Guillermo Padrés Elías, mandatario de Sonora, ha firmado contratos millonarios con los directores de periódicos, radiodifusoras y comunicadores del estado. Los medios que acaparan el dinero público emiten, sobre todo, boletines que destacan sus acciones gubernamentales
En Sonora, la información le pertenece a un hombre: a Guillermo Padrés Elías, gobernador del estado, quien mantiene con dinero público contratos millonarios por adjudicación directa con directores de periódicos, concesionarios de radiodifusoras, ex reporteros, ex fotógrafos y “periodistas”, desde Navojoa, en el sur del estado, hasta el norte, en San Luis Río Colorado.
Les paga por servicios de asesoría y estudios de opinión, así como cuantiosas sumas por publicidad.
El panista Padrés Elías, sólo en lo últimos tres años, destinó casi 90 millones de pesos (mdp) para sus asesores y analistas, así como publicidad en páginas de Internet, medios impresos, televisoras, radiodifusoras, compañías de promoción y conductores de noticiarios, de acuerdo con información de la oficina de Transparencia del gobierno sonorense.
“Hemos visto una prensa adicta al dinero público. La mayoría de los medios de comunicación están con una sumisión total, si creíamos que con Eduardo Bours habíamos llegado a niveles de falta de independencia y compromiso, durante el gobierno de Padrés estos niveles fueron superados”, dice Amilcar Peñuñuri, productor del proyecto Política y RocanRoll Radio y profesor de la Universidad de Sonora (Unison).
Durante los tres años del gobierno de Guillermo Padrés han proliferado desde las empresas consultoras que cobran en cientos de miles de pesos, hasta las páginas de noticias “patito”, escuetas, con mínimo diseño, carentes de directorio, la mayoría de color azul panista, y que únicamente publican los boletines de prensa que escribe un grupo de ex reporteros de los periódicos El Imparcial y Expreso, y que envían desde las oficinas de la Secretaría de Comunicación Social.
Es precisamente a través de esta secretaría, a cargo de Jorge Morales Borbón, quien se autodenomina en su cuenta de Twitter como periodista y ex director de El Imparcial y actual Secretario de Comunicación Social del Gobierno del Estado, donde se realiza la compra-venta de servicios de asesoría a empresas consultoras a nombre de representantes de la “élite” del periodismo sonorense.
De acuerdo con una lista publicada en el portal de Transparencia del Gobierno de Sonora sobre servicios contratados durante el periodo agosto 2011- Agosto 2012 y con los datos de las relaciones de pagos de publicidad de septiembre a diciembre de 2009, 2010, 2011 y primer semestre de 2012, realizados por la Secretaría de Comunicación Social; la mayoría de los contratos se otorgó a viejos conocidos de Morales Borbón de los medios de comunicación.
Uno de ellos es Javier Villegas Orpinela, también ex director de El Imparcial y ex jefe del Secretario de Comunicación Social de Padrés.
A Villegas le pagó contratos a su nombre, al de su empresa JVO Consultores S.C. y al de su esposa Francisca Petra Espinoza Garza por un total de cuatro millones 505 mil 628 pesos en un solo año.
Entre febrero de 2011 y abril de 2012 el gobierno de Guillermo Padrés le pagó a Javier Villegas un total de tres millones 115, 800 pesos por la realización de estudios de opinión sobre demandas ciudadanas del municipio de Cajeme, obras públicas de Sonora, demandas ciudadanas en Sonora, evaluaciones municipales y estatales, estudio y análisis sobre la opinión ciudadana del presupuesto 2012, perfiles socioeconómicos, así como medición del desempeño gubernamental.
Además de contratarlo como asesor y analista de opinión pública, el gobierno también sufragó gastos de publicidad y banners por 461 mil 828 pesos en el portal Correo Revista y en el sitio web de JVO Consultores, propiedad de Javier Villegas.
Por si fuera poco, la Secretaría de Comunicación Social de Guillermo Padrés le pagó 928 mil pesos a su esposa, Francisca Petra Espinoza Garza, por concepto de medición y desempeño gubernamental.
