Ciudad de México, 17 de noviembre (SinEmbargo).– Una empresa filial de la constructora Teya, implicada en el contrato de construcción del tren rápido a Querétaro y en la “casa blanca” del Presidente Enrique Peña Nieto y su esposa, tiene además una serie de denuncias por daños al medio ambiente, publicó hoy el colectivo MásDe131.

De acuerdo con una investigación de esta agrupación, la empresa Autovan, filial de la constructora Teya, enfrenta denuncias por “incumplimiento de amparo”, “destrucción de vegetación”, “tala de árboles” en territorio comunal y boscoso de indígenas ñatho (otomí) ante la Procuraduría General de la República (PGR), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y ante la Procuraduría Federal de Protección Ambiental (Profepa).

“Teya es a su vez parte de Grupo Higa, consorcio de Juan Armando Hinojosa Cantú, que obtuvo la licitación del suspendido Tren rápido México-Querétaro, y que mediante la empresa Ingeniería Inmobiliaria del Centro tiene en su registro la ahora famosa Casa Blanca de EPN. Teya ganó en el 2007 la licitación para construir la autopista privada Toluca-Naucalpan, que pretende atravesar el Parque Ecológico, Turístico y Recreativo Zempoala La Bufa, denominado Parque Otomí–Mexica del Estado de México, que tiene también categoría de Santuario del Agua y Forestal Subcuenca Tributaria Río Mayorazgo Temoaya”, reporta la organización.

“Desde el 2007, miembros de Autovan-Teya han incursionado (sin permiso) en territorio comunal para hacer mediciones topográficas y talar árboles en por lo menos seis comunidades: San Lorenzo Huitzizilapan, Santa Cruz y San Francisco Ayotuxco, San Francisco Chimalpa, Santa María Atarasquillo, Santa María Tlalmimilolpan y San Francisco Xochicuautla”, agrega.

El colectivo presenta también copias del acta relativa a la licitación, con actas de asambleas, amparos y denuncias penales en las que “se muestra la forma en la que sistemáticamente la constructora de la Casa Blanca de EPN ha violado los derechos agrarios, humanos e indígenas de estas comunidades y en contubernio con dependencias del gobierno del Estado de México, como el Sistema de Autopistas, Aeropuertos y Servicios Conexos del Estado de México (SAASCAEM) y la Secretaria de Seguridad Pública (SSC)”.

También, informa que, de acuerdo con el acta de Banobras, el proyecto consiste en la construcción de una carretera de cuatro carriles y de 34.2 kilómetros que unirá el municipio de Naucalpan con la Ciudad de Toluca y será promovida por Teya, Banorte y el Gobierno del Estado de México.

“De acuerdo con las actas de asambleas, miembros de la empresa nunca se han presentado a las asambleas de las comunidades donde, de acuerdo con la Ley Agraria, se deben resolver y en su caso aprobar cualquier afectación sobre su territorio”, dice Másde131.

“En San Francisco Xochicuautla se ha formado oposición a la autopista; sin embargo, miembros del Comisariado de Bienes Comunales y la empresa han logrado avanzar la construcción del proyecto alterando las actas de asamblea”, agrega.

El reportaje agrega que una acta de la asamblea de la comunidad, con fecha del 14 de agosto del 2011, indica que se presentó la solicitud del proyecto carretero, pero no quién o quiénes hicieron la propuesta. También, que a los comuneros se les dijo que era una obra de “interés público, cuando en realidad es una obra de interés privado”, que éstos abandonaron la asamblea por no estar de acuerdo y que así se aprobó la carretera.

“El acta de asamblea de la comunidad de Santa Cruz Ayotuxco del día 18 de abril del 2010 fue sólo informativa, pero fue tomada como prueba de la aprobación de la comunidad del proyecto carretero. Tampoco hubo personal de la empresa para explicar a la comunidad el proyecto. Santa Cruz presentó una querella que resultó en la sentencia del expediente 67/2011, en la cual SAASCAEM y Autovan eran condenadas a desocupar y entregar la superficie de 156 mil metros cuadrados que le fue entregada mediante acta”, dice el colectivo.

TEYA, OTRA VEZ GANADORA

De acuerdo con el reportaje, la concesión de la licitación pública SCEM-CCA-01-06 fue dada a Teya bajo el argumento de que la tarifa dada por esta empresa “resulta ser la más baja de todas las propuestas, dará mayor accesibilidad a la autopista, lo que repercute en beneficio del interés social”.

