Hay varias maneras de medir la deuda. La primera es simplemente una lista de los estados que acumulan el mayor monto, pero podría ser poco fiable porque muchos tienen economías fuertes o una población alta. Una segunda permite saber quiénes son los políticos más despilfarradores del país; relaciona el tamaño de la economía local contra el nivel de endeudamiento; en esa categoría, César Duarte (Chihuahua), Roberto Borge (Quintana Roo), Manuel Velasco (Chiapas), Rubén Moreira (Coahuila) y Roberto Sandoval (Nayarit) son los que han impuesto cargas más pesadas sobre sus ciudadanos. Pero una medición más deja asomarse al tipo de gobierno que tiene cada entidad. Es la que divide el monto total de deuda entre todos los ciudadanos. Y en esa lista, los reyes del endeudamiento son: Rubén Moreira (Coahuila, #1) César Duarte (Chihuahua, #2), Rodrigo Medina (Nuevo León, #3), Roberto Borge (Quintana Roo, #4), y Miguel Ángel Mancera (DF, #5).

La deuda histórica a la que han llegado los estados en el país, principalmente los cinco que concentran el 50 por ciento de los pasivos, no es sólo un asunto que involucre a los gobiernos. También tiene que ver con los ciudadanos. Un dato del Instituto Mexicano para la Competencia Económica (IMCO) destaca que, este año, cada uno de los habitantes del país tendrá que destinar 3 mil 516 pesos de sus ingresos para pagar las obligaciones financieras contratadas por sus gobernadores. Pero en algunas entidades, la cifra puede rebasar los 11 mil pesos.

El endeudamiento sin control de los estados también es responsabilidad del gobierno federal y de las instituciones bancarias, de acuerdo con los expertos. Afirman que la mala calidad de la información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) sobre el tema, así como el secreto bancario, permite a los gobiernos locales contratar créditos con tasas de interés de hasta 6.5 por ciento, muy por encima de la de referencia del mercado, que ronda el 3 por ciento. El 80 por ciento de los ingresos que los estados reciben de la Federación ya están etiquetados para el pago de su deuda.

Según Hacienda, el saldo de la deuda local al cierre de 2013 representó 2.6 veces más que el monto de 2007 o un incremento nominal de 158.91 por ciento en relación con la pasada administración…

Ciudad de México, 21 de octubre (SinEmbargo).– La deuda millonaria que actualmente registran los estados del país y que alcanzó ya su nivel más alto desde 2001, no es sólo un problema de finanzas locales sino también del bolsillo de sus habitantes. En promedio, cada mexicano tiene que desembolsar 3 mil 516 pesos por la deuda que tienen los estados. Pero en las entidades con mayores obligaciones financieras, la cifra puede rebasar los 11 mil pesos, es decir, lo suficiente para comprar cinco canastas básicas este 2014.

Los Indicadores de Deuda Subnacional de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) muestran que la deuda financiera de los estados pasó de 149 mil millones de pesos, en 2001,  a 434 mil millones de pesos hasta junio de este año, es decir que pasó de representar 1.9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) a 3.0 por ciento.

Con respecto a las entidades más endeudadas, a junio de 2014, los datos indican que fueron el Distrito Federal con 61 mil 402.8 millones de pesos; Nuevo León con 58 mil 443.9 millones; Chihuahua con 41 mil 603.1 millones; Veracruz con 40 mil 767.4 millones y el Estado de México con 39 mil 124.1 millones. A excepción de la capital del país, el resto de los estados son gobernados por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

De acuerdo con el Índice de Información Presupuestal Estatal 2014 (IIPE), elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), los estados en los que la deuda tiene el más alto costo per cápita por ciudadano son: Coahuila con 11 mil 826 pesos; Chihuahua con 11 mil 170; Nuevo León con 10 mil 617; Quintana Roo con 10 mil 292 y el Distrito Federal con 6 mil 919 pesos.

Como proporción del PIB por entidad federativa, (es decir: como proporción de su propia economía) las que registraron los niveles más altos son Chihuahua con 9 por ciento, Quintana Roo con 7.5 por ciento, Chiapas con 7.2 por ciento, Coahuila con 6.8 por ciento y Nayarit con 6.1 por ciento.

