La Universidad Veracruzana respondió a la carta abierta que el 5 de febrero el Secretario de Gobierno estatal, Flavino Ríos Alvarado, envió a la rectora de la institución, donde informó que la Casa de Estudios tenía un adeudo de más de 3 mil millones de pesos por concepto de pago de las jubilaciones.

Ciudad de México, 7 de febrero (SinEmbargo).– La Universidad Veracruzana (UV) respondió hoy a las afirmaciones del Gobierno de Javier Duarte de Ochoa, que el pasado viernes dijo que la institución tenía un adeudo de más de 3 mil millones de pesos por concepto de pago de las jubilaciones.

En una carta dirigida al Secretario de Gobierno de Veracruz, Flavino Ríos Alvarado, la Casa de Estudios aseguró que ha cumplido cabal y oportunamente con sus obligaciones ante el Instituto de Pensiones del Estado y precisó que el estado es el que retiene y transfiere los recursos para pagar las obligaciones de la institución.

“Es oportuno establecer que la Universidad Veracruzana ha cumplido cabal y oportunamente con sus obligaciones ante el IPE. Es el Gobierno del Estado el que da la aportación financiera estatal destinada a la UV y aprobada anualmente por el Congreso local, retiene y transfiere los recursos para pagar las obligaciones de esta Casa de Estudios al IPE”, puntualizó.

El pasado 5 de febrero la Universidad Veracruzana denunció penalmente al gobierno de Duarte de Ochoa por más de 440 millones de pesos que la institución ha dejado de recibir.

La rectora de la UV, Sara Ladrón de Guevara, detalló en conferencia de prensa que la denuncia en contra de la administración estatal tiene como origen que de 2013 a la fecha la institución dejó de recibir, o no recibió de manera oportuna y completa el subsidio Estatal Ordinario y Federal Ordinario por la cantidad de 2 mil 76 millones de pesos.

Aclaró que por este hecho se presentaron dos denuncias penales, en contra de quienes resulten responsables. La primera, ante la Coordinación de la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción y Cometidos por Servidores Públicos de la Fiscalía General del Estado de Veracruz.

Mientras que la segunda se hizo ante el Ministerio Público de la Federación en Xalapa, Veracruz, misma que, dijo Sara Ladrón, ha sido ratificada y se encuentra en proceso de integración.

La rectora explicó que además interpuso un amparo en contra de la Ley de Egresos del Estado de Veracruz que recortó 249 millones 844 mil pesos a la Universidad para este año. Mismo que se encuentra en trámite ante el Juzgado Décimo Séptimo de Distrito en Materia Mixta en Xalapa.

El abogado general de la UV, Alberto Islas Reyes, aseguró que este recorte representa una violación al derecho humano a la educación.

En respuesta, el Gobierno de Veracruz difundió una carta abierta donde mencionó que las denuncias interpuestas por la universidad eran una medida de presión por las circunstancias financieras que enfrenta la institución y reclamó el pago de 3 mil 800 pesos que debía la institución.

El texto firmado por el Secretario de Gobierno veracruzano señaló que la UV no había cubierto el pago del impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal durante la presente administración, por un monto estimado a los 400.6 millones de pesos.

“Es justificable que busque tener mayores estipendios en beneficio de la institución que encabeza, pero debo manifestarle que el Gobierno del Estado no está obligado en satisfacer su demanda, toda vez que los recursos destinados a la Universidad y al pago de sus responsabilidades superan el monto reclamado”, decía la misiva.

Este domingo, la UV le recordó al gobierno estatal que en reunión de trabajo con la rectora, en noviembre de 2015, el Gobernador reconoció los compromisos adquiridos en el convenio firmado entre las administraciones federal, estatal y la Casa de Estudios, donde se establecieron los montos de las aportaciones que ambos gobiernos aportarían a la institución académica.

