Ciudad de México, 13 sep – El Departamento de Justicia de Estados Unidos abrió una investigación por presunta corrupción en la adquisición de cerca de 30 mil automóviles y camionetas que México compra para adaptarlas como patrullas, señala el diario Reforma.
De acuerdo con la denuncia de José Luis Moyá las transacciones podrían rebasar los 300 millones de dólares e podrían implicar delitos como lavado de dinero. Ciertas agencias distribuidoras se ven favorecidas con las licitaciones, previo acuerdo con los funcionarios encargados de la adquisición, dice Moyá quien se ha dedicado a hacer acopio de los contratos que las distintas administraciones locales y federales han realizado
El rotativo indica que desde el año 2000 distintas autoridades mexicanas han adquirido vehículos de General Motors, Chrysler y Ford para habilitarlos como patrullas, pero que en lugar de adquirir los automotores en la planta –como ocurre en EU– se adquieren en las concesionarias de las firmas automotrices, en donde los precios son inflados con el argumento del acondicionamiento que les tiene que hacer.
En la denuncia se encuentra el caso de una patrulla tipo Charger comprada en la planta en Estados Unidos, con todo el equipamiento que las policías en México requieren, cuesta 28 mil dólares, mientras que en México, por un automóvil de la misma marca, tipo y modelo –convertido en patrulla por las agencias distribuidoras– pagan 38 mil dólares, asegura el diario.
También señala el caso de las camionetas tipo Pick Up que usa la Policía Federal, las cuales cuestan 43 mil dólares en la planta del fabricante en Estados Unidos, mientras que la corporación las adquirió en México en 70 mil dólares, añade.
La acusación fue entregada al equipo del Senador Carl Levin, quien preside el subcomité Permanente de Investigación del Senado de los Estados Unidos y quien recientemente exhibió al banco HSBC por haber permitido que el narcotráfico lavara miles de millones de dólares.
Y en cambio recibieron como respuesta que según la transparencia de precios en EU no dejaría a las autoridades mexicanas margen para pagar sobrecostos o incurrir en actos de corrupción.
“Los gobiernos federal, local o estatal no compran coches de la policía fabricados en las plantas de General Motors, Ford y Chrysler (en EU) porque los precios están abiertos al público y por lo general los equipos son mejores y más baratos de los que hay en México”, señala el documento redactado en inglés.
Según la denuncia, para que los implicados puedan distribuirse el dinero, deben hacer operaciones de lavado de dinero en el que las armadoras podrían estar implicadas o afectadas, pues se desconoce si las agencias reportan la venta con el precio de lista, es decir, antes del acondicionamiento, o posterior a éste, ya con los precios inflado, refiere Reforma.