Otro de los proveedores del gobierno de estado es José Luis Borquez Rivas, director general del periódico La Voz del Puerto, de Guaymas, Sonora, quien recibió pagos entre 2011 y 2012 por 348 mil pesos por realizar la síntesis informativa de ese municipio para Padrés Elías, además de los 592 mil 491 pesos que se pagaron al diario por concepto de publicidad entre 2009 y 2010.
En el caso de las radiodifusoras, la empresa Miranda Marketing y Comunicación Integral, propiedad de José Ignacio Miranda Rodríguez, ex director de Grupo Uniradio desde 2011, recibió como pago 417 mil 600 pesos en el lapso 2010-2012 por envío de mensajes informativos.
La Secretaría de Comunicación Social también paga a empresas de consultoría de viejos reporteros, locutores y ex fotógrafos.
Como el caso de la compañía Infocom Consultores S. C, que recibió como pago tres millones 201 mil 600 pesos entre 2010 y 2012 por la realización de análisis de contenidos de prensa mensuales en Ciudad Obregón, Sonora, y monitoreo de medios electrónicos.
Esta empresa no sólo aparece como proveedora del estado, sino también de algunas dependencias del municipio de Hermosillo en 2009, cuyo representante en las listas de pagos gubernamentales es Juan Ángel Palafox Galindo.
Jorge Humberto Ángulo Parra, reportero gráfico, cobró 667 mil pesos por realizar desde la publicidad y diseño de la campaña “Un día sin zapatos”, hasta el análisis de la imagen corporativa de las Instituciones del gobierno y la cobertura fotográfica del “Seminario Jóvenes como agentes de Cambio”, para el Instituto Sonorense de Cultura en diciembre de 2010.
En Cajeme, José Javier Saucedo Gómez, locutor del programa La Vitrina de Radio S.A, recibió 580 mil pesos por asesoría en estrategias mediáticas en el manejo informativo de las actividades de gobierno en Ciudad Obregón, mientras que en Hermosillo, José Luis Olmos Ozuna, un conocido locutor, obtuvo 290 mil pesos por una asesoría similar a la de Saucedo Gómez.
En San Luis Río Colorado, el comunicólogo Jorge Alberto Cornejo Manzo y su esposa Maricarmen Viera Guerrero, cobraron entre los dos, un millón 531 mil 800 pesos por “asesoría, análisis, elaboración, presentación e implementación de un estudio ejecutivo de comunicación”, en esa localidad.
La Secretaría de Comunicación Social del gobierno sonorense también pagó 638 mil pesos por producciones de reportajes, síntesis informativas, producción de programas, cápsulas de imagen institucional a Juan Bernardo Díaz Ayou, realizador de programas para televisión local, así como cinco millones 684 mil 400 pesos a José Manuel Badilla Villa por “Producción de Programas y reportajes” y “Proyecto de grabación, edición, musicalización, producción de videos” para el gobierno (Badilla Villa es proveedor de distintas dependencias del gobierno del estado a través de Link Producciones).
Además de estos contratos, Padrés destinó, según las listas de publicidad que entregó a través de Transparencia, entre 2009 y 2011 poco más de tres millones de pesos que se pagaron a El Imparcial; dos millones 883 mil 384 a periódico Expreso y por menores cantidades se anunció en los diarios más pequeños, pero líderes en sus regiones, como El Informador del Mayo, Diario del Yaqui, Periódicos Nuevo Día, Diario La Frontera y Tribuna del Yaqui.
Las televisoras y radiodifusoras locales Televisora del Yaqui, Tv Corporativo del Valle del Yaqui, Televisora de Mexicali, Tv Corporativo de Sonora, Grupo Radiofónico de Hermosillo, Grupo Acir y XEPB de Hermosillo recibieron menos de medio millón de pesos por publicidad gubernamental.
