El Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Gobierno federal sólo simulan la persecución de Javier Duarte de Ochoa, Gobernador con licencia de Veracruz; si en realidad hubieran querido actuar contra él, desde marzo de este año lo lo habrían logrado con certeza al impulsar un juicio político y su desafuero en la Cámara de Diputados, coinciden analistas y políticos entrevistados por SinEmbargo. También se preguntan: ¿Qué sucederá ahora con los otros ex gobernadores del tricolor señalados por corrupción?

Ciudad de México, 19 de octubre (SinEmbargo).–La persecución a Javier Duarte de Ochoa, Gobernador con licencia de Veracruz, es una simulación y un cálculo político tanto del Gobierno federal como del Partido Revolucionario Institucional (PRI) rumbo a las elecciones de 2018. Si el PRI hubiera querido ir por Duarte de Ochoa, lo hubiera hecho desde hace meses al quitarle el fuero y procesarlo por delitos que alcanzan cárcel preventiva, como la presunta autoría intelectual del asesinato de periodistas, coincidieron analistas y políticos de oposición entrevistados por SinEmbargo.

Duarte de Ochoa se separó de su cargo como Gobernador el pasado 12 de octubre tras solicitar licencia. La noche del lunes pasado, diversos medios nacionales informaron que la Procuraduría General de la República (PGR) solicitó a un juez una orden de aprehensión en contra del ex mandatario, pero de acuerdo con Miguel Ángel Yunes Linares, Gobernador electo, el priista ya huyó de Veracruz.

“Los procesos contra Duarte y [Guillermo] Padrés Elías se hacen con motivación política, no porque se haya violado la Ley; porque si así fuera desde hace mucho que había indicios, se sabía, se tenían señalamientos de la Auditoría Superior de la Federación [ASF], como para ir por él. Esto es por las condiciones políticas que se dieron a raíz de las elecciones del año pasado y sobre todo la de este año. Los partidos se pusieron a simular que están haciendo algo contra la corrupción”, dijo José Antonio Crespo Mendoza, politólogo del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

Crespo Mendoza opinó que en los casos de Guillermo Padrés Elías, ex Gobernador de Sonora e integrante del Partido Acción Nacional (PAN), y Duarte de Ochoa del PRI, ambos partidos quizás decidan irse a fondo, en una competencia ante el electorado de “quién lucha más contra la corrupción”.

Aunque en el caso del PRI haya otros ex Gobernadores que estarían pendientes de una investigación profunda: César Duarte Jáquez, ex Gobernador de Chihuahua; Roberto Borge Angulo, de Quintana Roo y el mismo Rodrigo Medina de la Cruz, de Nuevo León.

“A lo mejor van en serio, pero las acciones están motivadas exclusivamente por una razón político-electoral. También el PAN tiene que ceder, no puede quedar como que ellos no están persiguiendo a la corrupción. Ahorita están en competencia para convencer a la gente de que sí están comprometidos contra la corrupción”, insistió Crespo Mendoza.

Gustavo López Montiel, experto en partidos políticos del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), consideró que el PRI y el Gobierno federal mantienen una impartición inequitativa de la justicia y que, posiblemente, hubo un acuerdo para retrasar o aminorar las posibilidades de aprehensión de Javier Duarte.

Para el analista, el PRI como partido, no tiene la intención de ir por el resto de los ex gobernadores de la fuerza política con señalamientos de corrupción y lavado de dinero.

“Hay una acción diferenciada con otros gobernadores y están equilibrando en el caso de Guillermo Padrés. Sobre detener a otro ex Gobernador, los que quedan son del PRI. Ahí es claro el argumento del presidente del PRI [Enrique Ochoa Reza] en el sentido de que corruptos hay en todos los partidos”, dijo.

López Montiel agregó que Duarte de Ochoa no podría ser detenido aunque quisieran, porque aún mantiene su fuero constitucional.

PUDIERON IR POR DUARTE DESDE MARZO

Sin embargo, el Gobernador con licencia de Veracruz pudo haber entrado en un juicio político que derivaría en la pérdida de su fuero desde principios de marzo, dijo Cuitláhuac García Jiménez, Diputado federal y el ex candidato a la gubernatura veracruzana por el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

El legislador explicó en entrevista con este medio digital que Morena propuso en la Cámara de Diputados un juicio político en contra de Javier Duarte. Fueron el PRI y el PAN, los partidos mayoritarios, los que le dieron largas y no apoyaron la iniciativa.

“Ahora el presidente del PRI [Enrique Ochoa Reza] anda hablando de enfrentar la corrupción, pero ellos tienen mayoría. ¿Por qué no ordena a todos su diputados que le den trámite al juicio político de Duarte en la Cámara federal para desaforarlo? Y si el PAN hubiera querido, ya lo hubieran hecho”, dijo García Jiménez.

García consideró que la PGR y el Gobierno federal no van en serio contra Duarte, debido a que la acusación por corrupción ni siquiera alcanza prisión preventiva, como sí sucede en caso de una investigación por omisión, complicidad o autoría intelectual del asesinato de periodistas.

“El mismo Rubén Espinosa [fotoperiodista asesinado en la colonia Narvarte de la Ciudad de México] lo acusó directamente a él de su persecución”, recordó Cuitláhuac.

“Yo lo que creo es que hay un acuerdo y Miguel Ángel [Yunes Linares] está presionando para que sea a su favor: que él tenga facilidades para un nuevo préstamo en Veracruz, que él pueda poner a los candidatos a las alcaldías para la próxima elección, que el PRI se ponga a modo para, en cambio. cumplirle a [Miguel Ángel]Osorio Chong la promesa de detener el avance de Morena en la entidad”, destacó.

Ivonne Acuña Murillo, académica del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana, coincidió con el legislador federal y agregó que hay razones para “pensar que todo esto se trata de una simulación”.

“Hay un contexto y es  que en otras ocasiones, funcionarios y gobernadores han cometido una serie de ilícitos y no se ha hecho nada. ¿Por qué sólo Duarte? ¿Qué pasa con los otros gobernadores priistas y panistas? No se está siguiendo el mismo procedimiento. Tendría que haber habido un juicio para quitarles el fuero y poder proceder. Contra Javier Duarte no se puede hacer nada; probablemente él ya no estaba en el estado cuando pidió licencia”, argumentó Acuña Murillo.

Acuña precisó que en el caso de Duarte de Ochoa e incluso de Padrés Elías, puede haber una estrategia de no reconocer delitos graves, dándoles la facilidad de salir libres.

“Así les dan la facilidad de que con buenos abogados, salgan libres y se vayan a disfrutar de lo robado. Hay una regla no escrita entre los políticos: roba bastante, para que cuando te agarren puedas pagar buenos abogados”, finalizó.