Guatemala, 22 sep (EFE).- El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) consideró hoy que el proyecto de presupuesto de Guatemala para el año 2016, caracterizado por una “baja inversión social, pone en peligro derechos y calidad de vida de millones de personas”.
Por medio de una declaración pública divulgada a través de las redes sociales, Unicef manifestó “su preocupación” por la falta de recursos del Estado de Guatemala para cumplir con sus obligaciones básicas.
Según anunció el Ministerio de Finanzas Públicas a principios de este mes, el proyecto del Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado de Guatemala para 2016 es de 9 mil 406.4 millones de dólares, superior en un 2.4 por ciento al de este año fiscal.
Con base en esto, Unicef recordó que, según datos del Banco Mundial (BM), Guatemala tiene “los niveles más bajos del mundo” en gasto social, en relación con el Producto Interior Bruto (PIB).
Agregó que, según el proyecto de presupuesto presentado para el próximo ejercicio fiscal, se plantea “menos inversión social” que en 2015, lo que provocará un “notorio descenso” en áreas claves como la salud, el combate a la desnutrición o la prevención de la violencia.
De acuerdo con el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), la propuesta de presupuesto de 2016 otorga el 25.4 por ciento de los fondos públicos a los sectores de salud y educación.
Pero, por ejemplo, el área de salud sufrirá un recorte de 117 millones de quetzales (unos 15,6 millones de dólares) respecto a lo destinado en 2015.
“Esto pone en peligro la subsistencia de las familias más pobres y excluidas, siendo una violación a sus derechos fundamentales”, sostuvo el organismo de la ONU.
Por ello, propone como solución que el proyecto sea “ampliamente debatido” para ampliar la inversión social y pide que la discusión en la Comisión de Finanzas del Congreso sea “a puertas abiertas”.
El 75.3 por ciento del presupuesto guatemalteco (7 mil 085 millones de dólares) para el próximo año será financiado con los ingresos fiscales, el otro 20 por ciento se cubrirá con bonos del tesoro y préstamos, y el 4.7 por ciento restante con ingresos no tributarios y donaciones.
Según las primeras informaciones, el 64.4 por ciento se destinará a gastos de funcionamiento, 18.4 por ciento a inversión y 17.2 por ciento al pago de los servicios de la deuda pública.
