A dos años del derrame de 40 mil metros cúbicos de ácido sulfúrico en los ríos Sonora y Bacanuchi, los más de 24 mil habitantes afectados continúan sin acceso a la justicia y el daño ecológico sin ser remediado. Las organizaciones que han apoyado a los pobladores desde el 6 de agosto de 2014, cuando una mancha roja coloreó el afluente de los ríos, afirman que debido a que las autoridades mexicanas se han mostrado complacientes con la empresa, los afectados buscan ya ayuda internacional. En primera instancia los Comités de Cuenca se acercaron a los tribunales estadounidenses, mientras que los enfermos llevan cartas a la sede del Consulado norteamericano en Hermosillo para pedir ayuda.

Hermosillo, Sonora, 6 de agosto (SinEmbargo).- A dos años del peor derrame de tóxicos en la historia de la minería en México, los habitantes del río Sonora aún continúan en espera de la reparación de daños y la información que organizaciones internacionales y nacionales han recolectado sobre el caso, apunta a una serie de irregularidades cometidas desde las instancias de las autoridades mexicanas.

El 6 de agosto de 2014 la mina Buenavista del Cobre, subsidiaria de Grupo México, derramó 40 mil metros cúbicos de ácido sulfúrico con 700 toneladas de metales pesados en los ríos Bacanuchi y Sonora, afectando oficialmente a siete municipios: Ures, Baviácora, Aconchi, Huépac, Banámichi, San Felipe de Jesús y Arizpe.

Hoy, los pobladores organizados en Comités de Cuenca y la organización Proyecto sobre Organización, Desarrollo,  Educación e Investigación (PODER) realizan una caravana desde Hermosillo, la capital de Sonora, hasta Bacanuchi, el primer pueblo que afectó el derrame de tóxicos, para exigir justicia. Salen a las 4:40 de la madrugada para pasar en señal de protesta por cada uno de los municipios afectados por el río contaminado de la ruta del río Sonora.

“Los que vivimos en el río Sonora, sabemos que estamos peleando con un monstruo, porque eso es para nosotros.Pero lo vamos a seguir haciendo, no nos vamos a cansar. Para nosotros la salud y el agua es lo primordial”, dijo Mario Salcido, del Comité de Cuenca del municipio de Ures.

A la par el Frente Unidos Todos contra Grupo México realizará un plantón a las afueras de la mina Buenavista del Cobre en Cananea, para exigirle a Germán Larrea Mota-Valasco, principal accionista de Grupo México, que repare los daños ecológicos y las afectaciones a la salud de las personas.

Antonio Navarrete, del Sindicato Minero Sección 65, dijo en entrevista con SinEmbargo, que los afectados ya no confían en la justicia mexicana, por eso el miércoles pasado, a dos días de cumplirse el segundo aniversario del desastre ambiental, varios enfermos acudieron a las instalaciones del Consultado Americano para entregar una carta al Consulado de Estados Unidos en Hermosillo, para pedir ayuda.

En esa misiva, explicó Navarrete, los habitantes del río le piden ayuda internacional para los enfermos. La carta, dijo, incluye los nombres de los afectados por el derrame.

“En México es una simulación. Al Gobierno de México lo único que le importó fueron los dos millones de pesos del Fideicomiso, que hasta el momento no se ha podido demostrar en qué y cómo lo gastaron. La necesidad que prevalece en la zona es mucha, cada vez brotan más los casos de personas con severas afectaciones en su salud. Ya se perdió la esperanza en la justicia en México, porque están del lado de los empresarios. No hay confianza para ellos, cada vez que vienen a Sonora, vienen a decir que no pasa nada, cuando hay gente enferma y desequilibrio ecológico en toda la cuenca del río que va a crear un gran cementerio”, dijo.

Navarrete agregó que las solicitud de ayuda se extenderá a más países. Los mineros piden que no le compren metales a Grupo México: “que no le compren cobre contaminado de sangre y acompañado de la muerte de la gente del río y de mineros. Queremos que todos los países se den cuenta de la actitud criminal de la compañía”.

Este día pobladores y mineros realizarán un plantón a las nueve de la mañana en las instalaciones de la mina. El objetivo dijo Navarrete es, que “los dueños den la cara” a los enfermos que estarán ahí, esperando una respuesta a sus daños en salud física, mental y su economía.