Además de contar con la firma de once funcionarios de SAASCAEM, dependencia también denunciada por los indígenas, el proyecto está firmado por el actual Secretario de Comunicaciones y transportes, Gerardo Ruiz Esparza.

“Los ataques contra las comunidades han llegado a tal grado que no hay asamblea en Xochicuatla desde el 2011 en la que no haya presencia de personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del Estado de México, en particular de granaderos”, dice el reportaje.

“Incluso, cuando se ha presentado la empresa de Armando Hinojosa Cantú, personal de la SSC ya ha hecho detenciones arbitrarias en contra de los otomíes, incluidas mujeres. El 14 mayo del 2013, catorce hombres y mujeres, la mayor parte adultos mayores, fueron detenidos mientras la empresa destrozaba milpas de maíz azul. El tres de noviembre del 2014, mientras el delegado municipal elegido por usos y costumbres enseñaba a la empresa el amparo que protege a la comunidad, siete mujeres y hombres fueron detenidos por la SSC al interponerse entre la maquinaria y los árboles. Fueron puestos en libertad bajo caución tres días después”, agega.

“Las últimas detenciones se dan en un contexto de tensión, ya que Teya-Autovan y granaderos de la SSC entraron a territorio comunal el 8 de noviembre talando árboles y haciendo levantamientos topográficos. Desde entonces todos los días hábiles no han dejado de trabajar. Ya dejaron una brecha. Desde la comunidad se alcanza a ver la destrucción de cientos de árboles. Incluso, casas de varios habitantes están amenazadas”, menciona también el artículo.

Ante esta situación, Xochicuautla interpuso el 27 de octubre tres denuncias penales, una ante la PGR, otra ante Secretaría de Medio Ambiente (SEMARNAT) y ante la Procuraduría de Protección al Ambiente (Profepa) en contra del director general y representante legal y director general de Autopistas de Vanguardia y del contador José Ramón Alcalá Angelino; en contra del Sistema de Autopistas, Aeropuertos y Servicios Conexos y auxiliares del Estado de México (SAASCAEM), y en contra del director de la SSC, Damián Canales Mena.

“De proceder las denuncias, la empresa en colusión con SAASCAEM y la SSC estaría violando el amparo 46/2014 de la comunidad, el artículo 46 fracción nueve de la Ley General del Equilibrio Ecológico y de Protección al Ambiente, además de la ley agraria”, dice.

“Además, estaría realizando detenciones arbitrarias y el derecho a los pueblos indígenas a ser consultados de manera libre, previa e informada de acuerdo con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, firmado por México. Hasta la fecha, ante las denuncias tanto penales como de derechos humanos, sólo hay silencio”, agrega.

LOS DECRETOS EXPROPIATORIOS DE ENRIQUE PEÑA

El reportaje menciona también que, en mayo del 2014, el Presidente Enrique Peña Nieto “continuó con la ofensiva en contra de estos pueblos en favor de sus empresas cercanas mediante decretos expropiatorios federales. En el decreto que expropia seis hectáreas de Huitzizilapan, se dice que el área la ocupará la autopista ya que el terreno expropiado no es ‘susceptible de labores agrícolas’, pese a que en la región se cultiva papa, maíz azul y se dan hongos comestibles”.

La supuesta utilidad pública que el gobierno de Peña Nieto argumenta en los decretos dirigidos contra Huitzizilapan, Tlalmimilolpan y Atarasquillo, dice el artículo, son que “resulta un factor determinante para el desarrollo económico y social para el Estado de México, y para la consolidación, ampliación y modernización de la red de autopistas de altas especificaciones que haga más segura, económica y confortable la interconexión de polos de desarrollo industrial, turístico, comercial y, en general, del transporte de bienes y personas. Lo que no dice el documento es que ya existe una carretera de Toluca a Naucalpan, que no es de cuota y pasa por el centro de Huitzizilapan, Xochicuautla y termina en Chamapa”.

El decreto pretende enlazar el Aeropuerto Internacional de Toluca (cuya construcción se adjudica a las empresas de Hinojosa Cantú junto a la española OHL) con la zona norte y noroeste de la zona metropolitana de la Ciudad de México.

“Ciudad, conectividad, negocio, principalmente para constructoras ligadas al PRI; pero en ninguna parte del decreto de Peña Nieto ni de las licitaciones se menciona a los pueblos indígenas que habitan la región”, cierra el reportaje.