“Estas son deudas que al final de cuentas las pagan o padecen los ciudadanos”, aseguró Ricardo Corona Real, coordinador de Finanzas Públicas del IMCO.

En tanto que las entidades en las que los ciudadanos pagan menos por la deuda contratado por sus gobernantes son: Puebla con 983 pesos; Guerrero con 761 pesos; Campeche con 742 pesos; Querétaro con 615 pesos y Tlaxcala con cero pesos.

Los estados con menor endeudamiento respecto a su PIB son Tlaxcala con un nulo porcentaje, Campeche con 0.1 por ciento, Querétaro con 0.6 por ciento, Tabasco con 1 por ciento y Yucatán con 1.1 por ciento, según información de la SHCP.

¿QUIÉN TIENE LA CULPA?

Expertos consultados por SinEmbargo consideraron que la mala calidad de la información que proporciona la SHCP sobre la deuda de estados y municipios, así como la existencia del llamado secreto bancario han permitido que los pasivos de las entidades federativas hayan alcanzado un monto histórico que se concentra en un 50 por ciento en sólo cinco de las 32 entidades [Distrito Federal, Nuevo León, Chihuahua, Veracruz y el Estado de México].

Ricardo Corona Real aseguró que ante la mala calidad de la información que proporciona la SHCP no se tiene el alcance de revisar qué es lo que se contrata, cuánto se contrata, en qué condiciones, cómo se gasta y si realmente se gasta en lo proyectado. “Es un resultado parcial. A eso se suman las demás deudas financieras que tienen las entidades, entonces cuando vez que el catálogo de obligaciones financieras, incluyendo la deuda son varias y se hace complicado determinar el estado de las finanzas de los mismos”.

Por muchos años, instituciones como el Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Nacional de Obras y Servicios (Banobras) fueron los prestamistas de los gobiernos locales. Sin embargo, las tasas de estos bancos se volvieron similares a las tasas comerciales, lo que provocó que buscarán en la banca comercial una nueva fuente de financiamiento, ya que no imponía condiciones y ofrecía más opciones de créditos.

De acuerdo con el IIPE, las principales instituciones que prestan dinero y a través de las cuales se hace colocación de deuda son la banca múltiple, que ha otorgado 284 mil millones 509 mil de pesos; le sigue la banca de desarrollo, que ha facilitado 107 mil millones 329 mil de pesos. En el caso de las emisiones bursátiles suman una cantidad de 84 mil millones 671 mil pesos, mientras que el rubro de “otros” tiene la cantidad de 13 mil millones 134 mil pesos.

En el mismo estudio se aclara que el pago de la deuda se garantiza con el uso de las participaciones que equivale a un 84.3 por ciento, con las aportaciones que representa un 14.1 por ciento y mientras que los ingresos propios equivalen al 1.6 por ciento.

Eduardo Bohórquez López, Director de Transparencia Mexicana, Capítulo de Transparencia Internacional en México, observó que “cada vez hay más mecanismos de financiamiento para el gasto público que incluye al sector privado y hay una cartera más amplia que están sistemáticamente buscando a los gobiernos. Hay un incentivo del sector privado al gobierno para proponerle que se financie de otras formas”.

“Tanto estados y municipios cuando piden los recursos para cubrir el boquete financiero, lo hace a los bancos. El problema de que esto ocurra es que no se tiene acceso a las condiciones en las que prestan el dinero ni las tasas que manejan,” dijo el analista del IMCO.

Destaca el caso de Chihuahua, gobernado por el priista César Duarte Jáquez, que a finales de 2010 registraba una deuda de 13 mil 261 millones de pesos que en tres años se duplicó a más de 26 mil millones y a estas alturas ronda los 42 mil millones. De igual manera el priista Humberto Moreira Valdés [quien fue Gobernador de 2005 a 2011], los pasivos del erario que dejó al estado de Coahuila son de casi 8 mil millones de pesos menos.

