del Estado de México. Desde entonces, la empresa ha ganado decenas de contratos valorizados en más de 100 millones de dólares durante la gestión de Peña Nieto como Gobernador y Presidente.

En su mensaje del martes pasado, durante el nombramiento de Virgilio Andrade, el Presidente dijo que sus intereses personales nunca han afectado su función como servidor público, y que nunca ha intervenido en la asignación de contratos.