El minero explicó que ninguna autoridad, ni estatal ni federal, ha brindado apoyo real a los enfermos. En el caso del Gobierno de Sonora “se lava las manos porque no es de su competencia, pero los enfermos están ahí, necesitando ayuda urgente” y agregó que el nuevo represo construido por la compañía como parte del proyecto de expansión de Buenavista del Cobre, ya tuvo “serias filtraciones de ácido” al río Bacanuchi.

Reina Castro Longoria, profesor-Investigador de la Universidad de Sonora (Unison) y doctora en Ecología, explicó que a dos años del derrame hay varios escenarios: el de la empresa, totalmente libre de responsabilidad. El del Gobierno, que no ha llamado a cuentas a Grupo México y sólo ha “simulado”. El del medio ambiente “dañado gravemente”. Por último, el de los enfermos.

“Es una situación de emergencia nacional que está olvidada por las autoridades. La gente afectada está viendo demasiada omisión ante un crimen ecológico. Hay niños en Aconchi, en Baviácora que traen erupciones muy fuertes en la pie”, indicó.

Y la situación económica: esos enfermos olvidados por Grupo México y por el Gobierno mexicano, que de acuerdo con Castro Longoria, cada uno requiere de unos 30 mil dólares para su tratamiento.

Aunque hay organizaciones internacionales trabajando para recabar recursos para ayudar a los enfermos del río Sonora. No es suficiente, agrega la investigadora.

Debido al abandono en el que se encuentran los afectados en su salud, han decidido buscar ayuda internacional, en un primer momento en Estados Unidos, pero con la intención de extender el llamado de auxilio al otros países, detalló.

EN EL RÍO SONORA: DOS AÑOS DE IMPUNIDAD

A dos años del derrame las autoridades han incumplido sus compromisos y “vulnerando los derechos a la salud, el agua, la participación y el acceso a la información de los afectados”, indicó la organización PODER ayer en conferencia de prensa en Hermosillo.

“A dos años del derrame no hay ninguna planta potabilizadora funcionando y los habitantes del río Sonora continúan comprando agua embotellada o exponiéndose a la incertidumbre de no saber si el agua que están consumiendo está contaminada con metales pesados.  El Plan de Remediación Ambiental continua sin publicarse, debido a que la empresa ha interpuesto varios recursos de amparo para impedir que se divulgue esta información. Al no hacer públicos estos documentos se vulnera el derecho a la participación y acceso a la información de los pobladores del río Sonora, ya que desconocen las afectaciones ambientales que están viviendo y las acciones que se llevarán a cabo para remediar la contaminación”, planteó PODER.

La organización recordó el cierre de la clínica provisional de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental de Sonora (UVEAS) el pasado 30 de junio de este año y la cancelación de la construcción del llamado Nuevo UVEAS que atendería a los enfermos.

Buenavista del Cobre retiró su apoyo económico sin que ninguna autoridad hiciera algo al respecto. El UVEAS que operaría hasta 2029 era una de las medidas de reparación a la que se comprometieron las autoridades.

“La empresa no se ha hecho cargo de la remediación ambiental del desastre causado, ha ocultado información y dos años después afirma que el caso está cerrado, el río está limpio y que ya no entregará más recursos al fideicomiso creado por la empresa y el gobierno para dar atención a los afectados”, señaló PODER.

La organización acusó a las autoridades de no dar seguimiento a la salud de los afectados por el derrame del 6 de agosto.Los metales pesados, explicó, son bioacumulables, por lo que las afectaciones tardan meses o años, en aparecer.

Aunque los Comités de Cuenca y PODER han insistido, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) ni el Fideicomiso Río Sonora han presentando la información actualizada sobre los enfermos.

La población enferma se suma también a la pobreza. De acuerdo con la organización la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) incumplió con el Programa de Reactivación Agropecuaria que prometió a los productores agropecuarios de los siete municipios afectados.

“El Comité Técnico del Fideicomiso Río Sonora no realizó ningún estudio socio-económico para definir el destino y reparto del monto de 2 mil millones de pesos para llevar a cabo las medidas de remediación, reparación y/o compensación de los daños ambientales y a la salud causados por el derrame, conforme al Programa de Remediación”, planteó la organización.

Para Grupo México, agregó la organización, las afectaciones económicas no son representativas, pues el monto del fideicomiso fijado equivale a 0.013 por ciento de sus ingresos brutos de 2014 y la multa de 24 millones de pesos que impuso Profepa a la empresa, es el equivalente de 0.00016 por ciento de los mismos ingresos en ese año.