Para el profesor de la Unison, Amilcar Peñuñuri, existe una estrategia de manipulación de la prensa sonorense y de ascenso de nuevos grupos empresariales y portales de Internet, operados por supuestos periodistas, favorables para las políticas del gobierno.
LAS PÁGINAS “PATITO”
“El referente que tengo de los gobiernos anteriores, es que los comunicados eran un poco más escuetos, rígidos, una estructura corta. Daba pie a que si el reportero tenía dudas que investigara. Ahora es impresionante, pues los comunicados que mandan del gobierno del estado además de que son kilométricos, vienen con tablitas, frases, audios y en ocasiones ese boletín, aparece en numerosos medios”, subraya Adriana Manjarrez, fundadora del proyecto radiofónico Libera Radio en línea.
Adriana es una reportera que cubrió la fuente empresarial para el periódico El Imparcial por varios años. Incluso le tocó la “desbancada” de reporteros que sufrió el diario entre 2008-2009, cuando Morales Borbón, quien fue director editorial, se unió a la campaña de Guillermo Padrés y posteriormente se convirtió en su secretario de Comunicación Social.
Entonces no sólo El Imparcial perdió a sus reporteros, también su competencia, el diario Expreso. Los periodistas de mayor experiencia y trayectoria de ambos periódicos, de repente se convirtieron en funcionarios públicos a cargo de las oficinas de Comunicación Social de distintas dependencias de gobierno.
Las redacciones se quedaron vacías y aquellos lugares fueron ocupados por recién egresados de las licenciaturas en Ciencias de la Comunicación y Periodismo de las universidades locales.
Los ofrecimientos de trabajo en las dependencias de gobierno llovían para los reporteros de más trayectoria, recuerda Adriana, incluso ella fue invitada a formar parte de los enlaces de comunicación del gobierno.
Pocos decidieron quedarse fuera y seguir con el trabajo reporteril en las calles y ganando un sueldo de reportero (que en Sonora oscila entre los cuatro mil y ocho mil pesos), como el caso de Adriana, especializada en coberturas del sector empresarial.
Sin embargo con el gobierno del “Nuevo Sonora”, también proliferó con fuerza un “nuevo periodismo”, basado en páginas de Internet y semanarios que solamente reproducen los boletines de prensa del gobierno de Guillermo Padrés y que con la venta de un banner de publicidad al mes de 11 mil pesos en promedio, obtuvieron una forma cómoda de vivir, sin necesidad de reportear ni editar.
Surgieron nuevos nombres de “periodistas” y también reaparecieron con fuerza los “viejos”, aquellos que a través de sus tabloides, locuciones de radio y comentaristas políticos de televisión, también sacaron provecho.
Ejemplos hay muchos, algunos de los que aparecen en las listas de gastos en publicidad del gobierno de Sonora entre 2009 y 2012 operan de la siguiente forma:
En 2009 el gobierno le pagó a Martín Everardo Camargo Balbastro 60 mil 500 pesos por “servicios publicitarios” y publicación de banners en la página Proyección Cananea, mientras que en 2010 pagó 48 mil 720 a Ana Hilda Cedano Ruiz, por banners en el sitio Sonora Noticias.
Cruz Edith Rodríguez Corral cobró durante 2010 siete mensualidades de 11 mil 600 pesos, más 46 mil 400 pesos en 2011, divididos en dos mensualidades por publicidad en el portal Chécatelo.
El portal de noticias Ehui Digital recibió 198 mil 400 entre 2010 y 2011 y José Alfredo Ochoa Valenzuela ocho pagos de 11 mil 600 pesos por publicar banners en la página El Chiltepín durante 2010.
Gerardo José Ponce de León Moreno, director de Marquesina Política; Martín Jaime Angulo de Contacto Sur; Jesús Ruiz Gámez de Hoja Sonora y Rodrigo Sotelo Mendívil de Mas Medio comparten una situación similar.
Todas estas páginas publican boletines de prensa tal cual se envían desde las oficinas del gobierno del estado y comparten similitudes en el diseño, logotipos y colores (muchas de ellas son azules).
