Ciudad de México, 6 de julio (SinEmbargo).- El Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil, por sus siglas en inglés) exigió al Gobierno mexicano que “replantee el curso actual de las investigaciones” del caso Tlatlaya y que realice pesquisas serias que estén dirigidas a determinar la totalidad de las responsabilidades en estos hechos, luego de que se diera a conocer la orden militar de “abatir delincuentes en horas de oscuridad”.
El Cejil se unió hoy al llamado que otras organizaciones hicieron, entre ellas Human Rights Watch, Amnistía Internacional, e incluso Naciones Unidas (ONU), para que las autoridades mexicanas tomen en cuenta el informe en el que el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) documentó que el pasado 30 de junio de 2014 se ordenó a elementos del Ejército mexicano abatir a 22 personas en Tlatlaya, Estado de México.
El Centro Prodh logró documentar en un informe presentado la semana pasada, que los militares del 102 Batallón de Infantería San Antonio del Rosario, responsable del municipio de Tlatlaya, recibieron la orden de “abatir delincuentes en horas de oscuridad, y reducir su actividad durante el día, con el fin de acabar con los criminales, mientras que es de noche, ya que la mayoría de los crímenes son cometidos en ese momento”.
“Es urgente que el Estado mexicano replantee el curso actual de las investigaciones para enmendar lo actuado hasta el momento y realizar una investigación seria, dirigida a determinar la totalidad de los responsables de estos lamentables hechos, ello implica investigar la posible participación de los altos mandos militares que emitieron dicha orden”, exigió Marcia Aguiluz, directora del Programa para Centroamérica y México de Cejil, en un comunicado.
El Centro destaca que pese a que distintas versiones periodísticas, así como el el testimonio de una persona sobreviviente, señalaron que una gran mayoría de las víctimas en Tlatlaya habían sido ejecutadas después de finalizado el enfrentamiento, e incluso un informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) estableció que entre 12 y 15 de las personas muertas fueron ejecutadas en forma extrajudicial, el Gobierno mexicano no ha hecho la debida investigación.
“No obstante la gravedad de lo ocurrido, el Estado mexicano está faltando a su deber de debida diligencia al investigar este caso”, denuncia el Cejil.
“Más grave aún es la existencia de un documento militar denominado ‘Orden General de Operaciones de la Base de Operaciones San Antonio del Rosario’ en el que expresamente se ordena que ‘las tropas deberán operar en la noche y en el día reducir la actividad a fin de abatir delincuentes en horas de oscuridad’. Esta disposición claramente establece una orden de privar arbitrariamente de la vida a las personas que el ejército considere ‘delincuentes’”, señala la organización regional de justicia y derecho.
“Pese a que el mismo documento en otros párrafos señala que se deben respetar los derechos humanos, la contundencia del primer párrafo citado genera al menos una confusión que en contextos de lucha contra el crimen organizado, como el mexicano, favorece la arbitrariedad y el abuso de poder”, explica.
Recuerda que tratándose de ejecuciones extrajudiciales, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha establecido que “es fundamental que los Estados investiguen efectivamente la privación del derecho a la vida reconocido en el artículo 4 de la Convención y determinen las responsabilidades de todos los autores y partícipes, especialmente cuando están involucrados agentes estatales”.
En este contexto, el Cejil “se suma a las voces de numerosos actores locales e internacionales que exhortan a las autoridades mexicanas a cumplir con sus obligaciones internacionales de garantizar acceso a la justicia, verdad y reparación”.
“Hacemos un llamado especial para que se respeten los derechos de las víctimas sobrevivientes, se les proteja y se les participe en todas las etapas de investigación, asimismo, exhortamos a México a proteger a defensores y defensoras de derechos humanos que acompaña el caso, escuchando sus recomendaciones para reencausar estos procesos en el menor plazo posible”, finaliza el comunicado.
ORGANISMOS SE SUMAN A LA EXIGENCIA
México está sumido en una “profunda crisis de derechos humanos” y casos como Tlatlaya y Ayotzinapa no estarán claros sin la voluntad y una investigación realmente seria por parte del Gobierno federal al Ejército mexicano y a los miembros de la milicia señalados por participar en ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y tortura, dijo José Miguel Vivanco, director para las Américas de la organización Human Rights Watch (HRW).
Vivanco consideró que a un año de la masacre de Tlatlaya, en el Estado de México, el pendiente más importante es la justicia y resultados concretos sobre la posible ejecución extrajudicial de 22 personas que, de acuerdo con el último informe difundido por el Centro Prodh.
El pasado viernes, el relator especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Christof Heyns, hizo un llamado hoy al Gobierno mexicano a tomar en consideración las nuevas evidencias dadas a conocer por el Centro Prodh.
Según el experto, “las órdenes a oficiales encargados de hacer cumplir la ley nunca pueden consistir en salir y matar criminales; deben consistir en arrestar, y sólo si se prueba necesario, el uso de la fuerza debe ser el mínimo necesario”.
Ese mismo día, la organización Amnistía Internacional pidió a las autoridades mexicanas “investigar con urgencia” la Orden de Relevo y Designación de Mando que se dio a elementos del Ejército mexicano.
“Esta orden militar ha salido a la luz en medio de la crisis más grave de los derechos humanos en la historia reciente de México, que ha dado lugar a miles de muertes y desapariciones”, manifestó por medio de un posicionamiento dado a conocer este día Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