“En la misma reunión el Gobernador informó a a la rectora que la UV no tenía ya ningún adeudo con el Instituto de Pensiones del Estado, ya que la gestión estatal, como responsable solidaria, había liquidado la parte de recursos económicos que le correspondía a la Casa de Estudios aportar para garantizar el pago de pensiones de los trabajadores jubilados universitarios”, destaca la carta.

Añade que esta declaración del Gobernador Duarte de Ochoa se hizo pública en un comunicado el 14 de noviembre de 2015 y puede ser consultada en la propia página del Gobierno del Estado.

La Universidad rechazó cualquier intento de transferirle un déficit que no le corresponde.

En cuanto a la afirmación del Secretario de Gobierno de Veracruz de que la UV no ha cumplido con su obligación fiscal de entregar el impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal durante la administración de Duarte, que según datos se estima en 400.6 millones de pesos, la institución sugirió al gobierno estatal consultar lo establecido en el artículo único del Decreto número 596 de Interpretación Auténtica de Ley, donde la exime del pago del impuesto sobre Nómina previsto en el artículo 98 del Código Financiero para el Estado de Veracruz.

“De ninguna manera admitimos la aseveración de que el Gobierno del Estado no está obligado a proporcionar a la UV los recursos financieros demandados; tampoco aceptamos su afirmación de que los recursos destinados a la institución y al pago de sus responsabilidades superan el monto reclamado. No buscamos mayores estipendios en beneficio de la universidad, reclamamos lo que corresponde, ni más ni menos”, refiere la universidad.

La UV lamentó que las respuestas del Gobierno de Veracruz tengan como sustento una interpretación equivocada de lo que la ley establece.

“La Universidad Veracruzana sí tiene muy claros sus compromisos con la sociedad, está consciente de sus derechos y obligaciones y día a día se esfuerza para cumplir su responsabilidad en el marco de lo que establece el Estado de derecho y lo hace con una visión ética que se sustenta en la transparencia de su administración y su quehacer académico”, indicó.

CRÓNICA DEL COBRO

2 de septiembre 2013.- Sara Ladrón toma posesión como rectora y a su llegada descubre un adeudo de 900 millones de pesos que mantenía el gobierno del estado con la universidad. En las reuniones con el gobernador Javier Duarte, le indicaron que no había recursos estatales pero que la deuda se iría saldando.

7 de septiembre 2015.- la deuda no sólo no fue saldada, además fue incrementando durante esos dos años. Ese día Duarte de Ochoa declaró públicamente que no era obligación del gobierno pagar esa deuda.

La rectoría respondió ante esa declaración puntualizando el monto del adeudo, buscó y consiguió el respaldo de la ANUIES y emitió una carta donde era respaldada por todos los rectores de las u universidades del país, que exigían al gobierno cumplir con el pago.

30 de septiembre.- se realizó una reunión con el gobernador y secretarios de gabinete. Duarte se comprometió a saldar los pendientes en tres meses. Sara Ladrón aseguró que hubo un cambio de actitud en el gobernador. Duarte de Ochoa incluso ofreció una calendarización de pagos que la SEFIPLAN debía entregar al área de finanzas de la UV.

También se comprometió a entregar de manera inmediata los 451 millones de pesos pendientes del subsidio ordinario federa.

Poco después el gobierno estatal emitió una carta donde aseguraba que la universidad mantenía un adeudo con el gobierno del estado porque no había pagado las cuotas de sus trabajadores al Instituto de Pensiones del Estado. Después el mismo gobierno se retractó indicando que el pago al IPE lo realizaba el estado.

14 de noviembre.- Después de que la rectora entregó de manera personal una carta al presidente de la República Enrique Peña Nieto, indicando el adeudo que el estado mantenía con la máxima casa de estudios, Javier Duarte la citó a una reunión en casa Veracruz. Ahí una vez más, el gobernador se comprometió a pagar el recurso en diciembre del 2015. Un día después en su informe de labores, reiteró el compromiso.