Como muestra, el 15 de octubre de este mes Comunicación Social de Padrés liberó un boletín que iniciaba en su primer párrafo: “Un desarrollo nunca antes visto experimentará Cajeme y todo el sur del estado con la llegada del gas natural, informó el gobernador Guillermo Padrés al rendir su Informe a Sonora 2012” y que fue publicado íntegramente en diversas páginas de noticias, como en El Portal de la Noticia, Código Sur y Ola Sonora.
Ese mismo día, periódico Expreso publicó en su página web la nota “Ofrece GPE crecimiento con agua, gas natural y educación”, una copia íntegra del boletín gubernamental, con cambios mínimos como cabezas de descanso en el cuerpo de la nota.
En la lista de proveedores del gobierno del estado están conductores de noticiarios como Soledad Durazo de Azteca Sonora, Sergio Romano de la Fuerza de la Palabra y Enguerrando Oliverio Tapia Gardner, director general de la publicación Junio7.
Los semanarios también reciben pago por publicidad y por imprimir el informe de gobierno de Padrés, como Editorial El Auténtico que edita el tabloide Primera Plana, dirigido y presidido por Francisco Javier Ruiz Quirrín y que entre 2009 y 2011, recibió 938 mil 493 pesos de las arcas del gobierno.
Otro caso es el de Feliciano Guirado Moreno, director general del semanario político Nuevo Sonora, quien cobró 323 mil 125 pesos en lo que va de la administración del “Nuevo Sonora” (que se edita en los talles de Editorial El Auténtico).
Así como Editorial Padilla Hermanos, que imprime el tabloide Entorno y que en tres años recibió 535 mil 445 pesos por publicidad.
Estas tres publicaciones tienen tradición y trayectoria en cuanto a cobrarle al gobierno se refiere, pues durante el gobierno del priista Eduardo Bours Castelo, también figuraban en la lista de pagos a medios de comunicación, según Transparencia.
Feliciano Guirado Moreno cobró entre 2004 y 2008 un total de un millón 803 mil 250 pesos, mientras que Editorial el Auténtico recibió tres millones 721 mil 578 pesos de la administración boursista.
REVISTAS Y SEMANARIOS: OPERADORES DEL PAN
El director del semanario Nuevo Sonora, Feliciano Guirado, sabe corresponder a la compra de publicidad del gobierno no sólo con comentarios positivos para el gobernador y publicación de sus boletines.
El viejo periodista forma parte de un procedimiento oficioso que consta en el expediente P-UFRPP 23/12 del Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) en contra del Partido Acción Nacional (PAN), por la contratación de propaganda política a favor de Francisco de Paula Burquez Valenzuela, Florencio Díaz Armenta, Damián Zepeda Vidales y Alejandra López Noriega en periodo fuera de tiempo del proceso electoral 2011-2012.
El órgano electoral analizó la aparición de 69 pendones y carteleras a favor de estos candidatos contratados por el semanario Nuevo Sonora, G. Negocios la Revista y Yo Mujer a las empresas Mass Media Digital, Anuncios TG, Alfil Implementaciones, Vendor Publicidad Exterior e Impactos, así como Frecuencia y Cobertura en Medios, y encontró pruebas de que infringieron la Ley al beneficiar a los candidatos panistas con 952 mil 357.70 pesos.
Durante el desahogo de pruebas el nombre de Guirado aparece como uno de los que pagaron a las empresas de publicidad los anuncios propagandísticos a favor de Florencio Díaz Armenta, mientras que la Revista G. Negocios benefició con la mayoría de sus pendones a Francisco Burquez Valenzuela y la publicación Yo Mujer a la candidata Alejandra López Noriega.
El Consejo del IFE encontró culpable al PAN por la aparición de esta propaganda en la resolución CG610/2012, debido a que el partido se benefició de las aportaciones de estas revistas (y que no pudieron acreditarse a una persona física o moral plenamente identificada).