En contraste en el río Sonora la población está empobrecida y de acuerdo con las organizaciones, se prevé a largo plazo “un aumento en la venta de tierras de los pequeños propietarios, el abandono de la actividad agropecuaria, un repunte de la migración hacia Estados Unidos con negativas consecuencias sociales y ambientales”.

Los habitantes del río Sonora exigieron a las autoridades que Grupo México sea reconocida como autoridad responsable de violaciones de derechos humanos. Los Comités de Cuenca responsabilizan a las autoridades federales de la violación de sus derechos a la vida, la salud, el agua, la participación y el acceso a la información, informaron ayer en Hermosillo.

El abogado de PODER Luis Miguel Cano indicó que la organización busca, con su acompañamiento a los habitantes del río Sonora, garantías de no repetición.

“Lo que se busca son garantías de no repetición. Queremos que nunca vuelva a pasar esto. El derrame para la empresa no le significó absolutamente ningún costo. Los dos mil millones del Fideicomiso, a Grupo México le significan absolutamente nada. No ha dejado de operar, no ha dejado de ganar.Si no nos aseguramos que haya garantías de no repetición, en cualquier momento puede volver a ocurrir”, indicó.

ESTADOS UNIDOS ORDENA A GRUPO MÉXICO A ENTREGAR INFORMACIÓN

Ayer la organización Proyecto sobre Organización, Desarrollo,  Educación e Investigación dio a conocer que los afectados del derrame obtuvieron una victoria legal en Estados Unidos en su lucha por la reparación del daño y la remediación de la cuenca afectada.

De acuerdo con los Comités de Cuenca del Río Sonora recurrieron a un tribunal de Estados Unidos para buscar justicia, debido a que en México las autoridades han incumplido sus compromisos y vulnerados los derechos a la salud, el agua, la participación y el acceso a la información de los afectados.

Por ello un tribunal de Arizona falló a favor de los habitantes del río Sonora, pues un Juez ordenó a Southern Copper Corporation (SCC), casa matriz de Buenavista del Cobre, a entregar información sobre el derrame del 6 de agosto de 2014 a través de 13 clasificaciones de información.

Esta decisión del Juez permitirá  “fortalecer las acciones legales” de los Comités de Cuenca en México, debido a que en el país han visto obstaculizada la entrega de información por parte de las autoridades mexicanas y de la misma empresa.

El abogado de PODER Luis Miguel Cano indicó que en México continúan en proceso siete amparos interpuestos por los Comités de Cuenca en contra de la empresa y distintas autoridades. Estos amparos se han demorado, debido a que la compañía de Larrea ha buscado la forma de hacer lento el proceso.

“La empresa duda de las firmas de los demandantes y eso ha demorado el proceso de los amparos”, dijo.

Sobre el fallo en Estados Unidos a favor de miembros del Comité de Cuenca, explicó que la información se obtenga será importante para los juicios que se siguen en México.

“Es importante la presencia que han tenido los comités”, dijo y explicó que las autoridades mexicanas no sólo no han sancionado a la empresa, sino que le han dado nuevos permisos para su proyecto de expansión.

Entre esos permisos destaca la construcción de un nuevo represo de jales en Bacanuchi, el primer pueblo afectado por el derrame del 6 de agosto.

Southern Copper Corporation cotiza públicamente en bolsa en Estados Uhidos, tiene sede en Phoenix, Arizona, es propiedad de Grupo México y controla varias subsidiarias mineras del conglomerado de Germán Larrea Mota-Velasco.

La acción legal de los pobladores fue acompañada por PODER, el Despacho Jurídico de Lynn Coyle PLLC, con base en El Paso, Texas y la organización estadounidense Earth Rights International (ERI).

De acuerdo con PODER la empresa matriz tiene información relacionada con las operaciones y las prácticas ambientales de Buenavista del Cobre, incluyendo información sobre el derrame tóxico de hace dos años.

“La información de Southern Copper Corporation permitirá conocer datos que Buenavista del Cobre ha estado ocultando y que se usarán en los juicios de amparo que se están llevando a cabo en México. Grupo México, mediante sus subsidiarias Southern Copper Corporation y Buenavista del Cobre, está utilizando todas las herramientas a su disposición para no entregar información sobre el derrame a los afectados y para evitar que éstos participen en las decisiones sobre la remediación de las consecuencias del mismo”, reveló hoy PODER.

La compañía de Germán Larrea se amparó incluso para evitar que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) publique la información sobre evidencias del programa de remediación de la empresa.

El Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) ha obligado a la dependencia a publicar todos sus estudios, resultados y el plan de remediación ambiental, sin éxito, agregó PODER.