En México, un país sumido en una crisis, con más de 55 millones de pobres según los datos oficiales, y con un recorte al gasto de más de 239 mil millones de pesos para el próximo año, hay un selecto grupo de líderes y organizaciones sindicales que se sirven con cuchara grande de los recursos públicos sin rendirle cuentas a nadie. Analistas entrevistados por SinEmbargo coinciden en que no sólo deben transparentar las aportaciones del erario, sino las de las cuotas de los trabajadores.

Ciudad de México, 23 de septiembre (SinEmbargo).– En México, los sindicatos que reciben dinero público se sirven del poder de una manera burda y clientelar, mientras los sindicalizados pagan miles de millones en cuotas administrados por sus líderes en total opacidad, coincidieron expertos en sindicalismo, economía y sociólogos entrevistados por SinEmbargo.

Esa situación le permitió a la ex lideresa magisterial Elba Esther Gordillo Morales triangular el dinero de los profesores afiliados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en la empresa Servicios Financieros DC –la cual además recibió un perdón millonario del Servicio de Administración Tributaria (SAT) de más de 66 millones de pesos en 2015, de acuerdo con la Unidad de Datos de este medio digital– y enriquecerse no sólo con ese recurso sino con el dinero del erario.

Lo peor, afirman, es que en en un país con más de 55 millones de pobres, sumido en una crisis económica y social, y que ha tenido que recurrir a constantes recortes millonarios en su gasto publico, incluido el de 2017, el derroche del Gobierno federal en los sindicatos a través del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), la Lotería Nacional (Lotenal), la Secretaría de Educación Pública (SEP) y Petróleos Mexicanos (Pemex), se da en total opacidad.

Aunque ya existe la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública que hace sujetos obligados a los sindicatos de estas entidades, hasta el momento ninguno ha cumplido, expuso Enrique de la Garza Toledo, profesor Distinguido de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) adscrito al Departamento de Economía, Unidad Iztapalapa.

“Están obligados a transparentar el dinero que les da el Gobierno pero no sus propias cuotas, y eso no es suficiente. Además ya se han presentado amparos para eludir la transparencia. Hasta el momento no hay ningún caso que haya transparentado esa información”, explicó el economista.

La Ley, añadió, no establece sanciones para el líder sindical que incumpla con la transparencia y la pelea por conocer el monto y en qué se gastan los sindicatos el dinero, al menos del erario, continúa.

“La información que hay es muy parcial. No hay datos para hacer una estimación global de cuánto dinero se les da a los sindicatos. Aquí hay dos que están en contubernio: los líderes sindicales y los funcionarios. El dinero que el Gobierno federal otorga es para beneficio burdo de los propios líderes que se han vuelto millonarios y como mecanismos de clientela para dosificar a quienes se les da beneficios. Siempre ha sido un mecanismo político y enriquecimiento de los propios líderes que manejan de forma discrecional ese recurso y no rindes cuentas a nadie”, precisó De la Garza Toledo.

En abril de este año, la periodista Linaloe R. Flores publicó en SinEmbargo una investigación basada en solicitudes de información de transparencia, donde se consigna que sólo de 2010 a 2014 los sindicatos del IMSS, de la Lotenal, del ISSSTE, de los maestros y de los petroleros reunieron en sus arcas más de 2 mil 500 millones de pesos, monto del que nadie sabe dónde quedó.

Lo único que se conoce, y que se ha publicado en medios de comunicación de México y el extranjero, es la vida de lujos que presumen a la vista de todos dirigentes como Carlos Romero Deschamps, líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), y los miembros de su familia, o la fortuna que amasó Gordillo Morales, hoy presa por evasión fiscal y lavado de dinero. Una evasora a la que, encima, se le perdonan sumas millonarias por el incumplimiento ante el SAT.

“’La Maestra’ tenía una caja grande, no una caja chica, y la usaba de forma discrecional para comprar conciencias, sus residencias y tener empresas”, recordó Enrique de la Garza.

Pero no sólo Deschamps y Gordillo enarbolan la lista de los líderes sindicales con escándalos públicos y bien documentados. En marzo de este año, 3 mil ferrocarrileros jubilados se ampararon en contra de la cuota de 80 pesos mensuales que paga cada uno al Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana (STFRM) –que encabeza Víctor Flores Morales– por considerarla ilegal y sin ningún beneficio para ellos.