“Una interpretación contraria permitiría llegar al absurdo de pasar por alto ciertas conductas ilícitas, cuando la autoridad electoral, pese haber agotado todas las diligencias posibles, no obtenga elementos de prueba para acreditar que una persona cierta y plena identificada ha incurrido en una conducta contraria a derecho”, detalla la resolución.
La multa a la que se hizo acreedor el PAN fue de un millón 904 mil 715.40 pesos y al pago de ocho mil 267 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal en 2012, equivalente a 515 mil 282.11 pesos.
Cabe destacar que de acuerdo con la lista publicada por Transparencia del Gobierno de Sonora, el gobernador destina millonarias sumas al pago de propaganda a través de espectaculares y pendones.
Sin embargo la empresa involucrada en el proceso del IFE, Alfil Implementadores, cuyo representante es José René Sotelo, recibió como pago de junio a agosto de 2010 la cantidad de 445 mil 558 pesos, pero no por la operación de pendones publicitarios, sino por el “Análisis de la Imagen Corporativa de las Instituciones del Gobierno del Estado de Sonora”.
Otra de las empresas involucradas Mass Media Digital que pertenece a Grupo IV y cuyo director es Christian Silva Olea, facturó para el gobierno de Padrés dos millones 262 mil pesos durante 2011, mientras que la firma Impacto Vinil, también del grupo, un millón 078 mil pesos. Ambas por operar decenas de carteleras propagandísticas.
Además, el gobierno de Sonora pagó entre 2009 y 2011 por “renta de carteleras publicitaras en varios municipios de Sonora” y operación de propaganda política a Alfredo Laguna Gutiérrez de MMS Multimedios de Sonora, casi cinco millones y medio de pesos, más un millón de pesos a nombre de Yolanda Berenice Laguna Gutiérrez.
Y EL QUE NO SE ALINEA…
El gobierno de Padrés reparte millones, pero para quien no se “alinea” y se atreve a desafiarlo con alguna crítica a su trabajo como gobernador, el castigo puede ser la pérdida del trabajo y quedar fuera de los medios de comunicación sonorenses.
“Mira, Ana Luisa las cosas están así: tengo órdenes de no contratarte porque eres una voz que critica al gobernador”, le dijo un concesionario de radio hace tres años a Ana Luisa Pacheco, una locutora con 30 años de experiencia en la radiodifusión sonorense.
Ana Luisa, enfocada en temas de género y política, con trayectoria en estaciones de Grupo Acir, Grupo Uniradio y Radio Sonora, fue coartada en su libertad de expresión por el gobierno de Sonora, asegura.
Fue durante la precampaña electoral de Guillermo Padrés, cuando la periodista criticó 20 bardas pintadas en Hermosillo con propaganda electoral que hacía alusión al político y que incomodó a sus intereses.
“Cuando ganó, tuvimos una reunión con la gente de Comunicación Social. El mensaje para mí fue que me desdijera públicamente en su precampaña y campaña, porque si no lo hacía me iba a quedar sin trabajo. Y así fue, hace tres años que mi voz salió del aire”, recuerda Ana Luisa Pacheco.
La periodista narra que en un inicio, consideró imposible que todos los concesionarios radiofónicos se prestaran a la “mordaza” que el gobierno panista amenazó imponerle, pero su peregrinar en busca de empleo y de espacio y las negativas de los directivos incluso a recibirla, se lo confirmaron. El gobierno de Guillermo Padrés cumplió: la dejó sin trabajo.
“La relación entre los medios de comunicación y Padrés es muy clara; hay una ferocidad, los concesionarios no están dispuestos a arriesgar nada por la carrera de una periodista: así de triste es mi caso”, dice.
Las represalias no sólo son contra ella. Ana Luisa asegura conocer casos de medios a los que les fue retirada la publicidad gubernamental por hablar de algún caso incómodo para el gobierno.
“Nunca habíamos tenido un gobierno que te quitara el derecho a trabajar en un medio de comunicación, no así como está ahorita, cuadrado, limitado, torpe”.
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PUBLICIDAD PAGADA A MEDIOS DE COMUNICACIÓN
