Comunitarios y Templarios chocan por horas afuera de Apatzingán; federales evitan el combate: autodefensas

21/01/2014 - 8:40 pm

Ciudad de México, 21 de enero (SinEmbargo/EFE/dpa).– A pesar de la presencia de elementos del Ejército y de la Policía Federal en Michoacán, integrantes de los grupos de autodefensa y miembros del crimen organizado se enfrentaron en los límites de Apatzingán y Parácuaro sin que hasta el momento se reporten personas heridas o muertas.

El enfrentamiento se registró en las comunidades de Cancita, el Carrizo y La Cofradía. Se informó que los ataques se alargaron por más de dos horas.

Estanislao Beltrán, portavoz de las agrupaciones civiles, confirmó el hecho a la agencia española EFE.

Beltrán acusó a las fuerzas federales que realizan una operación de seguridad en Michoacán de no apoyar a las autodefensas pese a que éstas les informaron de la presencia de un líder de Los Caballeros Templarios en la zona.

Asimismo, lamentó que no se invitara a representantes de esas agrupaciones a la reunión que encabezó este martes el gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo, en la Alcaldía de Apatzingán con autoridades locales y pequeños empresarios de la región.

Beltrán aseguró que el Alcalde es sobrino de Nazario Moreno González, uno de los líderes del grupo criminal conocido como “El Chayo”. “Fue un encuentro con Templarios”, declaró Beltrán.

Finalmente, reiteró el compromiso de las autodefensas de seguir en la lucha “aunque nos cueste la vida”.

El enfrentamiento se registró tras el avance que pretenden las guardias comunitarias hacia esa zona que está bajo el control del crimen organizado.

Hasta el momento no se tiene registro de bajas. Según se dio a conocer  los grupos de autodefensa tienen conocimiento de que integrantes de Los Caballeros Templarios se resguardan en cuevas de esa zona.

Se informó que tras el choque de ambos bandos, desde Antúnez y el centro de Parácuaro diversas camionetas con grupos de autodefensa partieron a la zona de conflicto en apoyo de sus compañeros.

Mientras esto ocurría, el comisionado federal para Michoacán, Alfredo Castillo, dijo en un encuentro con corresponsales extranjeros que el gobierno busca recuperar “lo más pronto posible” la normalidad en Michoacán.

“Hasta el momento todo nos hace pensar que la estrategia está rindiendo los frutos esperados porque no hemos tenido derramamiento de sangre, porque se ha logrado retomar el control de una manera pacífica, porque se está recuperando sobre todo la confianza en la parte de policía federal”, dijo Castillo según da cuenta la agencia dpa.

Sobre las autodefensas, Castillo afirmó que perderán su razón de ser una vez que empiecen a notarse los frutos de las acciones del gobierno. “La estrategia pasa por el no-choque, la no confrontación y privilegiar la vida humana y el diálogo”, resumió.

En Michoacán hay actualmente en operación unos 4 mil 800 policías federales incluyendo áreas de investigación, así como 4 mil 500 militares, según las cifras que proporcionó el funcionario.

Castillo dijo también que el gobierno mexicano ha identificado a 26 líderes prioritarios dentro del cártel de Los Caballeros Templarios, dominante en la región, pero que, más que su detención, busca sobre todo “neutralizar” su capacidad operativa.

“Independientemente del tema de la detención, que sin duda es importante, estamos hablando de neutralizar sus capacidades de operación, organización, reclutamiento, financiamiento y de generar violencia”, dijo Castillo.

El funcionario dijo que si se logra acorralar al cártel y obstaculizar sus actividades necesariamente esto va a conducir a la captura de los “objetivos prioritarios”, entre los que figuran Servando Gómez Martínez, alias “La Tuta”, y Enrique “Kike” Plancarte, principales líderes de la organización.

Entre otras acciones mencionó que ha hablado con el Gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo, sobre la posibilidad de aplicar la “ley de extinción de dominio” a nivel local para confiscar los bienes que se compruebe que están relacionados con actividades ilícitas.

Asimismo, unidades especiales de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la Secretaría de Hacienda investigarán posible lavado de dinero de personas o empresas y se revisarán concesiones mineras, un área en la que los cárteles han encontrado también un negocio a través de la extracción ilegal de minerales.

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