Sobre este líder sindical pesan unas 14 mil denuncias ante la Procuraduría General de la República (PGR) por desfalcos y fraudes–que suman unos 700 millones de pesos–, como el saqueo del fideicomiso para la jubilación, la venta ficticia de casas del Infonavit en Azcapotzalco [en la Ciudad de México] y Tlalnepantla [en el Estado de México] en 2001, y el fraude a pensionados de Empalme, Sonora, en 2006.

NULA RENDICIÓN DE CUENTAS

De acuerdo con datos de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) en México existen más de 3 mil sindicatos registrados, incluidas las federaciones.

Aunque los sindicatos son muchos, la afiliación a las organizaciones gremiales en las últimas tres décadas ha caído casi el 80 por ciento de acuerdo con el Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal). Sin embargo, aunque parecen casi obsoletos, siguen siendo importantes para el Gobierno, aún las centrales que pertenecen al Congreso del Trabajo, como la Confederación de Trabajadores de México (CTM), la Confederación Regional Obrero Mexicana (CROM), la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) y la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE).

David Foust Rodríguez, sociólogo investigador del Centro de Reflexión y Acción Laboral, resaltó la importancia de que los sindicatos y centrales obreras abran sus cuentas a los sindicalizados y a los mexicanos. Esto es: transparentar cuotas y dinero público.

“Los sindicatos son opacos y los montos que manejan son millonarios. No sólo los públicos como el de Pemex, hay privados que son manejados por centrales charras que manejan cantidades millonadas en cuotas oficiales y extraoficiales. Hay un avance que vayamos caminando hacia la transparencia de los recursos públicos, pero los de las empresas privadas también, porque la figura del sindicato es en sí misma, de interés público e instrumento colectivo de derecho, por eso deben permitir que los miembros de su sindicato soliciten esa infamación”, dijo.

El sociólogo lamentó que en México los sindicatos sean negocios con “tintes mafiosos” que recaudan cuotas millonarias, sin rendirle cuentas a nadie, le sirvan al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y se sirvan del poder para mantener su posición como “seudolíderes”.

“Nos interesa saber los montos y cómo lo administran. Se supone que los estatutos de los sindicatos deberían proveer mecanismos para que los miembros pudieran conocer esa infamación. No es un asunto de previsión legal, es decir, aún si estuviera bien diseñada la ley, no es legal, es fundamentalmente un asunto político. El problema de fondo es cómo desmontar el sistema de contratos colectivos de representación patronal y la usurpación de la representación sindical. Los estatutos pueden prever que cualquier miembro pueda pedir cuentas, pero todos sabemos que si alguien llega y pide esos datos, al otro día amenace o despedido, o con un balazo”, dijo.

Ernesto Gómez Magaña, director ejecutivo de Participación Ciudadana, recordó que la Ley Federal de Transparencia sólo obliga a los sindicatos a rendir cuentas sobre los recursos públicos, pero reconoció que sería importante que se pudiera conocer el destino de las cuotas.

El experto en transparencia dijo que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) se encuentra en una primera etapa, atendiendo las obligaciones de los gobiernos.

“Luego se irán revisando otros casos como los sindicatos que están en otro paquete, digamos. El INAI ahorita está preocupado por solucionar las prioridades”, explicó.

NO HAY SANCIONES PARA LOS INCUMPLIDOS

Saúl Escobar Toledo, investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia, consideró que el manejo de recursos públicos de los sindicatos es un problema que tiene décadas y que no se resolverá en un corto plazo.

Hoy, los líderes sindicales continúan siendo una imposición de los Gobiernos –federal y estatal– y no una elección por la base de los sindicalizados, anotó.

“La Ley de transparencia casi se hizo como una recomendación, pero no como una exigencia. No hay agentes vinculantes con este asunto: si un líder desobedece no le pasa nada. A Elba Esther Gordillo no la pueden acusar de robarse las cuotas, porque no hay figura que castigue este delito. En México hay una completa impunidad para los líderes sindicales, no se contempla un castigo en la Ley; lo único es una muy tibia recomendación en la Ley Federal del Trabajo”, expuso.

Escobar Toledo dijo que los líderes opacos, deberían tener una sanción. Ser destituidos y abrírseles una investigación que lleve a conocer el manejo de los recursos públicos, pero también del dinero de los trabajadores.