Chihuahua trató de revertir su deuda com la contratación de créditos directos por 25 mil millones de pesos con Garantía de Participaciones y Cumplimiento [emisión de garantías a favor de un beneficiario para respaldar un compromiso contraído por uno de sus clientes] , de los cuales cinco mil 692 millones de pesos deuda directa garantizada (una Emisión Bursátil y tres financiamientos en la modalidad del bono cupón cero), pero a una tasa de interés de 6.5 por ciento, una de las más altas del país.

EL SECRETO BANCARIO

Eduardo Bohórquez señaló que en el tema de deuda “el secreto bancario no ayuda, pero no es para este tipo de decisiones porque estas son decisiones públicas. El secreto bancario priva para cuando tienes una deuda pero no para la decisión que vas a tomar con quién vas a abrir una deuda. Si se pone el foco en la decisión antes de tener el crédito, que es de carácter público, no existe este problema”.

“La legislación federal considera que cuando una dependencia escoge un banco o realiza una inversión, el Tesorero tiene que decir cuáles eran las tasas en el momento en el que tomó la decisión al auditor externo y al público que esa inversión se hizo comparando otras alternativas,” agregó.

Observó que no está claro que se estén incorporando mecanismos de mercados apropiados para la colocación de deuda. Para ello se necesitaría ofertar a los distintos actores del mercado la compra de la deuda.

“Para contratar deuda tendrías que dejar claro qué alternativas tenías y esto es el problema más recurrente de las administraciones. La contratación de deuda también se puede licitar y no se hace. Lo que está pasando con la deuda es que se está entregando por adjudicación directa a un actor económico en particular y se mantienen con perfiles muy bajos,” dijo Eduardo Bohórquez.

Ricardo Corona insistió en que, como Chihuahua, “a veces surgen casos de estados en donde las tasas de interés y las comisiones son altas. Uno se pregunta ¿cómo se contratan estas cosas? como no hay claridad, se puede suponer que la persona que contrató no sabía o que la persona que contrató se llevó una comisión”.

Ambos observaron que debido a que las administraciones estatales tienen altos niveles de corrupción, opacidad en el uso de los gastos y el gasto público no está orientado apropiadamente, la manera mas fácil de obtener recursos es irse al mercado financiero, situación que aprovechan los bancos para ser muy cuidadosos en normar excesivamente la contratación y el pago de la deuda, de lo contrario corren el riesgo de perder ventajas comparativas del mercado.

“El tema es que muchas veces, en términos de lo que es el mercado bancarios, nada más, si el banco ve que tú le pides prestado pero vas a recibir de la Federación mil millones de pesos seguros para pagar deuda, pues te lo presta y si tú dices que también lo tienes seguro, pues no importa mucho la tasa. Esto es reincidir en la falta de control de estos instrumentos,” explicó Ricardo Corona.

 LAS REGULACIONES

Los dos expertos entrevistados por SinEmbargo, destacaron que para poner un freno a la deuda de estados y municipios, es necesaria una regulación homogénea que controle las condiciones del uso y abuso de la deuda pública en estados y municipios, pues la falta de una ley similar para todos es uno de los pirncipales factores que ha propiciado el endeudamiento. Asimismo la falta de transparencia y rendición de cuentas tanto de las entidades como de los organismos crediticios es lo que no permite detectar de raíz las causas por las cuales el endeudamiento es cada vez mayor.

El uso de la deuda es una concesión que tienen las entidades tanto estatales como municipales para conseguir y concretar la elaboración de proyectos grandes que requieren de inversión, por lo que Corona Real opinó que “la deuda no es que esté mal, el problema es el uso y las condiciones en las que se contrata”.

“Cada estado tiene las facultades específicas para regular la contratación de deuda pública, no hay una ley general ni una ley federal. Aunque haya una ley general de deuda pública, no tiene que ver con la contratación que tienen los estados por el tema de la soberanía. Esto permite que cada estado regule por su cuenta las condiciones de la contratación y uso de la deuda”, añadió.

Debido a que no se tienen controles para saber cómo se va a contratar ni hasta dónde, esto provoca que salgan focos rojos aislados, como han sido en el caso de los estados de Coahuila y Chihuahua.

Las tres cuartas partes de los ingresos que tanto estados y municipios reciben, provienen de la Federación. De estos recursos alrededor de un 80 por ciento están dirigidos al pago de deuda. Esto hace que la cantidad de recursos que reciben, ya estén comprometidos para el pago de la misma, lo que disminuye el alcance de su presupuesto anual, acortando su aplicación en obra pública y planeación. “Como las entidades tampoco producen recursos propios de manera eficaz, no se aprovechan las facultades locales para recaudar impuestos, entonces se necesita rellenar ese boquete que están teniendo las finanzas públicas, abusando de la deuda pública,” dijo Ricardo Corona.

Según la SHCP, el saldo de la deuda local al cierre de 2013 representó 2.6 veces más que el monto de 2007 o un incremento nominal de 158.91 por ciento durante la pasada administración.

Según el reporte de la dependencia, las cinco entidades más endeudadas en 2013 y que concentran 49.1 por ciento del saldo total son Distrito Federal, con 62 mil 962.5 millones de pesos, y Nuevo León, con 51 mil 911.9 millones de pesos. Le siguieron Chihuahua con 41 mil 768.2 millones de pesos, Veracruz con 40 mil 923.8 millones, y estado de México con 39 mil 622.3 millones de pesos. Como proporción del PIB por entidad federativa, las que registraron los niveles más altos al cierre de 2013 son Chihuahua con 9.0 por ciento, Quintana Roo con 7.5, Chiapas con 7.2, Coahuila con 6.8 y Nayarit con 6.1 por ciento.

En contraste, las cinco entidades con menor deuda al cierre del año pasado y que en conjunto representaron sólo 1.60 del saldo total son Tlaxcala, que no presenta endeudamiento, y Campeche con 998.5 millones de pesos. Les siguieron Querétaro con mil 767 millones de pesos, Yucatán con dos mil 478.9 millones, y Baja California Sur con dos mil 483.8 millones de pesos. En tanto, los estados con menor endeudamiento respecto a su PIB son Tlaxcala con un nulo porcentaje (0.0 por ciento), Campeche con 0.1 por ciento, Querétaro con 0.6, Tabasco con 1.0 por ciento y Yucatán con 1.1 por ciento.

De acuerdo con el IIPE, el saldo total de la deuda estatal es de 489 mil millones 643.4 mil pesos corrientes, lo que significa que con dicha cifra se puede cubrir casi 3 veces el costo estimado del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, que es de 169 mil millones de pesos. Asimismo, el 75 por ciento de la concentración de la deuda estatal recae en 10 entidades federativas y en las 22 entidades restantes tienen el 25 por ciento.

Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana dijo que otra razón por la cual la deuda ha crecido es porque los gobiernos estatales están dilatando las obligaciones financieras. “Lo que terminan haciendo es salirse de un esquema de finanzas públicas sanas y empezar a construir proyectos a través del financiamiento porque ellos ya no son responsables en el corto plazo de ese gasto.  Al contratar deuda la heredas a diez o veinte años, esto también evita responsabilidad inmediata.”

Hace dos años, el Senado de la República inició un proceso legislativo en este sentido y se aprobaron regulaciones sobre la transparencia de los créditos. El Director de Transparencia Mexicana dijo que estas “son disposiciones para que los estados le reporten a la Secretaría de Hacienda sus operaciones. Son asuntos de transparencia en el sector financiero y la parte de contratación de deuda son específicas para este tema”.

De acuerdo con el IIPE, dentro de las entidades federativas persisten las malas prácticas financieras y opacidad, a pesar de haber encontrado una mejoría con respecto al año anterior. “Para 2014 podemos decir que vamos por buena trayectoria, sin embargo queda mucho por hacer”, dijo Juan E. Pardinas, director general del IMCO. Los estados que se han caracterizado por mejorar la calidad de información presupuestal son Jalisco (96 por ciento), Puebla (96 por ciento), Colima (92 por ciento), Sonora (87 por ciento) y Tlaxcala (86 por ciento), mientras que su contraparte fueron los estados de Chiapas (50 por ciento), Quintana Roo (49 por ciento), Baja California (48 por ciento), Guanajuato y Michoacán (47 por ciento), quienes tuvieron una calificación reprobatoria.